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<p>En un contexto alarmante, <b>Ejemplos de condena, en el medio de uno de los eventos más graves de violencia electoral en el país en 2023.</b> El caso se desarrolló en Valledupar (CESAR) cuando el <b>Sistema de justicia penal especialista</b> emitió una sentencia de <b>20 años de prisión en Yuberlys Bermúdez Rubian</b>. Este fallo tuvo lugar el 28 de octubre durante el proceso de elecciones regionales, un momento crítico en el que la complejidad de la democracia se enfrenta a graves amenazas.</p>
<aside class="c-add c-add-300x300"/><p>Según la sentencia de primera instancia, <b>tres convictos fueron reconocidos como responsables de delitos graves relacionados con un asesinato, un intento de asesinato y el uso de fuego.</b>. Estas sentencias no sólo conllevan privación de libertad <b>sino que también implica una multa de 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes</b>. Además, el juez determinó que deben cumplir su tiempo en prisión bajo condiciones de máxima seguridad, subrayando la gravedad del caso.</p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">Julio Rojas Marín, ex candidato para el Ayuntamiento de Gamarra (CESAR).</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">    Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Redes sociales</span></p></figcaption></figure><p>En la audiencia, el Fiscal General de la Nación presentó un amplio conjunto de documentos, opiniones y evidencias audiovisuales que permitieron reconstruir de manera detallada los hechos y evidenciar la responsabilidad directa de los acusados en el ataque. <b>El juez especialista organizó de manera exhaustiva la teoría presentada por la entidad acusadora, prestando especial atención a las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos presenciales</b>, que incluían tanto a funcionarios de registro como a residentes cercanos.</p>
<h3><u>Ataque y fuego en medio de la protesta</u></h3>
<p>El <b>ataque se produjo durante una manifestación violenta desencadenada por la decisión del Consejo Electoral Nacional, que supuestamente favorecía el interés político de un candidato local.</b> La concentración, que inicialmente se llevó a cabo frente al Registro Municipal de Gamarra, pronto escaló en disturbios y vandalismo, culminando en un incendio devastador que destruyó gran parte de la sede institucional.</p><p>Las evidencias muestran que <b>Isaiah Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, llegaron al lugar en un coche de bebé, donde escondieron un recipiente de plástico lleno de gasolina.</b> Una vez en las inmediaciones del edificio, estos proporcionaron el combustible a William Castro Torrado y a otras dos personas aún no identificadas, quienes iniciaron el ataque rociando e incendiando la propiedad.</p><p>Este procedimiento criminal <b>resultó en la muerte de un empleado de registro que se encontraba atrapado dentro del edificio y provocó lesiones graves a otras seis personas, incluyendo al personal logístico y a ciudadanos que estaban realizando trámites.</b> Muchos heridos requirieron tratamiento prolongado y aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas significativas, destacando el impacto de la violencia electoral.</p>
<h3><u>Responsabilidad comprobada y multa máxima</u></h3>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">Convicto</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">    Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Fiscalía</span></p></figcaption></figure><p>Durante el proceso judicial, <b>la oficina del fiscal presentó pruebas forenses recolectadas en el sitio del incendio, informes de expertos en incendios y testimonios relevantes.</b> Estos elementos evidencian que el incendio fue provocado utilizando un acelerante inflamable. Además, <b>los testimonios de vecinos permitieron situar a los procesados en la escena del crimen y se obtuvieron grabaciones del área que demostraban la manipulación de un tambor de gasolina por parte de los involucrados.</b></p><p>El juez llegó a la conclusión de que había una clara planificación previa y que los acusados actuaron con total conocimiento del daño que podrían causar, sin que se presentara una situación de defensa propia o una reacción espontánea. <b>La sentencia de 60 años de prisión es lo máximo permitido por la legislación colombiana para este tipo de delitos.</b></p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">Convicto</span><span class="c-cuerpo__media__creditos">    Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Fiscalía</span></p></figcaption></figure>
<h3><u>Reacciones y demanda en curso</u></h3>
<p>A pesar de que la condena ha sido bien recibida por las familias de las víctimas y por agencias de control electoral, se trata solamente de la primera instancia en el proceso judicial. Los abogados defensores han afirmado que interpondrán los recursos de apelación necesarios, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema en Valledupar en los meses que siguen.</p><p>La oficina del fiscal enfatizó que esta decisión establece un precedente importante en la lucha contra la violencia política y electoral, un fenómeno que ha proliferado en diferentes regiones del país. "No toleraremos el miedo o la violencia en nuestros procesos democráticos. La justicia ha hablado e impuesto un castigo ejemplar a los responsables de este terrible evento", expresó uno de los fiscales del caso.</p><p>Además, la Oficina del Fiscal General manifestó su apoyo a esta decisión judicial y llamó a las autoridades a continuar el proceso de identificación y captura de otros implicados, pues se cree que al menos dos personas más participaron directamente en la ejecución del incendio.</p><p>La Comuna de Gamarra, situada en el sur de César, ha vivido días de gran tensión y ansiedad tras el ataque a su registro, en medio de un clima de alta polarización política. Con esta resolución, se espera que se comience a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de las elecciones de 2023 en el país.</p>
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