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. La oficina del alcalde de Riohach confirmó que el alcalde Genaro Redondo Chles cumple un arresto de 10 días, dictado por el tercer tribunal penal local, debido
. La oficina del alcalde de Riohach confirmó que el alcalde Genaro Redondo Chles cumple un arresto de 10 días, dictado por el tercer tribunal penal local, debido a un presunto desprecio por una orden relacionada con el cuidado de una propiedad que ha sido ocupada por más de 450 familias vulnerable, principalmente de la comunidad Wayú, durante un periodo de nueve años.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la oficina del alcalde de Riohach, el caso tiene sus raíces en una acción de atención presentada en 2018 contra Manuel Rodríguez Mindiola, el propietario de la tierra, quien solicitó la restitución de su propiedad ubicada en la calle 40, detrás del sector de Almagrario.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
En un comunicado, la oficina del alcalde expresó que el presidente actuó conforme a la ley y reafirmó su compromiso con los ciudadanos para garantizar los derechos de la población vulnerable que reside en el So -Sumuin Wayuuuuu. Asimismo, se destacó el respeto a la propiedad privada, en busca de una solución equitativa que no perjudique a ninguna de las partes involucradas. Según el comunicado, la sanción impuesta no se debió a la ignorancia o a obstruir la justicia.
El alcalde Genaro Redondo, respecto a su obligación constitucional de garantizar la protección de los derechos fundamentales de estas 450 familias, que incluyen menores, adultos mayores, mujeres embarazadas y miembros de la comunidad Wayuu, manifestó un enfoque social y profundamente humano, logrando establecer diálogos con entidades de la Ornia Nacional de la Ornia Nacional.
La sentencia del Tribunal Penal de la Tercera Ciudad emitida el 18 de marzo de 2025, se debió a la violación de la orden de atención que fue dictada el 6 de mayo de 2024. Esta decisión fue confirmada posteriormente por el Cuarto Tribunal Penal del Circuito el 6 de mayo, el cual también exige que se proceda con la entrega verdadera y material de la parcela al propietario, dado que los habitantes no pudieron demostrar su derecho a ocupar dicho terreno.
«Desde el inicio de su mandato, el alcalde Redondo ha estado buscando alternativas viables para estas familias. Se han agotado todas las rutas posibles, y ahora la ley es lo que debemos seguir«, explicó Wilson Rojas Vanegas, secretario del gobierno del distrito de Riohach.
Rojas subrayó que, durante la gestión de Redondo, la situación ha evolucionado significativamente.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
Cuando se inició el proceso en 2018, había apenas 8 o 10 familias. Ahora la cifra supera las 450. A lo largo de un año y cuatro meses de gobierno, el alcalde ha intentado múltiples ocasiones identificar a la población, pero los residentes han puesto obstáculos
Wilson Rojas VanegasSecretario del distrito de Riohach
El funcionario atribuyó la situación a administraciones anteriores que no tomaron decisiones oportunas, argumentando que hubiera sido mucho más sencillo reubicar a unas diez familias en aquél momento. Además, al realizar una verificación se constató que esta comunidad no es de nativos Wayú y que la tierra no es territorio ancestral, sino propiedad privada formalmente constituida.
A pesar de los esfuerzos realizados por el alcalde de Riohach para salvaguardar la dignidad humana de más de 450 familias y garantizar el respeto a la propiedad privada, el miércoles 7 de mayo se deberá ejecutar una decisión judicial que ordena su desalojo.
«El presidente tuvo en cuenta el aspecto humano: niños, jóvenes, ancianos«, mencionó Rojas.
El Secretario reiteró que la administración ha observado el derecho a la propiedad privada sin desestimar la grave crisis humanitaria que enfrentan los residentes del lugar.
«No hay una orden más dolorosa en la administración pública que la de proceder con un desalojo. El alcalde hizo todo lo posible para impedirlo, pero no contamos con tierras o recursos para trasladar a estas familias. A pesar del esfuerzo, no fue posible encontrar una solución”, concluyó.
Departamento de Policía de Guajira Foto:Cortesía
El secretario del gobierno aclaró que las acciones en contra del alcalde Redondo no se consideran detención penal, sino un correctivo por violar una decisión judicial, que se implementa en las instituciones de comando de la policía de Guajira.
Mientras tanto, el secretario de infraestructura y servicios públicos, Jaime Bruges, ha sido asignado para cumplir con las funciones de la oficina mientras Redondo cumple la sanción impuesta.
