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La Oficina Distrital de Personal de Medellín anunció la tarde del 15 de octubre que presentó denuncia contra el extitular de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y actual
La Oficina Distrital de Personal de Medellín anunció la tarde del 15 de octubre que presentó denuncia contra el extitular de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y actual presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, por presuntas irregularidades en el contrato de supervisión privada de EPM en 2023, por un valor de más de 70.000 millones de pesos.
La investigación que se adelanta actualmente en el organismo contralor de la capital antioqueña contra un polémico directivo, contra quien fue demandado ante el Consejo de Estado a mediados de este año por presuntas irregularidades en el nombramiento al frente del ISA, se refiere al proceso de contratación firmado en 2023 en EPM.
La decisión se emitió como parte de un proceso administrativo de control y amonestación disciplinaria en el que la Defensoría del Pueblo habría detectado irregularidades en el contrato CRW251772.
El objeto de este contrato era “Proporcionar
servicios de vigilancia y seguridad privada para el Grupo EPM” y fue suscrito por un valor de USD 73.744.761.926.
Según explicó la delegada municipal Yenny Serna, las supuestas irregularidades que impuso al entonces gerente consistieron en la incorrecta selección del contratista.
De la información proporcionada por la entidad controladora se desprende que Suportuno Servicio Ltda ha sido admitido a proceso. Como se ha indicado, esta empresa incumplió dos veces durante el procedimiento uno de los requisitos para poder participar en el procedimiento de adjudicación del contrato.
Según la Fiscalía de la Persona de Medellín, Carrillo Cardoso tenía conocimiento de dicha violación. De hecho, el ente fiscalizador indicó que los requisitos de calificación no cumplidos por la empresa fueron finalmente corregidos por funcionarios de las empresas públicas de Medellín.
En la demanda pendiente contra el actual presidente de ISA y exgerente de EPM, se le acusa de haber incurrido en conductas de interés injustificado en la ejecución de contratos, lo que a su vez constituiría un delito gravísimo de estafa, es decir doloso.
El expediente disciplinario será remitido al área de Decisiones Disciplinarias para que se complete toda la fase de adjudicación, respetando el debido proceso. Una vez terminado
En esta etapa, el funcionario decidirá si procede la absolución o las sanciones.
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