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El miércoles 23 de abril, se llevará a cabo el juicio preparatorio oral contra Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con delitos de enriquecimiento ilegal además
El miércoles 23 de abril, se llevará a cabo el juicio preparatorio oral contra Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con delitos de enriquecimiento ilegal además de lavado de dinero. Este evento judicial ha ganado atención significativa, dado que involucra a una figura relevante en el ámbito político del país.
En la sesión anterior, que tuvo lugar el día 22 de abril, se realizó la segunda diligencia correspondiente al presente mes. Durante esta audiencia, el equipo legal de Nicolás Petro presentó ciertos elementos de prueba que, según ellos, demostrarían que no hubo lavado de dinero relacionado con las empresas implicadas en el caso, en especial con la Fundación Social Conscious (FUCOSO). La defensa sostiene que la integridad financiera de Petro Burgos no ha sido comprometida.
Asimismo, el abogado que representa a Alejandro Carranz formuló preguntas al juez Hugo Carbonó acerca de la posibilidad de escuchar la opinión psicológica generada por el análisis de Daysuris Vásquez. Esto se produce en el contexto de quejas presentadas contra el exdiputado y a raíz del análisis de la situación financiera y de la sociedad matrimonial que existe entre Petro Burgos y Vásquez Castro.
Tercera audiencia consecutiva. Foto:Captura de video
En el transcurso de la audiencia de hoy, el equipo de defensa cuestionó a un representante de Tigo Colombia, viendo si se podría demostrar que el número de teléfono involucrado no ha sido imputado. Se argumentó que «se enviaron mensajes en su nombre, pero no es él quien los envió». Este argumento busca identificar quién realmente utilizó la tarjeta SIM a nombre de Nicolás Petro y establecer la gestión de recursos que podría haber estado en entredicho.
Uno de los temas que el abogado ha subrayado en los últimos días es el supuesto «prejuicio institucional» por parte de la oficina del fiscal. Este tema se vuelve crucial, ya que el defensor ha denunciado irregularidades y, en ese contexto, ha presentado nueva evidencia con respecto al grupo de tareas especiales que está acusado de actuar de manera injusta. El defensor considera que hay una «arbitrariedad» en la creación de este grupo, sugiriendo que se habría institucionalizado un tipo de tratamiento preferencial hacia el caso de su cliente.
«La arbitrariedad, desde nuestra perspectiva, se evidencia desde el momento en que se formó este grupo de tareas especiales. Queremos pedir que se realice un análisis público durante la audiencia, para determinar si, de ser así, se convierte en un fenómeno criminológico que ha generado un conflicto significativo», destacó el abogado defensor.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de
Barriga
