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El viernes, la Contraloría General de la República envió al Tribunal Constitucional su opinión sobre la viabilidad de la emergencia económica declarada por el gobierno de Gustavo Petro
El viernes, la Contraloría General de la República envió al Tribunal Constitucional su opinión sobre la viabilidad de la emergencia económica declarada por el gobierno de Gustavo Petro en febrero pasado ante el frente frío que azotó varias regiones del país, especialmente Córdoba. El organismo de control advirtió sobre graves errores técnicos en el cálculo de los recursos que, según las autoridades ejecutivas, deben hacer frente a la amenaza ecológica, así como diversas irregularidades que hacen que el decreto, según sus palabras, sea inaplicable.. Para conocer más detalles sobre esta evaluación técnica, EL TIEMPO se comunicó con la contralora Jenny Lindo, delegada de Economía y Finanzas.
Revisamos el decreto principal, es decir declara emergencia económica y señala la necesidad de recaudar 8 mil 600 millones de pesos. De igual manera, el desarrollo regulatorio en esta materia y la creación de impuestos, transferencias y reorientación presupuestaria para atender el problema del frente frío que ha afectado en mayor medida al departamento de Córdoba.
Hemos hecho una valoración muy juiciosa de todos los apoyos que han brindado entidades del Gobierno Nacional para justificar la creación de impuestos, gravámenes y realineamientos presupuestarios, y los hemos comparado con la información que tenemos aquí en la Contraloría. Básicamente, encontramos diferencias en los cálculos presupuestarios y en los cálculos de áreas afectadas. Por ejemplo, para el gobierno nacional el área afectada es de 113.000 hectáreas, pero la Contraloría encontró que las áreas afectadas son 66.000 hectáreas.. Esto marca la diferencia en las necesidades presupuestarias.
Jenny Lindo, Delegada de Economía y Finanzas. Foto:Contralor
El equipo de nuestro controlador descubrió que Información de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos muestra que hay hectáreas que realmente no están inundadas. Y aun así los denunciaron. Contamos con una unidad de geomática que monitorea el territorio en tiempo real. También notamos diferencias en la estructura de actividades. Esto significa que en la mayoría de los casos estamos de acuerdo en que se necesita una acción particular, pero no estamos de acuerdo acerca de su estructura.. Hay inconsistencias en los informes de los beneficiarios de ayuda financiera. Muchos defectos de diseño.
Cada sector tiene su situación específica, pero encontramos inconsistencias aritméticas como duplicación de presupuestos, duplicación de beneficiarios, errores metodológicos en la estimación de algunas partidas presupuestarias e incluso sobreestimación de los fondos necesarios. Y esto nos obliga desde el principio a abandonar la conceptualización en favor de la consistencia de datos y justificaciones financieras que las entidades gubernamentales presentaron al Tribunal Constitucional para justificar los decretos de emergencia. Esto es lo que le dijimos al Tribunal Superior: Este soporte carece de soporte técnico suficiente..
Estado del riesgo de inundaciones en Córdoba. Foto:Gobierno de Córdoba.
No hicimos este cálculo porque Sólo respondimos a lo que solicitó el Tribunal Constitucionalquien nos preguntó dos cosas. Primero: piense en la relevancia. En segundo lugar: considerar la coherencia de las justificaciones del Gobierno Nacional para el decreto de emergencia.
En vivienda encontramos una variación importante. No son claramente visibles los criterios de priorización y orientación que adoptaron para implementar el parque habitacional con recursos provenientes de los decretos de emergencia. Tampoco se indicó qué tipo de apartamentos construirían y en qué áreas específicas los construirían.en qué calidad, en qué momento. No hay planificación.
El Ministerio de Vivienda solicitó 728 mil millones de pesos. Pero nosotros, utilizando algunos supuestos muy básicos del análisis de las necesidades de vivienda, Esto nos da un costo de 705 mil millones de pesos.. Más diferencias. Además dicen: «Esta es una solicitud de vivienda basada en el registro de víctimas». Pero verificamos el registro de víctimas, comparamos y nos da menos.
Jenny Lindo, Contraloría Delegada en el Sector Financiero. Foto:archivo privado
Necesidad de acción. Tan efectivamente La Contraloría cree que es necesaria intervención en vivienda, salud, infraestructura, educación y medio ambiente.. La diferencia radica en la coherencia de cómo se hará esto y el valor que los individuos esperan de estas intervenciones.
Hasta el día de hoy, El Estado colombiano no cuenta con políticas públicas para responder a crisis y desastres. no existe. ¿Cuántas emergencias ha afrontado este país? Este es un tema que se discute en Colombia casi todos los años. ¿Cuál es la principal decisión en política pública? Esta es la capacidad de asignar recursos para reservarlos para atención de emergencia. Y la cuestión no es que sea necesario crear impuestos cada vez que se produce una situación de emergencia, es decir, cada año.
En la medida en que el Estado cuente con un fondo para hacer frente a emergencias de política pública, Ningún gobierno tiene que apagar incendios dentro de su presupuesto.como lo venimos haciendo desde hace años en este país.
No son coherentes ni financiera ni presupuestariamente. La Contraloría pone mucho énfasis en que hicimos un trabajo pensando realmente en la ciudadanía, técnica y objetivamente.. Estamos comprometidos a realizar supervisión y auditoría para garantizar que los recursos recaudados a través de estos impuestos se utilicen realmente para atender esta emergencia y no para otra cosa.
Jhoan Sebastián Cote Lozano
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