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Sin embargo, los índices de desnutrición en Manaure y Riohacha aún mostraban valores rojos En 2019, el grupo funcionarios públicos y particulares organizaron lo que la Fiscalía calificó
Sin embargo, los índices de desnutrición en Manaure y Riohacha aún mostraban valores rojos En 2019, el grupo funcionarios públicos y particulares organizaron lo que la Fiscalía calificó como una «red criminal» agotar los recursos públicos. El botín: dinero destinado a leche, carne y pan para los niños de La Guajira.
Luego de meses de seguimiento y auditorías forenses, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer el caso Mecanismo de corrupción que logró desviar más de 860 millones de pesos como resultado de manipulación sistemática de contratos. Instituto Colombiano de Atención a la Familia (ICBF).
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PAE Foto:Gobernación
El programa funcionó bajo una fachada de legalidad técnica. En el periodo de febrero a diciembre de 2019 La filial del ICBF en La Guajira ha firmado tres convenios con la asociación privada.
El objetivo era claramente noble: atención integral con enfoque diferenciado a las comunidades étnicas y rurales. Sin embargo, en ejecución La prioridad no era el bienestar nutricional sino el beneficio ilícito.
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Las pruebas muestran que el fraude se basó en tres pilares:
Sobrefacturación: Particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla, quienes presuntamente actuaron como proveedores de alimentos perecederos Emitieron facturas con precios muy superiores a los precios del mercado.
Composición financiera: Rosidis Barliza Rivera, representante de la empresa contratista, utilizaría estos documentos para presentar informes financieros falsos al ICBF, justificando así el gasto de sumas excesivas.
Vigilancia de complicidad: El punto crítico de la red estaba dentro de la institución. Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, Mientras los reguladores del ICBF aprobaron 12 pagos irregulares, ignorando deliberadamente los sobrecostos obvios.
«No fue un error administrativo. Fue un desvío deliberado de fondos públicos hacia bolsillos privados, violando el derecho básico a la alimentación», dijo una fuente del Departamento de Administración Pública de la Fiscalía.
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Esto se debió a una supuesta falta de presentación del PAE. Foto:Oficina Legal
La solidez de las pruebas dio lugar a cargos contra siete personas. El pliego de cargos presentado por la Fiscalía refleja la gravedad de las acciones: El procesamiento de las personas involucradas en esta red de corrupción se divide en dos frentes: por un lado, Los exfuncionarios del ICBF G. Benítez, L. Martínez y J. Peñaranda fueron imputados por malversación de fondos por apropiación indebida y falsificación ideológica de documento público; En el lado privado, el contratista R. Barliza y los proveedores L. Pérez, J. Mengual y P. Romero acusados de peculado por apropiación indebida a terceros y falsedad en documento privado.
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Los niños esperan el reinicio del Programa de Alimentación Escolar. Foto:Cortesía
Los daños a la propiedad, estimados en 860.000.000 de dólares, representan una pérdida irreparable en una región donde la seguridad alimentaria es un problema crítico constante. Los investigadores encontraron un aumento «extraordinario» en el valor de las raciones diarias de alimentos, lo que sugiere que, si bien los informes periodísticos afirmaban que se proporcionaban proteínas de alta calidad, la realidad en las comunidades rurales era muy diferente.
Este caso reabre la discusión sobre el tema Mecanismos de control interno en secciones del ICBF y susceptibilidad de contratistas. de carácter étnico, que a menudo se utiliza como «cobertura» para evitar auditorías rigurosas.
Por ahora, los acusados afrontan un juicio prometedor revelar más nombres y quizás otros contratos dentro del mismo formulario. La justicia quiere que esta vez el castigo sea tan ejemplar como el daño causado a los niños de la Guajira.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Equipo editorial del Caribe
