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Durante poco más de cinco años, el área del Centro Medellín obtuvo el sobrenombre de Anonimato, un título que marcó generaciones y definió uno de los lugares más
Durante poco más de cinco años, el área del Centro Medellín obtuvo el sobrenombre de Anonimato, un título que marcó generaciones y definió uno de los lugares más notorios y temidos de la capital del país: el Bronx.
En la comuna 10 de Medellín (La Candelaria) se encuentra una calle conocida como la raza 54, bastante reconocible por su estrechez. Esta vía era tradicionalmente un hervidero de actividad, repleta de talleres mecánicos, comercio automotriz y pequeños bares, todo lo cual hacía parte del paisaje cotidiano del área.
No obstante, entre los años 2017 y 2020, la dinámica de esta calle sufrió una transformación notable. La realidad de este pasaje, que une cuatro razas, se asemejaba a las leyendas que han rodeado al famoso Bronx de Bogotá desde sus inicios hasta el año 2016.
El panorama resulta desolador. Esta ruta, que parte de la Avenida Oriental y se adentra en un fragmento de la ciudad que parece enfermo, comienza a ofrecer un atisbo de lo que se encuentra allí después de recorrer un par de calles.
Entre la calle 57b y la calle 57, la complejidad de la situación se hace palpable. La deuda acumulada y los restos metálicos de talleres mecánicos son evidentes; los fragmentos de automóviles y motocicletas esparcidos por las calles invitan a reflexionar sobre el abandono. El pavimento ya no es más que una sombra de lo que fue, cubierto de agujeros y desprovisto de color.
Como si se tratara de un gran comercio doméstico al aire libre, el borde de la vía exhibe productos de taller y muebles de carpintería, además de otros enseres: puertas, bañeras, estructuras metálicas, techos, escalones, cocinas y sillas apiladas.
Tiendas y talleres del sector del Bronx en Medellín.
Foto:Tiempo.
En este sector, la circulación de vehículos se ha vuelto prácticamente inviable, salvo para los camiones de carga que transportan mercancías de estas tiendas. Todo el tránsito se centra en los peatones, quienes enfrentan numerosos problemas diarios.
Al llegar a la intersección de la calle 56 desde Cúcuta, el panorama persiste.
A unos pocos metros de este punto, comienzan a vislumbrarse las primeras señales del Bronx: cartones, carros cargados de víveres, estructuras metálicas chamuscadas y, sobre todo, residentes que viven en una precariedad extrema.
Algunos grupos de personas permanecen reunidos; otros deambulan con descalzos, sin camisetas, clutching bolsas o botellas de pegamento, mientras se dejan llevar por un estado de euforia.
El corazón de esta realidad reside en la calle 56. Es difícil estimar cuántas personas habitan este sector. Algunos se mueven con la mirada baja, consumiendo sustancias, mientras otros se agrupan en grandes cantidades, todos vistiendo ropa desgastada, abarcando un espectro que incluye tanto a jóvenes como a ancianos.
High Point Bronx en Medellín, en la calle 56 y la carrera 54.
Foto:Tiempo.
En esta calle, también se observa la presencia de toldos hechos con residuos de materiales desechados por talleres y lonas de plástico que sirven como refugio. A pesar de la devastación, los pequeños comercio y los talleres siguen operando normalmente, lo cual demuestra una asombrosa convivencia con el caos.
La situación se intensifica al caer la noche, adornada con la presencia de fuegos que los habitantes de la calle utilizan para mantenerse calientes. En el 2021, las autoridades de Medellín llevaron a cabo una operación popular con el objetivo de intervenir y mejorar las condiciones en esta área.
Cientos de residentes de la calle viven en este sector de la ciudad.
Foto:Tiempo.
El primer caso de esta acción se presentó el 20 de enero de 2021 ante el jefe del abogado Jesús Antonio Sánchez Salgado. En conjunto con un grupo de personas comprometidas, exigieron la urgente necesidad de actuar sobre el sector conformado entre las carreras 54 y 56.
En la demanda, donde se solicitó incluso un impulso para el proceso, los actores pidieron a varias entidades, incluyendo el municipio de Medellín, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que actuaran en virtud de esta problemática: «El asunto ha ido deteriorándose con el tiempo, cada vez más gravemente, pues las pandillas criminales que operan allí han ido aumentando en número y violencia, y cada vez más personas llegan y la situación en la calle se agrava».
En este sentido, los actores señalaron en 2021 que: «Las instituciones han permanecido inactivas; han hecho caso omiso, evitando abordar el problema y dejando que se incremente. Sin una regulación adecuada, sus intervenciones han sido meras acciones superficiales.
Solicitud de impulso para el proceso presentado por los actores.
Foto:Tiempo.
Los demandantes denunciaron que, la situación en el sector empeoró en los siguientes cuatro años. Este panorama de deterioro extremo viene a representar una grave crisis social en el centro de Medellín.
Sin embargo, el 10 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquía dictó una sentencia favorable hacia las demandas de acción popular, ordenando que se formara un espacio interinstitucional para abordar la problemática dentro de un plazo de cuatro meses tras la decisión.
El tribunal ordenó que los municipios de Medellín, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Social, entre otros, deben crear un plan integral que incluya a organizaciones no gubernamentales que trabajen con la población en situación de calle y comerciantes del área, para formular una propuesta de intervención que se ajuste a las particularidades de este sector.
Fallon emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquía.
Foto:Tiempo.
A pesar de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquía, las entidades señaladas no parecieron alinearse con las instrucciones dadas, lo que llevó a los demandantes a interponer un máximo de tres incidentes por desacato, acusando a la oficina del alcalde, el ICBF y varios comercios de no cumplir.
Los actores argumentaron que las instituciones habían descuidado sus responsabilidades, permitiendo que la zona cayera bajo el control de las pandillas criminales que la han utilizado desde años atrás. También se destacó la responsabilidad de la ICBF, dado que en el área residen menores en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Este proceso se fue alargando en el tiempo hasta que, finalmente, el 10 de abril, el Tribunal Administrativo de Antioquía emitió una orden de desacato hacia la oficina del alcalde de Medellín y al ICBF, imponiendo multas de tres salarios mínimos a sus representantes, y derivando el caso al Consejo de Estado para una decisión final respecto a las acciones populares.
Tribunal de Antioquía quien anunció el desacato por parte de la oficina del alcalde de Medellín e ICBF.
Foto:Tiempo.
Este periódico consultó a la Oficina del Alcalde de Medellín con respecto a la decisión del Tribunal Administrativo en Antioquía, y desde la administración distrital se indicó: «Estamos revisando la decisión para interponer los recursos apropiados, dado que la oficina del alcalde ha hecho todos los esfuerzos para cumplir con las órdenes judiciales. La coordinación con la policía, la fiscalía, y todas las entidades relacionadas para abordar este problema continúa vigente.»
Incluso, la oficina del alcalde señaló la responsabilidad de la ICBF y del gobierno nacional en cuanto a la falta de acciones sobre la intervención en esta área: «El tribunal llama la atención sobre el gobierno nacional, porque hemos solicitado que el ICBF cumpla con sus obligaciones en defensa de la infancia. También hemos requerido a la Fiscalía, sin obtener aún respuesta.»
Finalmente, la oficina del alcalde concluyó indicando: «La decisión no está aún presentada y debe ser el consejo de estado quienes resuelvan el caso. Como siempre, respetamos las órdenes judiciales y lo que es competencia del distrito de Medellín se atenderá como se estipula.»
Nicolás Tamayo Escalante
Periodista nacional, en Medellín.
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