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En los últimos años, los asentamientos de la comunidad indígena en Bogotá han sido un tema de debate nacional. Las reuniones, acuerdos, confrontaciones con fuerza pública, daño a
En los últimos años, los asentamientos de la comunidad indígena en Bogotá han sido un tema de debate nacional. Las reuniones, acuerdos, confrontaciones con fuerza pública, daño a la paternidad, violación de los derechos humanos y varios hechos significaban este viaje de Emberá, lo que los llevó a viajar a la ciudad y al país en busca de respuestas a la crisis que enfrentan en lugares de origen: Chocó y Risaralda.
Como parte del cumplimiento de los contratos adquiridos por las autoridades locales y nacionales en la comunidad nativa de Embeberá, la unidad de las víctimas dirigió la reunión de portavoces en la capital de Colombia, y la familia de liderazgo tradicional necesita regresar a sus territorios en los próximos meses.
Según la entidad que presentó esta reunión a través de la declaración oficial, las autoridades de Emberá recurrieron a un retorno de una oferta económica y social integral, lo que trae los beneficios de toda la comunidad y garantiza el desarrollo sostenible de sus proyectos de vida a lo largo del tiempo.
El día, entidades como la Oficina del Alcalde de Bogotá, la Oficina del Alcalde de Bagadó (Chocó), la Oficina del Alcalde de Pueblo Rico (Risaralda), Sena, el Ministerio de Transporte, ICBF y el Departamento del Buen Departamento Social, entre otros, que han aceptado la salud, la educación, los hogares y la mejora.
Entre las obligaciones acordadas incluyen la adaptación de los hogares, la conexión con el sistema de salud, una oferta educativa para niños y adolescentes y mejora de las carreteras en áreas críticas como el alto y el argumento.
Uno de los contratos clave es actualizar la lista de personas con la intención de regresar, que se proporcionará a las entidades del sistema nacional de atención integral y reparación de víctimas (SNARIV) a nivel territorial.
Cuando las familias lleguen a sus territorios, los gobernadores de Risaralda y Chocó y las autoridades locales serán responsables de prestar atención a sus necesidades básicas, así como a expresar una oferta institucional disponible para garantizar sus derechos.
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