Exalcalde de la Jagua del Pilar fue condenado por hacer trampa en el registro de tarjetas
abril 27, 2025
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El segundo tribunal de la región de Villanueva, en La Guajira, ha emitido una sentencia de primera instancia en relación a José Amiro Morón Núñez, a quien se
El segundo tribunal de la región de Villanueva, en La Guajira, ha emitido una sentencia de primera instancia en relación a José Amiro Morón Núñez, a quien se ha considerado culpable de incurrir en delitos de fraude en subtítulos de tarjetas durante las elecciones de La Jagua del Pilar en 2015, un evento en el cual Morón fue elegido por primera vez como alcalde de la municipalidad.
El juez actuante, Cristian Camilo López Pontón, ha impuesto a Morón Núñez una penalización principal de 100 meses en prisión, dictando incluso una orden de captura inmediata, lo cual demuestra la gravedad de los cargos presentados. Sin embargo, el magistrado determinó otorgar a «Machor Morón», como es conocido popularmente, el beneficio de la prisión domiciliaria, estableciendo que no se debía alterar su estado de salud. Este exfuncionario deberá contar con un mecanismo de supervisión electrónica y también está obligado a pagar una fianza equivalente a diez salarios mínimos mensuales actuales.
El juez mostró particular preocupación por la situación en esta comuna ubicada al sur de La Guajira, dentro de los límites del departamento de detener, puesto que actualmente se llevaban a cabo procesos electorales inusuales tras la reciente declaración del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de las elecciones de José Amiro Morón Núñez para el periodo 2024-2027 en La Jagua del Pilar.
En su fallo, el juez enfatizó en la posibilidad de que Morón continúe cometiendo actos ilícitos en el contexto de esta inusual contienda electoral, haciendo eco de los antecedentes delictivos que rodean su carrera política.
Además de la condena principal, se impusieron sanciones accesorias que incluyen la descalificación de sus derechos públicos y de función por un período equivalente a la pena principal impuesta. Se hizo hincapié también en que se recogieron evidencias que demostraron que Morón Núñez había estado involucrado en delitos de conspiración para cometer crímenes, corrupción en sufragantes y fraudes electorales.
José Amiro Morón Núñez, ex alcalde de La Jagua del Pilar. Foto: Cortesía
Sobre los hechos que llevaron a sus creencias
La fiscalía de la nación presentó múltiples acusaciones en contra de Morón Núñez, quien durante el tiempo de los hechos era la secretaria del Tesoro de La Jagua del Pilar. Se le ha vinculado con una organización criminal que se dedicaba a injerencias sobre contratistas y a alterar los mecanismos de participación democrática.
Dicha estructura ilegal, compuesta por funcionarios públicos y particulares, realizó una serie de maniobras sistemáticas para garantizar que Morón fuese elegido alcalde para el período 2016-2019. Se documentaron tácticas como el registro fraudulento de ciudadanos que no residían en la localidad y la entrega de incentivos económicos a votantes.
De acuerdo con la evidencia presentada durante el juicio, entre 2014 y 2015, la organización criminal orquestó el traslado de jóvenes desde Valledupar, Villanueva y Urumity hacia La Jagua del Pilar.
A pesar de no residir en la comuna, estos individuos estaban dispuestos a solicitar su tarjeta cívica a cambio de una compensación monetaria, promesas de becas o incluso ofertas de trabajo. Las sumas ofrecidas por cada registro y voto variaban entre 100,000 y 200,000 pesos.
Los testimonios de varias víctimas y testigos protegidos corroboraron que las transferencias se realizaron mediante autobuses facilitados por la organización, evidenciando un despliegue de movilización masiva el día de las elecciones.
El proceso judicial en contra de Morón Núñez ha durado varios años, marcado por numerosos recursos y disputas sobre la jurisdicción. No obstante, el tribunal evaluó la abrumadora evidencia que confirmaba su implicación activa en los eventos irregulares denunciados.
Durante los procedimientos orales, la Fiscalía presentó testimonios de ciudadanos que habían sido reclutados para registrar su identidad y votar por Morón, aportando un casuística irrefutable de su culpabilidad.
Testimonios como el de Ottooniel Pinto Lago, quien era concejal en ese momento, fueron cruciales para la resolución del caso. Pinto demostró cómo fue testigo de la movilización masiva de personas de municipios adyacentes, quienes fueron registrados injustamente como votantes en La Jagua del Pilar, muchos de ellos sin tener una relación territorial legítima.
Asimismo, denunció actos de coerción hacia contratistas, quienes se vieron obligados a respaldar la campaña de Morón y los candidatos a concejales, bajo la amenaza de perder contratos de obras públicas. En vista de la gravedad de las acciones, colaboró con el concejal Wilmar Arment y el abogado Iván Francisco Martínez para formalizar sus quejas ante la fiscalía.
De igual forma, Wilmar Arment, quien también se desempeñaba como concejal, respaldó las denuncias ante las autoridades, ratificando que las operaciones de fraude electoral estaban respaldadas por recursos logísticos proporcionados por la administración municipal.
Plaza central del la Jagua del Pilar. Foto: Cortesía
La defensa de Morón Núñez intentó argumentar sobre la prescripción de algunas de las obligaciones y solicitó la absolución de su cliente, alegando que carecía de pruebas contundentes. También sostuvo que varios testigos eran opositores políticos que tenían intenciones de perjudicarlo.
No obstante, el tribunal desestimó estas alegaciones, sosteniendo que la sentencia solo influía en los delitos relacionados con la conspiración para cometer crímenes, así como la corrupción electoral, pero no abarcaba el fraude en el registro de votantes, cuyas diligencias penales se extenderán hasta 2028.
Como resultado, el juez decidió condenar a José Amiro Morón Núñez únicamente por el delito de fraude en el registro de la tarjeta durante un proceso electoral homogéneo, a pesar del contexto de mayores penas, negando responsabilidad penal en otros delitos acusados.
El veredicto subrayó que Morón actuó de manera deliberada, traicionando la confianza pública y poniendo en riesgo los fundamentos democráticos esenciales.