Colombia se dirige hacia los animales – Ojo critico
- junio 1, 2025
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Dos proyectos de protección de animales se han convertido en una ley en abril: Angel’s Law (Ley 2455 de 2025), que actualizan las normas policiales y criminales que
Dos proyectos de protección de animales se han convertido en una ley en abril: Angel’s Law (Ley 2455 de 2025), que actualizan las normas policiales y criminales que sancionan el abuso de animales, y la ley de Lorenzo (Ley 2454 de 2025), que lucha por la protección de perros más grande se usa en servicios de seguridad y supervisión.
La ley de Angel aumenta las sanciones debido al uso de los animales y resuelve conflictos normativos Existía entre la Ley de Protección Animal y el Código de Policía, que a menudo obstaculizaba el uso efectivo de las sanciones. Además, explica los procedimientos que los inspectores de policía deben seguir para sancionar estos asuntos y establecer nuevas herramientas de investigación para las autoridades. Por ejemplo, permite que la policía ingrese a la casa cuando el animal está en peligro directo y ordena la creación del camino nacional del uso de animales, que deben cubrir la atención de los animales afectados por el conflicto armado.
Para tu parte Lorenzo Law establece estándares obligatorios del bienestar animal que las compañías que usan perros en servicios de seguridad y supervisión. Por ejemplo, sus recursos más destacados son reducir la edad máxima de los animales en estos servicios, el requisito de mínimos tiempos de recreación y descanso, y fortalecer a las autoridades para examinar y sancionar a las empresas que no cumplen con los estándares o toleran la situación de abuso. Además, la ley requiere que el gobierno promueva tecnologías que contribuyan al reemplazo progresivo de estos animales.
Ambas iniciativas, promovidas por el senador Andrea Padilla, son normas que, en sus propias palabras, intentan «crear un estado para los animales». Esto significa que fortalecen o introducen nuevas habilidades, instituciones y regulaciones de una manera deliberada y coordinada, no solo como una intervención aislada o de caridad, sino también que pagan la deuda de la justicia histórica con ellos.
Por ejemplo, tanto las disposiciones asignan competencias y obligaciones a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección de Bienestar Animal y Social (Sinapyba), creado en el último Plan Nacional de Desarrollo y ahora bajo regulación. Este nuevo sistema tiene como objetivo formular todas las entidades, normas y políticas relacionadas con la protección de los animales, incluidos los sectores de salud, agricultura y medio ambiente, para garantizar la atención estatal integral y coordinada para los animales. En resumen, estos son dos derechos con un mensaje claro: los animales son importantes y debe contribuir a su floración.
Hacia el zopolis
La creación de un «estado animal» comienza con el reconocimiento de que nuestra comunidad política también consiste en individuos de otras especies, que tienen las necesidades e intereses que el estado debe proteger. En otras palabras, que el estado no debe ser la tiranía de un hombre con no humano, sino zopolis: orden social en el que las personas y otros animales coexisten honestamente.
En Zoópolis: Teoría política de los derechos de los animales, los filósofos canadienses Sue Donaldson y Will Kymlicka proponen esta transformación exactamente. Según su teoría, los animales pueden dividirse en tres categorías políticas: (i) hogar (como gatos, perros, vacas y pollos), que deben considerarse ciudadanos y miembros activos de la comunidad política; (ii) jabalíes, que deben considerarse como miembros de la comunidad autónoma soberana, y (iii) limution (o ciudad salvaje, como palomas), que deben considerarse como residentes del territorio, con leyes básicas, pero sin todas las garantías ofrecidas por la ciudadanía.
Históricamente, las disposiciones sobre la protección de los animales se crearon a partir de otro paradigma: separación categórica de personas y animales, en el que solo el primero participa en la construcción de acuerdos políticos, mientras que el último «no tiene voz» y apenas son contenedores pasivos sobre las consecuencias de estas decisiones.
En este modelo, la protección de los animales no se basa en reconocer sus derechos o valor moral interno, sino en la usabilidad o conveniencia de esta prohibición para las personas. Por ejemplo, están protegidos contra la crueldad excesiva o «innecesaria», porque en última instancia puede traducirse en mayor violencia contra otras personas. En este enfoque tradicional, las regulaciones ofrecen principalmente protección negativa contra el sufrimiento, es decir, se limitan a decir lo que no se puede hacer.
Por otro lado, los animales son vistos como agentes en la vozque dividen nuestro territorio en varios medios y con los que tenemos deberes. Comprender a los animales como los agentes políticos lo implica, por ejemplo, considerándolos. Esto significa considerar sus intereses y necesidades antes de tomar decisiones políticas y legales que los influyan.
Por lo tanto, las leyes que comienzan con el reconocimiento de los animales como elementos legales y políticos tienen una protección más amplia que incluye las obligaciones positivas del estado. En este caso, por ejemplo, la ley de Angel y Lorenzo no solo prohíbe el comportamiento constitutivo del abuso, sino que también crea nuevas instituciones, rutas de atención y permisos que violan activamente el estado para garantizar que los animales llevan una vida decente.
Camino al trabajo
La creación de un estado real para los animales requiere, además de los marcos regulatorios, la participación de los funcionarios y un cambio cultural profundo, en el que los animales dejan de ser vistos como recursos de segunda clase, objetos o formas de vida.
Es por eso que es particularmente importante que la ley del ángel ordene a los inspectores de policía de capacitación en todo el Territorio Nacional, así como a los funcionarios de la Corte y la Oficina del Fiscal para asegurarse de que sus decisiones fueran «cuidadosas» y «simpáticas».
La construcción de Zopolis requerirá voluntad política, inversiones públicas, supervisión de los ciudadanos, la participación de varios sectores y, sobre todo, la transformación ética, que termina el paradigma de la supresión humana sobre los miembros de otras especies. Esto no es una utopía, sino otro paso lógico en el estado social del derecho, que se esfuerza por ser realmente democrático, honesto e integración.
Literario y abogado de la Universidad de Los Andes. Editor de razones públicas. (**) La razón pública es el centro de pensar en un buen trabajo, que finge que los mejores analistas tienen una mayor frecuencia de toma de decisiones en Colombia.
