Contratos de 18 983 a 27 387 millones
- mayo 16, 2025
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El fiscal general de la nación ha revelado detalles preocupantes sobre el ex gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, en relación con diversas irregularidades que se han
El fiscal general de la nación ha revelado detalles preocupantes sobre el ex gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, en relación con diversas irregularidades que se han presentado en el ejecutado Plan de Alimentos de la Escuela (PAE). La investigación ha informado que el costo del programa pasó de un valor inicial de 18,983 millones de pesos a 27,387 millones, un incremento considerable que despierta dudas sobre la gestión y la administración de los recursos públicos.
Según las acusaciones, Martínez Romero autorizó el programa sin una planificación adecuada. Desde el inicio, se manifestaron múltiples inconsistencias, dejando en evidencia que el programa de alimentos para estudiantes en 25 municipios del departamento resultaba ser mucho más costoso de lo previsto. Este es un tema de suma importancia, ya que afecta directamente a la alimentación de los niños en las escuelas oficiales, crucial para su desarrollo y educación.
¿Qué había establecido este Acuerdo con PAE?
El contrato en cuestión fue formalizado el 5 de junio de 2017, con el objetivo de proporcionar suplementos de alimentos para los niños inscritos en las escuelas oficiales de succión. Sin embargo, la oficina del fiscal ha afirmado que este proceso se realizó sin llevar a cabo investigaciones serias previas y con especificaciones que parecían favorecer propuestas que no cumplían con los requisitos básicos exigidos. Esta falta de rigor es alarmante, pues resulta fundamental garantizar que las ofertas cumplan con los estándares necesarios para asegurar la calidad de los alimentos ofrecidos a los estudiantes.
La oficina del fiscal acusó al ex presidente del delito de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.
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Gobernación
Las fallas presentes no se corregieron antes de la firma del contrato, lo que llevó a una extensión del período de rendimiento que fue de 104 a 146 días. Este aumento de costos se relaciona directamente con la administración de personal de apoyo y auditoría. Según la acusación, el presupuesto se incrementó de 18,983 millones a 27,387 millones de pesos.
Además, el contrato se liquidó en marzo de 2018 sin contar con las firmas del supervisor designado o del entonces gobernador. El delegado del fiscal ante la Corte Suprema ha señalado que esto demuestra la falta de rigor en el monitoreo y culminación del proceso, lo que resulta inaceptable en la gestión de recursos públicos.
Por estas razones, el fiscal ha acusado a Martínez Romero de un delito conocido como «Acuerdo sin cumplir con los requisitos legales», lo cual implica una omisión de pasos esenciales que son necesarios para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
El valor inicial del contrato fue de 18,983 millones de pesos.
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Archivo/tiempo
Martínez Romero tenía un registro disciplinario
No es la primera vez que el ex gobernador enfrenta cuestionamientos en torno a la contratación pública. En mayo de 2024, la oficina del fiscal general decidió imponer una suspensión de nueve meses a Martínez Romero debido a irregularidades en un contrato para estudios y proyectos relacionados con comedores escolares y baterías sanitarias.
En este caso, se determinó que las especificaciones estaban redactadas de manera que limitaban la participación de potenciales oferentes, ya que requerían experiencia exclusiva con entidades públicas e instituciones educativas, lo que obstaculizó la competencia.
Asimismo, el entonces secretario de la infraestructura, Antonio Carlos Peralta Sánchez, también fue suspendido por ocho meses debido a problemas en el desarrollo de estudios previos, los cuales sirvieron de base para el CM-004-2019 Concurso de mérito.
A pesar de estas sanciones disciplinarias, ambas se han consolidado en los salarios que se calculan, y aunque sus funciones ya han cesado, la suspensión no pudo llevarse a cabo. Actualmente, la Oficina del Fiscal General se encuentra ante los recursos de apelación que han sido presentados a la Cámara Disciplinaria de Elecciones Públicas.
El contrato se liquidó en marzo de 2018, sin las firmas del supervisor y del gobernador en ejercicio.
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Ayuntamiento
Los siguientes pasos en el juicio
Con la formulación de las cargas, la Corte Suprema debe decidir si acepta el enjuiciamiento y abre el juicio contra Martínez Romero. De ser así, el ex gobernador tendrá la oportunidad de presentar pruebas y defenderse ante la Corte.
Aún no se conocen declaraciones de defensa o solicitudes de versiones libres de Martínez Romero. Hasta el momento, no se han registrado precauciones por parte de entidades de control.
La investigación del fiscal se centra en determinar si existió intención o simplemente negligencia en la gestión del PAE. La acusación sostiene que las múltiples omisiones y la falta de control constituyen una violación del procedimiento que regula el uso de recursos destinados a la alimentación de niños escolares.
En conclusión, la Corte Suprema tendrá la última palabra respecto a un posible juicio y sobre las sanciones, con la responsabilidad que podría recaer sobre Martínez Romero.
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Tiempo
Danna Valeria Figueroa Rueda
Escuela de periodismo multimedia
