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Se desató una tensa disputa entre la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, que derivó en recaudando el
Se desató una tensa disputa entre la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, que derivó en recaudando el 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un valor de $1,500 millones de pesos.
La tarifa que la DIAN pretende cobrar desde Las importaciones de combustibles realizadas por Reficar en 2022-2024 pasan al ámbito judicial y generó alarma por posibles impactos en la oferta y la economía nacional.
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Una acusación controvertida
Refinería de Cartagena (Reficar) Foto:Eco-gasolina
El meollo de la disputa es la interpretación de la legislación tributaria sobre las importaciones de combustibles por parte de Reficar, que opera bajo el sistema de zonas francas.
Según el equipo jurídico de la Refinería, la DIAN interpretaría la norma correspondiente en materia de cobranza de deudas, lo cual sería incorrecto porque Ecopetrol y Reficar no emitieron facturas y no cobraron dicho IVA, y una proporción importante de los combustibles que se consumen en el país (40% gasolina y 10% diésel) se importan bajo este régimen a través de Reficar.
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Árbitros Foto:Eco-gasolina
La posibilidad de que la DIAN utilice medidas coercitivas, como el embargo definitivo de las cuentas de las refinerías, ha generado gran preocupación. Aunque la DIAN inicialmente no consideró una decisión de embargo, se dispararon las alertas.
La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, advirtió que este tipo de acciones Esto podría paralizar a la empresa y provocar una escasez de combustible en la costa caribeña.
En un comunicado, la USO señaló que debido a la incautación de cuentas, entre otros, Reficar sólo podía funcionar de 7 a 18 días, sin recorrer unas 200.000 millas. barriles por día, lo que resultaría en un impacto mensual negativo a su Ebitda de aproximadamente $23 millones en pérdidas.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, rechaza firmemente la acción unilateral de la DIAN y pide un acuerdo entre ambas entidades del Gobierno Nacional. Turbay advirtió sobre una posible crisis energética, laboral y social en la región del Caribe. lo advirtió El embargo amenazaría 2.500 puestos de trabajo y afectaría 116.000 millones de dólares en impuestos que Reficar aportó al distrito en 2024.
La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio también expresó su preocupación por los distribuidores minoristas, señalando que cualquier dificultad con Reficar afectaría la distribución de combustible en todo el país.
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Árbitros Foto:
En relación con el proceso del 5 de noviembre de este año. Refinería de Cartagena interpuso demanda de amparo contra la DIAN ante el Juez de lo Contencioso Administrativo de Cartagena
El representante de Reficar, Alejandro Linares Cantillo, afirma que las acciones de la DIAN violan los derechos fundamentales de la Refinería.
En particular se observa que La DIAN violó el derecho a las garantías judiciales, desconoció la estructura jurídica del impuesto, cambió elementos importantes del impuesto y usurpó facultades del Poder Legislativo. mediante la determinación de la base imponible, la cual es responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía (MME).
También se alega violación del derecho a la igualdad de la Refinería.
La tutela interpuesta por Linares Cantillo se fundamenta en una supuesta violación Algunas leyes básicas de refinería:
– Derecho a las garantías judiciales: Reficar sostiene que la DIAN violó este derecho al desconocer el marco legal aplicable al impuesto y notificar la Resolución DIAN N° 12812 de 2025 del 4 de noviembre, que inicia el proceso de recuperación forzosa. Un embargo inmediato, sin una sentencia judicial sustancial, se interpretaría como una violación del debido proceso.
– Derecho a la igualdad: sostiene que el gravamen es inadecuado porque Reficar, como zona franca, está sujeta a un régimen especial que la exime del IVA sobre las importaciones de combustibles al Área Aduanera Nacional (TAN). Se afirma que la DIAN interpretó la norma ignorando esta condición particular.
– Libertad de establecimiento y existencia legal: La medida de recuperación obligatoria y el riesgo de embargo pondrían en peligro la estabilidad financiera y el funcionamiento continuo de la refinería.
Riesgo de crisis en la producción: uno de los principales argumentos de defensa es la existencia de un «daño irreparable» que va más allá de la corporación y tiene un impacto directo en la soberanía energética y la economía del país:
– Riesgos operativos y de suministro: Reficar advierte que de implementarse el embargo del acuerdo, la refinería se verá obligada a cesar completamente sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días. Esto afectaría el suministro del 100% del combustible a la costa caribeña y del 54% del diésel y turbosina del país, generando una grave crisis energética nacional.
– Impacto financiero y de ecopetrol: Un pago inmediato de $1,300 a $1,500 millones tendría un impacto directo en el flujo de caja operativo de Reficar.
-El embargo podría desencadenar cláusulas de incumplimiento cruzado en los acuerdos de emisión de bonos de Ecopetrol (matriz de Reficar) si supera los 100 millones de dólares, poniendo en peligro la deuda total de la petrolera estatal (valorada en unos 120.000 millones de dólares).
– Riesgos laborales y sociales: La suspensión de operaciones amenazaría la fuente de empleo y nivel mínimo de vida de más de 4.600 trabajadores directos e indirectos.
Reficar solicitó al tribunal suspender de inmediato los efectos de la Resolución DIAN N° 12812 de 2025 hasta tanto se tome una decisión de fondo sobre el complejo caso de protección. Esto es para ganar tiempo para defender su posición legal y evitar el colapso operativo.
El caso se encuentra actualmente en los tribunales. El poder judicial debe determinar si otorga las protecciones requeridas por Reficar, lo cual es crucial para evitar el cobro obligatorio de deudas y un posible embargo. La DIAN, por su parte, mantiene una reserva legal sobre este asunto, limitándose a señalar que no puede pronunciarse sobre la investigación en curso.
Esto debería tenerse en cuenta. Foto:Dian/ iStock
Mientras continúa la controversia, la DIAN ha mantenido el asunto en reserva. El Área de Comunicación de la entidad indicó que «no puede pronunciarse sobre este tema» porque está obligada a guardar secreto legal respecto de la información contenida en una determinada investigación.
La industria cuenta con una rápida resolución del conflicto, que evitará la escalada de las actividades de cobro de deudas y minimizará el riesgo de impacto en el suministro y la estabilidad financiera de una de las empresas estratégicas del país.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
