Un informe reciente emitido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) comunica una preocupante realidad: al menos 47,000 personas residen en Inzá y Páez, en el este de Cauca, y están lidiando con severas restricciones en su movilidad a causa de las disputas entre diversos grupos armados así como otras actividades que evidencian su presencia continua.

El panorama se agrava con ataques graves dirigidos tanto a fuerzas públicas como a civiles en zonas del norte de Cauca, como es el caso de Santander de Quilichao. Recientemente, durante el miércoles y jueves santo, es decir, el 16 y 17 de abril, ocurrieron incidentes alarmantes en áreas urbanas y en Corregimiento Mondomo.

El estudio revela que «hay 47,000 afrocolombianos, indígenas y campesinos que habitan los municipios de Inzá y Páez, los cuales enfrentan limitaciones significativas en su movilidad. Esta situación ha llevado a una deterioración de la seguridad alimentaria y ha afectado el desarrollo comunitario, la autonomía económica y las prácticas tradicionales de estas comunidades. La presencia y control ejercido por grupos armados no estatales (NSAG) complica aún más el acceso a servicios esenciales como la educación, además de exponer a los niños a situaciones de riesgo que amenazan su bienestar y futuro», señala el informe de OCHA.

A pesar de los numerosos informes sobre el reclutamiento y el uso de menores por parte de estos grupos armados, se ha observado una alarmante subregistro relacionado con el bajo nivel de denuncias por parte de las familias y comunidades afectadas. Asimismo, la respuesta institucional ante los casos de prevención de reclutamiento ha sido deficiente, lo cual genera un ciclo de miedo y falta de confianza entre la población.

En este contexto, diversas voces han solicitado a las Naciones Unidas la implementación de estrategias efectivas para prevenir y responder al reclutamiento juvenil, así como la necesidad de establecer mecanismos de protección comunitaria.

El informe enfatiza que «es crucial fortalecer la protección integral de la comunidad, implementar rutas que aseguren la satisfacción de las necesidades de seguridad y los derechos de niños, adolescentes, líderes sociales, promoviendo además el acceso a información y servicios sobre derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y prevención de la violencia».

Situación en Inzá y Páez

Del 26 de febrero al 7 de marzo de este año, se llevaron a cabo las Prioridades de la Comunidad (EPC) en los municipios de Inzá y Páez, en colaboración con UNICEF y OCHA. Esta evaluación permitió recolectar las prioridades humanitarias y recomendaciones de la comunidad para mejorar las reacciones humanitarias y otras actividades asistenciales. A través de un diálogo enriquecedor, se trabajó con grupos pequeños, que incluían tanto nativos como campesinos.

Entre los hallazgos más destacados de las EPC se encuentran las alarmantes notificaciones sobre el aumento en el reclutamiento de niños y jóvenes, la imposición de códigos de conducta, extorsiones, amenazas, asesinatos y la retirada forzada de diversos NSAG que operan en la región, así como otras actividades delictivas vinculadas a confrontaciones armadas que han causado un estado de alarma en la ciudadanía.

Más de 800,000 víctimas de la crisis humanitaria

Otro informe del país humanitario (EHP) destaca que actualmente Cauca atraviesa una grave crisis humanitaria, donde más de 800,000 personas experimentan serias restricciones en su movilidad y acceso a servicios esenciales como educación, salud mental, salud sexual y alimentación a causa de los conflictos armados.

El EHP expresa su preocupación por «una grave crisis humanitaria y constantes violaciones al derecho humanitario internacional que amenazan la vida de miles de civiles», acentuando que las comunidades son frecuentemente atacadas y expuestas a peligros como minas anti-personal y otros artefactos explosivos.

Además, el conflicto impacta de manera desproporcionada a segmentos vulnerables como niños, jóvenes, mujeres embarazadas, bebés, personas con discapacidad y ancianos.

Los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de acuerdos de paz son particularmente vulnerables a amenazas constantes.

Hasta ahora, en 2024, se han documentado 47 incidentes que han afectado el acceso humanitario, sumando ataques directos a las misiones médicas, lo que ha limitado en gran medida la capacidad de las organizaciones para proporcionar asistencia a quienes más lo necesitan.

Michel Romolaux

Especial para

Popayán

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