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Los informes han estado llegando desde el 23 de marzo. Enfrentamientos armados en la comuna de Cumbitaraen el departamento de Nariño que provocó desplazamiento de más de 200
Los informes han estado llegando desde el 23 de marzo. Enfrentamientos armados en la comuna de Cumbitaraen el departamento de Nariño que provocó desplazamiento de más de 200 familias hacia el presidente del distrito de Sidón y otras zonas del municipio, ante las continuas hostilidades y la expectativa de nuevos desplazamientos.
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Según la información disponible, existen enfrentamientos armados entre ellos. Frente Franco Benavides integrado por disidentes asociados al seudónimo «Iván Mordisco»Comuneros del Sur y la autoproclamada AUN. Estas actividades se vienen desarrollando de manera continua desde el 23 de marzo en diversas zonas de la comuna.
Como resultado de los combates, más de 200 familias fueron desplazadas de la aldea. Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Los contagiados se desplazaron principalmente a los barrios de Sidón y el casco urbano de Cumbitara.
Las familias desplazadas fueron alojadas en residencias de estudiantes y en viviendas particulares destinadas a su cuidado en la capital Sidón y en el término municipal del municipio. Las autoridades locales permanecen centradas en estos espacios hasta que se mantenga el orden público.
Se indicó que en las próximas horas y días se pueden producir nuevos desplazamientos de civiles como consecuencia de los continuos enfrentamientos armados en la zona.
La Defensoría del Pueblo solicita activar protocolos a nivel nacional ante afectaciones comunitarias. Foto:Defensor del Pueblo.
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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó un un llamado dirigido a diversos actores estatales y armados. En el caso de los grupos armados, la entidad exigió el cese inmediato de los combates y de los daños a la población civil.
También se ha contactado a actores nacionales, como los Ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, así como la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras instituciones relevantes, para activar protocolos de atención y apoyo a las comunidades afectadas, con el fin de apoyar a las autoridades territoriales que están atendiendo la situación.
Cientos de familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras. Foto:Específico
Él reasentamiento forzoso Esto está prohibido y constituye una violación del derecho internacional humanitario en el sentido del art. 17 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, lo que implica un impacto en los múltiples derechos de las víctimas de este tipo de hechos.
En un caso específico CumbitaraLa Defensoría del Pueblo emitió en 2024 el número de alerta temprana (AT) 008, alertando sobre los peligros de una disputa por el control territorial y poblacional entre diversos actores armados presentes en la región.
Esta advertencia menciona: presencia del Frente de Franco Benavidesasociado al comandante del Bloque Occidental, Jacobo Arenas, del Estado Mayor Central de las extintas FARC, así como a una supuesta alianza formada por el Frente Comuneros del Sur, entonces afiliado al ELN, la disidencia Segunda Marquetalia y la autoproclamada AUN.
Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, estado de Nariño, debido a los prolongados combates entre grupos armados ilegales, lo que pone a los civiles en grave riesgo.
Desde el 23 de marzo, comunidades de varias aldeas han tenido que abandonar sus hogares y refugiarse en… pic.twitter.com/C2tZvCz9Ot
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) 2 de abril de 2026
El escenario actual refleja la materialización de amenazas previamente alertadas relacionadas con la disputa territorial entre grupos armados que operan en esta zona del departamento de Nariño.
La Defensoría del Pueblo dijo que continuará monitoreando la situación en el territorio y brindando apoyo a las comunidades que puedan verse afectadas por los enfrentamientos armados en Cumbitara.
*El contenido fue transcrito mediante inteligencia artificial, con base en un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
