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Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga requirió que doce entidades nacionales entregaran suministros dentro de un período específico máximo dos días hábiles, un informe sobre las medidas adoptadas ante
Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga requirió que doce entidades nacionales entregaran suministros dentro de un período específico máximo dos días hábiles, un informe sobre las medidas adoptadas ante un peligro vial que afecta a varias regiones de Santander.
La autoridad judicial ordenó Ministerio de Transporte, Invías, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Ministerios de Hacienda y Salud, Departamento Nacional de Planificación (DNP), Vigilancia de la Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Procuraduría General de la República, Defensoría del Pueblo y Gobierno de SantanderProporcionar información detallada sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis.
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Según el fallo, los informes deben ir acompañados de documentos que confirmen si las autoridades locales o los líderes comunitarios advirtieron con antelación sobre el deterioro de las condiciones de las carreteras antes de los derrumbes, y si las entidades nacionales respondieron o ignoraron estas alertas, informa «Blu Radio».
Las operaciones de deportación masiva continúan bajo la supervisión de agencias de ayuda. Foto:Facebook: Jorge Evelio Palomino López ·
La situación más crítica se da en la vereda Zarandas, en la comuna de Vélez, sobre la famosa Troncal del Carare.
Allí, según datos proporcionados por «Caracol Radio», la situación de crisis se prolonga desde hace más de una semana y el saldo es de aprox. 350 hectáreas están afectadas, 90 familias han sido desplazadas y grandes áreas se encuentran sin servicios energéticos.
Las operaciones de deportación masiva continúan bajo la supervisión de agencias de ayuda. Sin embargo, las autoridades de infraestructura aún no han presentado una solución final.
Invías mantiene su decisión de permitir rutas alternativas para mitigar los efectos del cierrey por ello ha evaluado varios corredores, entre ellos el que atraviesa los municipios de Landázuri y Bolívar, considerado el más factible hasta el momento.
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Aunque no hay confirmación oficial por parte del Instituto Nacional de Vialidad sobre la aprobación de este corredor, varios vecinos y transportistas han comenzado a hacerlo Úselo porque necesita mudarse a diferentes partes del departamento.
Concejales de la región advirtieron que la vía sufrió graves daños y suponía un peligro para los conductores.
«Esta vía está bloqueada en este punto, creando un peligro para los autobuses cargados de pasajeros que podrían deslizarse por la vía.”, condenó Jeffer Vargas, concejal del municipio Bolívar.
La carretera que conecta Landázuri con los pueblos de Vélez, San Martín, Santa Rosa y Palo Blanco también reportó derrumbes de puentes y cortes de agua en áreas cercanas, lo que según las comunidades podría empeorar la situación.
«Hay demasiadas interrupciones de agua cerca del puente, por lo que si le pedimos al Invías que reabra esta importante vía porque nadie impide su paso, campesinos y vecinos de los sectores Santa Rosa, La Hermosura y El Godo exigen… que hagan trabajos de mantenimiento porque la vía en su estado actual no aguanta.– preguntó un miembro de las autoridades de la ciudad.
Aunque el paso debería limitarse a los vehículos de reparto, el propio concejal confirmó que cada día circulan grandes volquetes por el corredor 23, aumentando el riesgo de nuevos derrumbes.
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Ante la falta de soluciones efectivas, vecinos de municipios como Landázuri, Vélez, Oiba y Barbosa han presentado un recurso de protección exigiendo respuestas.
El recurso fue aceptado, entre otros, por Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga luego de que la Fundación Ciudadana Metropolitana interpusiera demandarepresentado por el abogado Sergio Arenas, como agente no oficial de la comunidad.
La protección tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, la mínima básica, el transporte y la seguridad personal de miles de personas que han sido afectadas por la crisis vial en la carretera nacional 45A y Transversal del Carare.
Las comunas representadas en la campaña incluyen: Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe, Palmar y el área metropolitana de Bucaramanga.
#Caminos | “Hoy alzamos nuestra voz, unidos como región”. En el documental, Alianza por Santander exige soluciones para restablecer la conectividad vial en Stder tras las emergencias provocadas por los desalojos masivos y los colapsos de vías en la Autopista Troncal del Carare y la Ruta 45A. pic.twitter.com/zeW7mFFFsA
— Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) 9 de noviembre de 2025
Al llamado de la comunidad se sumaron empresarios y dirigentes sindicales que integran la Alianza por Santander. En un video difundido públicamente, representantes de asociaciones agroindustriales enfatizaron que la paralización de carreteras afecta la economía de la región y la seguridad alimentaria del país.
«El departamento de Santander es una región agroindustrial muy activa, parte de la cual es el sector avícola, cuna de la producción de huevos y pollos. Si las carreteras colapsan, también colapsará la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Sin conectividad no hay inversión”, dijo Martha Ruth Velásquez, directora ejecutiva de Fenavi Santander.
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Los sindicatos esperan que la presión judicial y social motive un pronunciamiento del gobierno nacional con compromisos concretos de inversión y trabajo en los corredores más afectados, especialmente en Carare Trunk.
*Este contenido fue escrito utilizando inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgada a los medios. Además, fue revisado por un periodista y editor.
JOSÉ GUERRERO
ALCANCE DIGITAL EDITORIAL
