Buenaventura, un puerto caribeño de Colombia, se encuentra atrapado en un ciclo de agitación y caos que refleja un crudo ambiente de descontento. Este bullicio proviene, sobre todo, de la grave situación del orden público, un problema que ha persistido a lo largo de décadas. La ciudad es un punto caliente para bandas como los «Shottas» y «Spartanos,» que operan en el centro y están alineadas con múltiples grupos criminales y narcotraficantes, como los infames carteles mexicanos de «Sinaloa» y «Jalisco Nueva Generación».

Además de la violencia, la salud pública en Buenaventura enfrenta una crítica crisis. La escasez de agua potable es un problema perpetuo que obliga a los residentes a recolectar el líquido cada dos o tres días, un situación inaceptable que ha llevado a la comunidad a expresar su frustración. En 2017, los ciudadanos organizaron un cacerolazo para llamar la atención del gobierno, ya que se sentían desamparados y olvidados.

El sistema de salud, bajo el manto del Hospital Luis Ablanque de la Plata, que se encuentra sumido en dificultades financieras, es otro reflejo del caos. Históricamente, el hospital ha lidiado con impagos recurrentes; hace 26 años, el personal médico no recibió salarios durante meses. En mayo de 1999, llegamos a tener 11 meses de retraso en los pagos. Aunque el hospital fue liquidado en 2013 y reabierto cuatro años después, la situación sigue siendo precaria.

En diciembre de 2022, la crisis culminó de nuevo, resultando en la intervención de la Superintendencia de Salud, quien señaló problemas en la administración financiera y problemas con las cuentas por cobrar. Carlos Magno Guerrero, un especialista en hospitales, subrayó que entre febrero y marzo de este año, el personal aún carece de su remuneración.

El área pediátrica del Hospital Buenos Aires ha declarado que solo atienden situaciones de emergencia, un hecho que pone en luz la falta de recursos del hospital. Los temores sobre la salud pública son muy reales y el gobierno nacional está bajo presión para tomar acciones decisivas.

El valle no deja la crisis

La angustia no se limita a Buenaventura, ya que el Valle del Cauca en su totalidad se enfrenta a una crisis creciente en sus hospitales públicos y clínicas. El Hospital Universitario del Valle (HUV), por ejemplo, ha estado sobrepasado, recibiendo hasta 20 ambulancias diarias con pacientes que podrían ser atendidos en instalaciones de menor complejidad.

No es sorprendente que varias clínicas en la región hayan tenido que cerrar sus servicios, como el departamento de obstetricia de la Clínica Farallones en Cali y los cuidados neonatales de la Clínica Palmyra en marzo. La situación es alarmante.

El icónico Hospital San Juan de Dios, que opera desde hace 272 años y es el más antiguo de Cali, también enfrenta desafíos similares y ahora opera al 120% de su capacidad.

Ante esta crisis crítica, el gobernador Dilian Francisca Toro ha propuesto una solución que incluye la intervención del Superintendente de Salud para regular de forma más eficaz los pagos de los hospitales y clínicas a través de una red de servicios integrada. La incesante deuda de las EPS con las instituciones de salud asciende a $2 mil millones, lo que contribuye a la inestabilidad del sistema.

«El pago promedio que estos centros reciben es solo del 60 % o menos, siendo que hospitales en lugares como Tuluá apenas reciben un 43 %. Este modelo de pago fraccionado ha agravado aún más la situación. Los hospitales no pueden sobrevivir bajo estas condiciones», afirmó el presidente.

A día de hoy, la intervención se ha extendido a ocho de las EPS en la región, aunque el futuro se ve incierto.

Meses atrás, la Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, había advertido sobre la necesidad urgente de atención a servicios esenciales, especialmente en áreas de maternidad y pediatría, que requieren atención constante y especializada.

Carolina Boorquez

Corresponsal de

Todo

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