La Oficina del Ministro de Justicia ha presentado un informe a la Corte Suprema respecto a presuntas irregularidades que involucran al Instituto Nacional de Carreteras (Invias), donde hasta 28 parlamentarios podrían estar implicados. De acuerdo con un informe de Infobae, este escándalo podría ser aún más impactante que el caso de la Unidad Nacional para el Manejo de Desastres (UNGRD), lo que ha generado una gran preocupación en el ámbito político y social.

Según el FM, la solicitud para investigar este asunto fue formulada por Maria Cristina Patiño, quien es fiscal ante la Corte Suprema y coordina un grupo de proyectos especiales que se encargan de perseguir la corrupción a nivel nacional en los casos relacionados con la UNGRD. Se ha hecho llegar una copia de esta solicitud al Tribunal de Justicia, presidido por César Reyes, quien es el juez asignado a este caso y se encargará de realizar las consultas preliminares necesarias para determinar la validez de las acusaciones.

Uno de los testimonios más relevantes en este caso proviene de Maria Alejandra Benavides, quien ocupó el cargo de Exssora y anteriormente fue ministra de finanzas bajo la gestión de Ricardo Bonilla. Durante su declaración ante las autoridades, Benavides identificó a varios parlamentarios de distintos partidos políticos. Según la información proporcionada por el FM, entre los mencionados se encuentran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Peinado, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castilan Aristizábal González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Noustor Leonardo Rico y Willmer Yesid Guerrero.

Asimismo, se ha reportado que algunos senadores han sido nombrados en el caso, como Juan Diego Echavarra, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bits y Karina Espinosa. La Corte Suprema ahora debe deliberar si existe suficiente evidencia para abrir una investigación formal en contra de estos parlamentarios, un proceso que podría tener importantes repercusiones políticas.

Posible testimonio clave y negociaciones con la oficina del fiscal

Según reportes de Blu Radio, Benavides se encuentra en discusiones con la Oficina del Fiscal para alcanzar un acuerdo en el que podría buscar un veredicto favorable a cambio de su cooperación en el caso. Se ha especulado que esta podría aceptar cargos menores a cambio de convertirse en un testigo clave, lo que podría cambiar el rumbo del caso completamente.

De confirmarse las acusaciones, el impacto político de este escándalo podría ser considerable, dado el alto número de parlamentarios implicados. Blu Radio también ha indicado que la Oficina del Fiscal, mediante el grupo de proyectos especiales, ha centrado sus esfuerzos en desmantelar redes de corrupción en las organizaciones públicas, y el desenlace de este caso dependerá de la evidencia que lográn reunir y de las decisiones que tome la Corte Suprema.

Reacciones de los parlamentarios involucrados

Algunos de los parlamentarios mencionados han reaccionado ante la noticia de su implicación en este escándalo, negando cualquier relación con los supuestos delitos. Por ejemplo, Katherine Miranda manifestó que no tiene «ninguna conexión con ningún trabajo, ni me he reunido con funcionarios para gestionar recursos. No he visitado municipios ni interactuado con alcaldes por motivos políticos». Además, afirmó que su inclusión en la lista se debe a «intereses políticos ajenos a la verdad, lo que busca desinformar y perjudicar mi imagen.»

Por su parte, Elkin Ospina afirmó que su trabajo en el Parlamento ha sido «transparente y alineado con la ley», asegurando que su enfoque ha estado siempre en promover proyectos en beneficio de Antioquia y Oriente Antioquia, dentro del marco legal. También resaltó su disposición a someterse a la justicia para aclarar todas las acusaciones en su contra.

En conclusión, la Corte Suprema tiene ahora la tarea crucial de decidir los pasos a seguir en este proceso judicial y determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una investigación formal contra los parlamentarios mencionados, un asunto que podría redefinir el panorama político en Colombia.