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Las actividades militares y policiales en Buenaventura, que forman parte de la estrategia de choque implementada en el departamento del Valle del Cauca, son una respuesta contundente a
Las actividades militares y policiales en Buenaventura, que forman parte de la estrategia de choque implementada en el departamento del Valle del Cauca, son una respuesta contundente a la creciente problemática de la criminalidad en esta región. Este esfuerzo no es algo nuevo ni sorprendente, dado el historial de conflictos en el área.
La eficacia de estas operaciones ha sido evidenciada a través de una serie de acciones sostenidas contra los núcleos del crimen organizado en el puerto. El último operativo culminó con la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a la pandilla criminal conocida como «Shottas».
Sin embargo, lo que hace que esta captura sea aún más sorprendente es el hecho de que dos de esos detenidos formaban parte de la mesa de diálogo socio establecida por el gobierno nacional, que busca alcanzar un acuerdo de paz con los «espartanos», otra agrupación criminal que ha sido responsable de innumerables muertes en Buenaventura, un puerto clave en la costa del Pacífico colombiano.
Las autoridades intentan influir en grupos fuera de la ley que operan en el área.
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Gobierno del Valle del Cauca
«De los detenidos, dos eran representantes en esta mesa y ahora están bajo custodia. Es crucial comunicar que aquellos que buscan la paz tendrán oportunidades, mientras que quienes perpetúan delitos serán localizados y capturados», afirmó el gobernador de Valle del Cauca, Dilli Francisca Toro, quien también resaltó el impacto de las operaciones realizadas.
En una actividad coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada Colombiana, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, se logró identificar y desmantelar dos instalaciones de producción ilegal en las áreas rurales de Buenaventura. Estas acciones han sido vitales para reducir la influencia de las organizaciones criminales en la economía local.
Según las autoridades, estas operaciones tienen un impacto económico significativo, estimado en unos 5400 millones de pesos anuales sobre las finanzas de la estructura criminal conocida como «Jaime Martínez», un disidente de las FARC liderado por el alias «mordida».
Durante la intervención, se confiscó y destruyó de manera controlada, bajo la supervisión de expertos, una serie de máquinas: tres retroexcavadoras, dos canales de drenaje y dos motobombas. Este equipo había sido utilizado para extraer oro de manera ilegal.
«Esta maquinaria tenía una capacidad de producción mensual de aproximadamente 1500 gramos de oro, traduciendo en pérdidas directas de más de 1,8 mil millones de pesos mensuales para las economías ilícitas», enfatizó un vocero de la Policía del Valle del Cauca.
Además, se constató que estas instalaciones vertían alrededor de 55 kilogramos de mercurio al río Dagua cada mes, lo que repercute negativamente en el medio ambiente, afectando los ecosistemas locales y exponiendo a las comunidades rurales cercanas a riesgos para su salud.
Estructura minera ilegal en las zonas rurales de Buenaventura
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Gobierno del Valle del Cauca
Desde el departamento de policía del Valle, se reporta un golpe significativo en el frente 57 «Yair Bermúdez», un grupo disidente de las FARC que opera en la zona moral de Tuluá. En este operativo, dos de sus miembros fueron capturados, quienes presuntamente estaban involucrados en extorsiones a comerciantes de la región.
Según el coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía de Valle, uno de los detenidos, reconocido como alias Cristian, es infame por su papel en la extorsión dentro de la comuna «del corazón» del Valle del Cauca.
«Durante las redadas se encontró un arma de fuego, y, lo más alarmante, dos artefactos explosivos improvisados que utilizaban para intimidar a comerciantes y a la comunidad local», mencionó la oficial. Esta situación es un reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
Simultáneamente, el gobierno informa que la creación de bolsas de premio para quienes proporcionen información que ayude a prevenir actividades terroristas ha permitido que muchos ciudadanos colaboren con sus denuncias.
Laura Sarabia tuvo una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi
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