La misión de la Policía Nacional, encargada de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos, sufrió un duro golpe el lunes 12 de mayo. En un operativo llevado a cabo en Palmir, Valle del Cauca y Pasto, Nariño, las autoridades lograron la captura de tres de sus miembros, específicamente el Subintrendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejander Toledado. Estos funcionarios están acusados de haber mantenido a un hombre bajo custodia ilegal durante más de 12 horas, sometiéndolo a golpes y falsificando documentos oficiales para encubrir las lesiones infligidas.

En las últimas horas, la Oficina del Fiscal General ha hecho pública la noticia de la captura de estos tres miembros de la Policía Nacional involucrados en un caso de presunta tortura en la comuna de Bolívar, Valle del Cauca. Se informó que los uniformados fueron trasladados a los destinatarios de la medida de garantía, luego de que prosperara la apelación del fiscal que buscó revocar su libertad provisional.

La investigación revela que los mencionados funcionarios habrían sometido a un ciudadano a agresiones físicas que duraron más de 12 horas, y posteriormente registraron información falsa en el libro de entradas de la estación de policía.

Una apelación que cambió el rumbo del caso

El 3 de marzo de 2024, los funcionarios asignados a la estación de policía en Bolívar mantuvieron a una víctima sin justificación y la agredieron en repetidas ocasiones dentro de las instalaciones. A pesar de las graves acusaciones en su contra, el juez initialmente admitió la posibilidad de que los oficiales siguieran libres mientras se desarrollaba el juicio.

Sin embargo, la oficina del fiscal decidió apelar esta decisión. En respuesta, el juez de distrito organizó una audiencia para escuchar los argumentos legales presentados por el fiscal, concluyendo que existían suficientes evidencias para mantener a los uniformados en detención preventiva. Esto resultó en la captura inmediata de los tres policías.

Los agentes del Cuerpo de Investigación Técnica (CTI) y Sijin tomaron acción en Valle del Cauca y Nariño, lo que permitió ejecutar las órdenes de arresto en Palmir y Pasto. Posteriormente, fueron transferidos a una prisión policial en Facatativá, Cundinamarca, donde permanecerán mientras avanza la etapa judicial del caso.

La tortura hasta las puertas de cuidados intensivos

De acuerdo al informe emitido por el fiscal, los implicados no solo habrían golpeado y maltratado a la víctima, sino que, para encubrir los hechos, registraron en el libro de entradas que el detenido estaba en buen estado de salud. En contraste con esta versión oficial, los familiares de la víctima tuvieron que trasladarlo urgentemente a un hospital local, desde donde fue llevado a cuidados intensivos, donde requirió cirugía para la extracción del bazo, debido a las lesiones graves sufridas.

El Subintendente Rayo Jiménez, junto con Portocarrero y Toledado, enfrentan graves acusaciones de tortura, secuestro y falsedad ideológica en un documento público. La oficina del fiscal también indicó que este caso forma parte de una investigación más amplia en relación con posibles irregularidades en los procedimientos policiales en Valle del Cauca. Durante las últimas semanas, otros miembros de la institución han sido investigados por delitos que incluyen conspiración para cometer crímenes y vínculos con grupos armados ilegales.

Asimismo, la fuente judicial ha asegurado que el archivo incorpora testimonios de testigos, documentación de atención médica e informes de expertos sobre relatos oficiales. Además, el CTI ha recopilado vídeos y grabaciones de audio que, según la entidad acusadora, son fundamentales para corroborar la versión de abuso prolongado contra la víctima.

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Danna Valeria Figueroa Rueda

Escuela de Periodismo Multimedia