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La subregión del Bajo Cauca antioqueño vive uno de sus momentos más críticos debido al paro minero, que está paralizando gran parte de su actividad económica y social.
La subregión del Bajo Cauca antioqueño vive uno de sus momentos más críticos debido al paro minero, que está paralizando gran parte de su actividad económica y social.
dia lunes El 23 de marzo se produjo un gran avance en las negociaciones entre las autoridades y los manifestantes.
Luego de una serie de graves alteraciones del orden público, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una decisión firme al final del Puesto de Mando Unificado (PMU): el uso legal y lícito de la fuerza pública para recuperar el control de un territorio.
El jefe del departamento señaló enfáticamente que las posibilidades de diálogo se habían agotado debido a lo que calificó de «hechos terroristas».
Según Rendón, el accionar de los manifestantes fue más allá de una protesta pacífica convertirse en ataques directos a los derechos fundamentales de los ciudadanos no relacionados con el desempleo.
Las violaciones graves denunciadas por el gobierno incluyen ataques sistemáticos a la misión médica, detenciones forzadas de civiles, severas restricciones y bloqueos de ejes viales y una preocupante escasez de gas en el municipio de Nechí. “Deja de ser una protesta pacífica cuando se vulneran los derechos de otros ciudadanos”, advirtió el gobernador.
Tensión en el Bajo Cauca Foto:Mi Región 360
Las declaraciones de las autoridades del ministerio coinciden con la escalada de violencia en las vías que conectan la subregión.
En las últimas horas, medios regionales han informado sobre múltiples focos de caos, siendo el epicentro de los disturbios la comuna de Cáceres. En el barrio Jardín, un momento Las altas tensiones se apoderaron de la comunidad cuando un grupo de personas bloqueó una vía principal donde se encontraba un autobús de transporte público. propiedad de Coonorte, alterando rápidamente la movilidad y dejando varados a cientos de viajeros.
Sin embargo, la situación escaló a niveles alarmantes cerca del Batallón de Fusileros, en la carretera de Cáceres al Cáucaso. Allí, suponiendo una grave amenaza para el orden público, encapuchados interceptaron un camión con carga. Según versiones preliminares proporcionadas por testigos locales, los perpetradores robaron los bienes que se encontraban en el vehículo y luego le prendieron fuego, convirtiéndolo en cenizas en medio de la vía.
Este acto ha provocado pánico entre transportistas y vecinos de la zona, que observan con preocupación cómo la inseguridad se apodera de sus principales corredores de reparto.
Sumado a esto, se produjo un segundo incendio intencional en el sector conocido como Guarumo, también ubicado en jurisdicción de Cáceres. Otro camión fue quemado en circunstancias que las autoridades aún intentan explicar. Estos ataques sistemáticos al transporte de carga pesada no sólo han paralizado la cadena logística que conduce a la costa caribeña, sino que amenazan con agravar la crisis de escasez de alimentos y suministros básicos en todo el Bajo Cauca.
En la otra cara de la moneda, los líderes de la manifestación afirman que fueron víctimas de la represión estatal.
La noche del mismo lunes, el Comité Minero del Bajo Cauca emitió un comunicado declarando un «SOS» urgente al público. En el documento, los portavoces anunciaron su retirada inmediata de la oficina donde realizaban labores logísticas y de mediación. alegando acoso directo por parte de agentes de la Policía Nacional quienes, según la denuncia, acordonaron y rodearon el lugar de reunión.
Boletín de Mesa Minera Foto:Cortesía
Para el sindicato minero, la presencia policial fue una violación directa de las garantías de seguridad y amenazó la integridad de la actual dirección.
Además, el comunicado contiene duras acusaciones contra el Gobierno Nacional, señalando que había violado flagrantemente los acuerdos previos acordados en las mesas de negociación. La Mesa Minera también acusó a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, ex ESMAD) de influir en los civiles durante sus intervenciones de limpieza de carreteras.
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En su pliego de exigencias, los manifestantes exigieron garantías reales de protección comunitaria, pleno respeto al derecho a la protesta social pacífica y el cumplimiento inmediato de los pactos firmados. A pesar de las acusaciones mutuas y la violencia vial, el sindicato reafirmó su compromiso de defender el trabajo minero.
Hoy, el Bajo Cauca antioqueño está sumido en una profunda incertidumbre. En una situación en la que las autoridades quieren utilizar la fuerza institucional para restablecer el orden y la asociación de mineros declara el asedio, la región se prepara para horas decisivas en las que el restablecimiento de la normalidad parece un escenario por ahora lejano.
