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El suroeste antioqueño se encuentra en medio de un debate clave sobre el futuro de su territorio. En esta subregión, tanto el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón,
El suroeste antioqueño se encuentra en medio de un debate clave sobre el futuro de su territorio.
En esta subregión, tanto el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como algunas organizaciones cívicas de Jericó expresaron su profundo Preocupación y oposición a la forma en que el Gobierno Nacional está implementando las Áreas de Protección de la Producción de Alimentos (APPA)número creado para garantizar la disponibilidad de tierras agrícolas y la seguridad alimentaria en Colombia.
Las comunidades temen que la declaración, anunciada oficialmente en municipios vecinos como Concordia, Fredonia y Venecia, se imponga sin tener en cuenta las especificidades locales y afecte a la capacidad de los residentes para decidir sobre su propio desarrollo.
fredonia, antioquia Foto:Ayuntamiento de Fredonia
Por lo anterior, se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para derogar el art. 32 de la Ley N° 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo (DPND) 2022-2026 de Colombia.
La presentación de esta iniciativa legislativa se basa en que el citado art. «viola principios constitucionales fundamentales como la autonomía territorial, la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad».
El principal problema que pretende resolver el proyecto de ley es la supuesta privación de competencias a los municipios y poviats en el ámbito de la regulación de la ordenación y el desarrollo del territorio.
APPA en Antioquia Foto:MinAgricultura
Según sus impulsores, al imponer jerarquía obligatoria y restricciones a nivel nacional, especialmente en el ámbito de la figura de Áreas de Protección de la Producción de Alimentos (APPA), la ley centraliza la planificación y subordina las prioridades locales a las decisiones del gobierno central, limitando las posibilidades de los Consejos Municipales y Comarcales de regular el uso del suelo de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.
Esto, argumentan los partidarios “Rompe el equilibrio de la descentralización, genera conflictos competitivos y conduce a una asignación ineficiente de recursos. ignorando la diversidad regional y la especificidad de cada territorio”.
Derogación del art. 32 El PND tiene como objetivo preservar los derechos de los municipios a definir el uso del suelo, proteger la propiedad privada y la libertad económica frente a las restricciones impuestas por la APPA y garantizar la participación ciudadana efectiva en la planificación territorial.
Presentar un proyecto contra APPA Foto:Cortesía
John Jairo Henao Hernández, en representación del movimiento Jericós con Visión, afirmó que el desarrollo territorial debe lograrse en armonía con todos los sectores productivos y conociendo las dinámicas específicas de cada región.
Afirmó que el principal problema es que el número En su concepto, la APPA impone restricciones consideradas desproporcionadas con respecto a las actividades productivas y turísticas.
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Además, señaló que esta solución debilita la autonomía de Jericó para decidir sobre su futuro, la cual ya había sido definida por el concejo municipal en el Plan de Ordenamiento Territorial (PET) de largo plazo del año anterior, perdiendo toda su base jurídica con la nueva declaratoria.
“Estamos convencidos de que la seguridad alimentaria y la protección ambiental no se pueden construir desde el escritorio en Bogotá, es decir, desde la reforma agraria administrativa, sin el conocimiento vivo y cotidiano de quienes viven y trabajan en estas tierras”, afirmó Henao.
Por otra parte, el Superintendente de Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales de Jericó se sumó al llamado de alarma, expresando «profunda preocupación» por la intención de promulgar la APPA en gran parte de la jurisdicción del municipio.
APPA en Antioquia Foto:MinAgricultura
Las principales preguntas del Centro de Supervisión se centran en la falta de «participación comunitaria real» y la falta de “una base técnica sólida para garantizar que esta medida realmente beneficie a los campesinos y a las vocaciones productivas locales”.
Veeduría, al igual que Jericoanos con Visión, formó parte de la delegación del suroeste antioqueño que participó en el envío del proyecto de ley al Congreso, donde grupos ciudadanos, organismos reguladores, organizaciones cívicas y congresistas expresaron su oposición a la resolución que, según dijeron, «ataca la planificación territorial».
Un área de preocupación para la comunidad es la información de investigaciones técnicas que apuntan a esto. «Más del 70% de las áreas que se designarán como APPA no son aptas para fines agrícolas».
Marta Carvajalino Foto:Archivo EL TIEMPO
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó que las declaraciones de la APPA no restringen ninguna actividad agrícola, sino que contienen principios para la protección del suelo rural cuyo potencial y destino es la producción de alimentos.
«Es el municipio, que tiene el poder constitucional de regular el uso del suelo, el que determinará sobre esta base los usos del suelo permitidos, compatibles y prohibidos», afirmó el responsable del ministerio.
Y agregó: «Es importante recordar que para tener seguridad del alimento se deben sembrar en suelos con condiciones aerológicas adecuadas».
Venezuela libera a 18 colombianos Foto:
