Un nuevo aumento en los precios de los combustibles comenzó a regir en Colombia desde el 1 de abril, tras el anuncio de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, generando preocupación en distintas regiones del país por su impacto en la economía.

El ajuste estableció un aumento de 375 pesos por galón en la gasolina regular y 81 pesos en el diésel (ACPM), lo que revirtió parcialmente la disminución que se había registrado en meses anteriores y afectó directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente en zonas alejadas.

En departamentos como Nariño el impacto se siente con mayor intensidad, especialmente en municipios del sur y en zonas fronterizas como Ipiales, donde la dinámica económica depende en gran medida del precio de los combustibles.

IMPACTO

Ante este panorama, Mario Guevara, titular de Petronar, advirtió que el aumento podría incentivar nuevamente el contrabando de combustible, un problema histórico en estas regiones por la diferencia de costos con los países vecinos, que afecta tanto a la economía formal como a la estabilidad del mercado.

Según explicó, esta situación genera competencia desleal, pérdidas para los distribuidores legales y también representa un riesgo para la seguridad, ya que en muchos casos está ligada a economías ilegales que operan en la zona fronteriza.

Las autoridades, por su parte, indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de los precios y sus efectos en las diferentes regiones del país, con el fin de tomar medidas para mitigar los efectos negativos.

El aumento, aunque de alcance nacional, vuelve a poner de relieve las particularidades de las zonas fronterizas, donde cualquier variación de costes genera repercusiones más profundas en la economía local.

Mario Guevara, gerente de Petronar