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La Red Defensa Ciudadana decidió acudir a la justicia con una acción de tutela contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, argumentando que el alto
La Red Defensa Ciudadana decidió acudir a la justicia con una acción de tutela contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, argumentando que el alto funcionario habría ignorado durante más de 40 días un derecho de petición presentado por esta misma organización.
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El recurso, radicado ante un juez constitucional, exige que se garantice el derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado al no recibir respuesta formal ni de fondo a las inquietudes enviadas a Palma. Entre ellas, la veeduría pedía información detallada sobre la empresa prestadora del servicio de energía Air-e, así como las razones por las que el ministro no se ha declarado impedido para participar en decisiones relacionadas con esa compañía.
La solicitud original también indagaba por el trámite de una recusación formal contra el ministro y pedía que se entregaran datos públicos sobre contratos y actuaciones realizadas durante su tiempo como agente interventor de Air-e, cargo que ocupó antes de asumir la jefatura de la cartera de Minas y Energía.
Edwin Palma se encuentra al frente de la empresa en estos momentos. Foto:Air-e
Para la Red Defensa Ciudadana, el caso reviste especial gravedad debido a que Palma, como interventor de Air-e, habría tomado decisiones estratégicas que hoy podrían generar un conflicto de intereses en su rol de ministro. «No entendemos por qué no ha manifestado un impedimento, siendo que su actuación anterior y su cargo actual pueden cruzarse en asuntos regulatorios y contractuales», explicó un vocero de la organización.
En el derecho de petición se solicitaba, además, que el ministro informara de manera clara por qué no ha suspendido su intervención en temas que comprometen a la compañía y si ha evaluado el impacto que su pasado vínculo con Air-e podría tener en las determinaciones de la cartera.
El documento interpuesto ante el juez pide, como primera orden, que Palma responda de forma inmediata sobre la recusación presentada en su contra el pasado 18 de junio de 2025, antes de abordar cualquier otro punto de la solicitud.
Tutela contra el ministro de Minas. Foto:Cortesía
En el texto de la acción judicial, la veeduría solicita que se “tutele el derecho fundamental de petición, vulnerado por el ministro de Minas y Energía, señor Edwin Palma Egea, al omitir brindar una respuesta oportuna y de fondo a la solicitud presentada”.
También se pide que el despacho judicial ordene al ministro pronunciarse primero sobre la recusación, ya que este punto es considerado clave para determinar si puede o no participar en decisiones relacionadas con Air-e mientras se resuelve el trámite.
La Red Defensa Ciudadana argumenta que el silencio del ministro no solo afecta su derecho fundamental, sino que retrasa el acceso a información pública relevante para la ciudadanía, especialmente en un contexto de alta sensibilidad por el servicio de energía en la región Caribe.
Air-e. Foto:Vanexa Romero/
Air-e Intervenida es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Su gestión ha estado bajo la lupa de comunidades, veedurías y líderes políticos debido a quejas por calidad del servicio, costos y planes de inversión.
El hecho de que el actual ministro haya ejercido funciones de interventor en esa misma compañía ha despertado cuestionamientos sobre su capacidad de actuar con imparcialidad. Aunque la ley contempla mecanismos como la declaración de impedimento y la recusación para estos casos, hasta ahora no se ha conocido una respuesta oficial de Palma frente a las solicitudes de la veeduría.
El caso podría escalar en las próximas semanas si el juez que conoce la tutela decide fallar a favor de la Red Defensa Ciudadana, lo que obligaría al ministro a responder y, eventualmente, a apartarse de decisiones relacionadas con Air-e mientras se evalúa el conflicto de intereses.
