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La oficina del fiscal general ha revelado una serie de detalles alarmantes sobre una compleja Red de corrupción en la comuna de Soldad, Atlántico, que se supone está
La oficina del fiscal general ha revelado una serie de detalles alarmantes sobre una compleja Red de corrupción en la comuna de Soldad, Atlántico, que se supone está implicada en el robo de tierras utilizando documentos falsos, así como maniobras administrativas y el apoyo de ciertos funcionarios públicos. Esta situación ha generado gran preocupación entre los ciudadanos y ha puesto en relieve la necesidad de una mayor vigilancia en los procesos de gestión territorial.
En el transcurso de un interrogatorio preliminar relacionado con la solicitud de garantías para 17 individuos capturados, la entidad acusadora presentó nuevas evidencias telefónicas que implican a varios de los detenidos y, por primera vez, apuntan directamente hacia el Secretario del Gobierno de la Ciudad, Carlos Valencia. La gravedad de esta situación es suficiente para que se reevalúen diversos aspectos de la administración pública en la región.
Secretario del gobierno de la ciudad, Carlos Valencia. Foto:Cortesía
Una de las pruebas más significativas que se presentó en la diligencia judicial fue una conversación interceptada el 19 de febrero de 2025, en la que dos hombres, que aún no han sido completamente identificados, discuten el pago de 15 millones de pesos que supuestamente estaban destinados al Secretario del Gobierno a cambio de su aprobación en cuestiones administrativas. Este acuerdo facilitaría la apropiación irregular de terrenos, un acto que pone en entredicho la ética de la función pública.
«Hay dinero o Coimas en la oficina de Soledad para favorecer a las personas en el suministro de tierras. ¿Por qué necesitaría darle dinero a los funcionarios de la oficina del alcalde si todos los documentos están en orden?» Este comentario, registrado en el audio presentado por el fiscal del caso, ilustra las prácticas ilegales que se presume han estado operando dentro de la administración de la ciudad.
Durante la audiencia, la oficina del fiscal también expuso cómo los implicados no solo mencionaron sumas de dinero, sino que también se movilizaron en vehículos oficiales, incluyendo camiones asignados por la Unidad de Protección Nacional (UNP), lo que podría constituir un uso inadecuado de recursos estatales. De hecho, en algunos de estos encuentros se ha documentado la presencia de armas, lo que agrava aún más la situación respecto a la seguridad pública.
Capturado involucrado en el robo de tierra Foto:Cortesía
Uno de los nombres que ha surgido como pieza clave en este entramado es Andrés Rafael Diazgrados, asesor legal de la Secretaría del Gobierno de Soldada. Según las investigaciones, este funcionario habría recibido múltiples sumas de dinero para evitar la oposición interna a los trámites que favorecían a los presuntos dueños de terrenos irregulares. Esto subraya la gravedad de las acusaciones realizadas por la Fiscalía.
Además, la oficina del fiscal ha proporcionado detalles sobre varias reuniones que tuvieron lugar entre los miembros de la red, las cuales se llevaron a cabo en centros comerciales de Barranquilla y Soldad. En estos espacios, se completaron contratos, se realizó la entrega de dinero y se definieron detalles relacionados con los trámites irregulares destinados a apoderarse de terrenos. Esta dinámica exhibe un nivel de organización que desafía cualquier intento de control institucional.
En medio de estas acusaciones, el Secretario del Gobierno de Soldada, Carlos Valencia, ha emitido un pronunciamiento claro.
Nunca he actuado ilegalmente. Puede verificar y decir que mi CV es impecable y que nunca he estado involucrado en asuntos criminales. No sé cómo estar relacionado con la investigación y debo decir que, por el contrario, mis resultados oficiales fueron evitar tales situaciones.
Carlos ValenciaSecretario del Gobierno de la Soledad
Sin embargo, fuentes cercanas al caso han indicado a El Tíoempo que no se descarta que Valencia pueda ser formalmente vinculado en fases futuras del proceso, a medida que se complete el análisis de las capturas y las pruebas recopiladas a lo largo de la investigación.
Esta importante operación contra la red de apropiación de terrenos comenzó con la captura de 17 individuos por parte del grupo dijín anti-corrupción, con el respaldo de un fiscal especializado de Bogotá. Entre los detenidos se encuentran funcionarios de registro de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, así como procesadores y abogados que han sido señalados por su complicidad.
Esta situación continuará el lunes 12 de mayo a las 8:00 a.m., cuando se escuchen a representantes de las víctimas. La oficina del fiscal anticipa que surgirá nueva información en lo que ya parece ser uno de los escándalos de corrupción más significativos relacionados con el terreno en la región caribeña de Colombia.
