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El nuevo agente interventor de la Nueva EPS es el exsenador y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quien llega al cargo como designado del presidente Gustavo Petro
El nuevo agente interventor de la Nueva EPS es el exsenador y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, quien llega al cargo como designado del presidente Gustavo Petro a la aseguradora más grande del país que ha venido en un limbo jurídico y administrativo. El pasado 3 de abril se vencieron los términos de la intervención.
Jorge Iván Ospina. Foto:REDES SOCIALES
La Nueva EPS es, además, uno de los mayores deudores de hospitales públicos y clínicas privadas en el territorio nacional y en el Valle del Cauca, donde los pasivos en esta última región superan mucho más de los 3 billones de pesos. Son instituciones sumidas en crisis y con el riesgo de más cierres, como prestadoras de salud o IPS.
Ospina, médico de profesión, reemplaza a Luis Óscar Galvis, quien había sido nombrado como agente interventor a finales de 2025. En marzo pasado, el presidente Petro le pidió la renuncia.
No obstante, la designación como interventor de la Nueva EPS se conoce en medio de diversas opiniones y líos jurídicos con cuestionamientos que el exsenador ha venido enfrentando durante dos lapsos en casi 20 años, tiempo durante el cual ejerció como el alcalde de Cali. La primera ocasión ocupó el máximo despacho de la Administración distrital dirigiendo a los caleños entre 2008 y el 2011. Su segundo mandato en la Alcaldía de Cali lo ejerció entre el 2020 y el 2023.
Contra el exalcalde se han abierto más de 60 investigaciones en estas dos últimas décadas por parte de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, tras conocer denuncias. No obstante, la mayoría han sido archivadas por los pocos avances.
Mientras que la seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación informó a EL TIEMPO, este 13 de abril, que hay cuatro procesos activos y en curso en este 2026 contra el exalcalde Ospina, tres de los cuales se encuentran en etapa de indagación y bajo reserva sumarial, y el cuarto se refiere a presuntas irregularidades en un contrato que corresponde al del alumbrado navideño de la capital vallecaucana, en 2020. Por este caso, Ospina aún sigue en juicio y lo está desde que fue acusado, después de ser imputado desde hace dos años.
Esto significa que el exalcalde ha sido cuestionado y ha estado bajo la lupa, con dos imputaciones de cargos por la Fiscalía, una de las cuales alcanzó la fase de juicio. Claro está que hasta ahora no hay una decisión que implique algún tipo de condena contra el exalcalde Ospina, sino investigaciones, cuestionamientos y procedimientos de los entes de control y de la Fiscalía sobre su gestión durante los dos mandatos en la Alcaldía de Cali.
En esta historia, una de las primeras investigaciones por parte de la Contraloría y la Procuraduría de hace más de una década que no avanzó tuvo que ver con cuestionamientos de estos entes de control por obras para la adecuación del estadio Pascual Guerrero por el Mundial de Fútbol sub-20 en 2011.
Se cuestionó la adquisición de la pantalla LED por un costo 37 veces mayor a su valor real. Según la Contraloría de Cali, “(…) este gasto ocasionó un presunto detrimento al patrimonio público, por la suma de 622’197.614 pesos, si se compara con el valor de adquisición de las sillas en Armenia, y por 843’064.166 pesos, si se compara con Pereira».
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia en enero de 2015, un año después de haberse posesionado como senador. Luego, la Corte remitió el caso a la Fiscalía para que continuara la investigación.
Jorge Iván Ospina. Foto:Cancillería
El Juzgado Octavo Penal del Circuito de la ciudad recibió el caso desde 2019 por el contrato por 460 millones de pesos que el 4 de abril de 2008 firmó Pedro Luis Barco, quien se desempeñaba como secretario general del municipio en la administración de Ospina. Se suscribió con la agencia de publicidad Visión Digital Comunicación Estratégica Ltda.
Este es el contrato por el cual, la Fiscalía le imputó cargos a Ospina, la primera de dos que le han hecho. Fue el 8 de mayo de 2019 por el presunto delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos. Este señalamiento fue en plena campaña electoral hasta que asumió la Alcaldía bajo esta imputación, un proceso que no ha pasado a la etapa de juicio.
Jorge Iván Ospina durante su segunda etapa como alcalde de Cali. Foto:Alcaldía de Cali
En medio de este panorama, Ospina señaló que hubo «una campaña sucia» en su contra, por la que solicitó rectificación a quienes lo habrían venido difamando y poniendo su vida bajo riesgo, en ese entonces.
El polémico contrato de publicidad por 460 millones de pesos tuvo dos momentos. Primero se anuló y luego tuvo una segunda contratación, pero no con una sociedad limitada como en un comienzo, sino con una persona natural.
El objeto de la polémica contratación fue el diseño de la publicidad y la socialización de programas del municipio de Cali, como marca de gobierno, que incluía el Plan de Desarrollo y una Constituyente Social hace 18 años.
El secretario general de la Alcaldía de Ospina en ese 2008 era Pedro Luis Barco, a quien la Procuraduría Provincial de Cali le abrió pliego de cargos en octubre de ese mismo año y lo hizo seis meses después de la firma del contrato con Visión Digital Comunicación Estratégica Ltda. Sin embargo, a partir de allí comenzaron los interrogantes, pues la Procuraduría advirtió que la sociedad Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada “se habría constituido dos días antes de la firma” del contrato en cuestión.
El Ministerio Público también señaló en esa época que “la Procuraduría Provincial de Cali al elevar el pliego de cargos cuestionó, además que el contrato hubiese sido firmado sin el visto bueno del comité de contratación» y haber sido disuelto dos días después de su constitución para posteriormente firmar un nuevo contrato generó mayores dudas. Esta firma se hizo con Guillermo Eduardo Lombana Zapata como persona natural, quien anteriormente se había desempeñado como el representante jurídico de la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica Ltda.
Jorge Iván Ospina. Foto:Redes sociales
Ante la polémica, EL TIEMPO buscó en ese momento a Lombana Zapata, un publicista nacido en Bogotá, cuya cédula de ciudadanía fue expedida en el municipio vallecaucano de Yumbo.
Lombana explicó que desde el 17 de julio de 2001 tuvo registro en la Cámara de Comercio de Cali como Guillermo Eduardo Lombana Vissión Digital y que mucho antes de eso ya venía laborando en la creación de campañas publicitarias para entidades, tanto públicas como privadas.
El publicista, egresado de la Academia de Dibujo Profesional, señaló que en ese 2008, cuando Ospina empezó su primer mandato como alcalde, esta Administración lo buscó para trabajar en la marca de gobierno pero, según Lombana, consultó con un abogado si no había problema en que la contratación no se hiciera bajo persona natural porque temía por su vida por amenazas e intimidaciones, precisamente relacionadas con una contratación previa, también con un estamento público.
Lombana, hijo de un general de las Fuerzas Militares, dijo que este abogado le habría contestado que podía constituir una sociedad y que la experiencia de los socios era soporte suficiente para la misma. Fue así, afirmó el publicista en ese entonces a esta casa editorial, que constituyó con su esposa la sociedad Visión Digital. “Pero cuando reventó el escándalo y dijeron que era una empresa de garaje que nunca ha sido así porque yo ya venía con experiencia, el contrato se rescindió y no recibí ningún pago”, había dicho a EL TIEMPO.
No obstante, manifestó que la contratación continuó y avanzó, pues luego se suscribió un nuevo contrato por el mismo monto, los 460 millones de pesos, pero como persona natural con su establecimiento registrado en la Cámara de Comercio caleña desde el 2001. Aseguró que por esa segunda contratación sí recibió el dinero y se puso en marcha hasta diciembre de aquel 2008.
Lombana señaló que no había cometido ningún acto ilegal, pues reiteró que el problema radicó en el primer contrato, “pero nunca se pagó, no hubo ni acta de inicio porque se rescindió».
Al tiempo, abogados del exalcalde Ospina dijeron que su defendido no fue vinculado por la Fiscalía como determinador en ese proceso, debido a que había designado a funcionarios para esa tarea.
En 2023, la Contraloría General de la República dispuso el embargo y la congelación de 26 cuentas bancarias de Ospina antes de finalizar su segunda alcaldía, al igual que de siete bienes inmuebles (entre garajes y un apartamento). De ese monto, se embargaron cinco cuentas de entidades financieras. Las demás fueron congeladas.
Según la Contraloría, el contrato en cuestión implicó a la Imprenta Departamental del Valle del Cauca Imprectics y a la Unión Temporal Windetec para el mantenimiento de cámaras de seguridad de Cali. Esta investigación tampoco ha avanzado, cuyo detrimento patrimonial, de acuerdo con la Contraloría General de la República, habría sido de más de 1.854 millones de pesos.
La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción ha venido indagando presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras, a cargo de la secretaría de Seguridad del distrito. Se investigan pagos para la instalación de los dispositivos.
Asimismo, según la Contraloría, aún se investigan contratos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), relacionando, además a excontratistas y a exgerentes de la empresa de servicios públicos de la ciudad por el manejo de recursos entre las vigencias de 2019 y 2022, durante el segundo mandato de Ospina.
Por ese tema, la Contraloría ordenó ampliar el alcance de la actuación fiscal iniciada en Emcali para cubrir una parte de la vigencia de 2022, así como las de 2019 a 2021 y atender varias de las denuncias recibidas en una audiencia pública de hace tres años.
Según la Contraloría, para ejercer este control prevalente se tuvieron en cuenta denuncias fiscales, alertas tempranas e insumos informativos presentados por la ciudadanía, además que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) realizó un informe de analítica de datos sobre la contratación a partir de una muestra selectiva que comprendía esas vigencias fiscales de 2019 a 2022. Este fue un periodo en el que se habrían gestionado 115.094 contratos por 6,2 billones de pesos, de acuerdo con la Contraloría.
Uno de los contratos en 2022 de Emcali y que hizo parte de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República fue el de un centro de control inteligente y 100.000 medidores en la ciudad. Se trata del contrato 500-CS-2039 de 2022 con el consorcio AMI, por encima de los 215.000 millones de pesos, cuya minuta fue la que difundió hace dos años, tanto por denunciantes como el Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), en el Concejo de Cali, como en redes sociales.
Esa minuta en particular tiene un cuadro con el nombre ‘Formulario de ‘cantidades y precios’, en cuya vigésima séptima cláusula aparece el florero de Llorente: 10.12, un televisor de 55’ Smart Led para salas de reuniones, precio unitario 42’897.987, pero son dos para un total de 85’795.974.
También se lee en el punto 10.13, video wall para salas de trabajo de 763 millones como valor unitario. Serían dos en total de1.527’529.052. En esa época, la entonces gerencia de Emcali explicó a EL TIEMPO que no era solo «un televisor de 55 pulgadas» por casi 43 millones de pesos, como se leía en la minuta, y que era en realidad un monitor industrial.
No obstante, estos procesos siguen igual que los anteriores, sin avances.
En ese 2023, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde Ospina y al exsecretario de Cultura de la ciudad José Darwin Lenis Mejía, por presuntas irregularidades en la organización de la Feria de Cali de 2020.
Ospina fue sancionado por este caso en primera instancia con cuatro meses de suspensión, causando diversas reacciones en la ciudad. Para el abogado, veedor y exfiscal Élmer Montaña, la medida no fue un castigo y calificó esta decisión como un premio al exmandatario y exsenador.
De acuerdo con esa investigación de la Procuraduría, «al parecer el convenio firmado entre la ciudad y la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) para su organización se habría firmado presuntamente por 11.955 millones de pesos sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues habría sido fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19».
Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, “cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.
El órgano de control señaló que el exalcalde Ospina presuntamente habría podido incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del entonces secretario de Cultura Lenis Mejía, «pues no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales».
Tras la sanción de cuatro meses, en ese fallo de primera instancia, el Ministerio Público calificó la falta cometida como «grave con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer, pues según la Procuraduría tenía (…) la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actuar de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la administración municipal”. En el caso de Lenis Mejía, para el Ministerio Público esa falta fue considerada como gravísima a título de culpa gravísima. Por este caso, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por nueve años al exsecretario de Cultura del distrito.
El contrato que desde 2024 hasta ahora todavía tiene en aprietos a Ospina es el del alumbrado navideño de Cali por 10.334 millones de pesos, bajo la modalidad de convenio interadministrativo, el cual fue celebrado el 26 de agosto de 2020.
Fue hace dos años, el 29 de enero de 2024, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Ospina por el presunto delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales por el alumbrado navideño de ese 2020. Fue la segunda vez por parte de la Fiscalía. Ahora, el proceso continúa en la etapa de juicio, tras haber sido formalmente acusado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali había radicado la solicitud de formulación de imputación contra Ospina a finales de 2023, así como contra el exdirector de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (Uaesp) Marco Aurelio Vera Díaz y el exgerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) Juan Diego Flórez.
Según las respuestas que dieron en la entonces en la alcaldía de Ospina tenían relación con que en el alumbrado participaron Emcali, debido a que es la empresa de servicios públicos de la ciudad, y la Uaesp es la entidad que dirige, coordina y controla los programas y proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos de conformidad con los planes distritales y nacionales.
Los hechos materia de investigación están relacionados con el contrato cuyo monto exacto es el de 10.334’292.032 pesos. El material probatorio da cuenta de que en «la celebración del contrato se habrían desconocido las normas aplicables a la contratación pública», informó la Fiscalía.
El alumbrado navideño en cuestión se llamó ‘Cali unida por la vida’ y fue un alumbrado móvil en vehículos que recorrieron las calles de la ciudad, en diciembre, como la tradicional calle Quinta que une el norte con el sur de Cali.
Debido a que 2020 fue el año en que empezó la pandemia por coronavirus, la enfermedad letal que azotó a todo el planeta, el concepto del alumbrado navideño de aquel entonces fue sobre la prevención de este mal. Por ello, muchas de las figuras del alumbrado se transportaban en tractocamiones, representando a médicos y a enfermeras que combatieron la enfermedad.
«Cada vez que adelantamos un programa exitoso o una inauguración nos revientan una papeleta», había dicho Ospina en esa época.
El abogado y exfiscal Élmer Montaña ha sido veedor de la contratación pública de Cali. Inclusive, fue quien interpuso la denuncia por el alumbrado navideño de la ciudad.
«A mediados del año 2021 comenzamos a hacer seguimientos a esas investigaciones y las respuestas que nos dieron en la Fiscalía siempre fueron las mismas, que estaban recogiendo elementos materiales de prueba. Presentábamos los derechos de petición y esas eran las respuestas que nos daban de manera permanente», dijo Montaña.
Añadió que ni esa ni otras investigaciones han tenido resultados. «En este momento, el proceso por el alumbrado navideño está en juicio, pues Ospina fue acusado, tras ser imputado pero la Fiscalía nunca reporta el estado de este y de otros procesos. Es preocupante que las investigaciones no avancen. En el caso de la imprenta lleva cinco años y nada. Pareciera que en Cali no hay corrupción, pero no porque no se denuncie, sino porque no pasa nada por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría», sostuvo el abogado litigante.
Agregó que las audiencias se aplazan y que no es solo en la Fiscalía, también sería por parte de la Contraloría y la Procuraduría. «Hay un desinterés de la señora fiscal general de la Nación», manifestó Montaña.
Cuando el exalcalde fue imputado por el contrato del alumbrado navideño, respondió hace dos años: «Aunque una imputación no es una condena, genera desasosiego, tristeza, daño reputacional y afectación a la familia, además que podría alejar la posibilidad de asumir responsabilidad pública mayor y demanda pago de abogados».
También dijo en 2024: «El asunto es el siguiente, según el operador penal (fiscal), Emcali no cumple con los requisitos para adelantar un contrato directo con la Alcaldía para realizar el alumbrado navideño, cosa contraria a la que piensa la Administración, dado que Emcali tiene la responsabilidad desde el año 2000 de prestar el servicio de alumbrado, labor que lleva prestando 23 años de manera no interrumpida y que seguirá prestando hasta el año 2030 y que en más de una ocasión realizó el alumbrado navideño, como también lo hace EPM en Medellín y en una veintena de municipios, además de cumplir más de 80 años prestando el servicio de distribución, comercialización y venta de energía insumo esencial para el alumbrado navideño».
Entre los cuestionamientos, los veedores también han hecho señalamientos contra un primo y un hermano de Jorge Iván Ospina. Con un primo, presuntamente, cuando era alcalde se habrían suscrito contratos por 63.000 millones de pesos en total.
Sobre uno de los hermanos de Ospina, el caso no ha pasado de versiones que han surgido en la Alcaldía de Cali de exfuncionarios y entre algunos de quienes fueron secretarios en su gabinete. Pero no hay un proceso judicial que sustente esos señalamientos.
El hermano de Ospina, de acuerdo con estos exfuncionarios, habría sido señalado como una persona que habría ejercido gran influencia a la hora de hacer contratos en la misma Alcaldía de Cali.
EL TIEMPO llamó al exalcalde Ospina y le dejó mensajes en su WhatsApp para conocer su postura frente a los casos de investigaciones que ha tenido a lo largo de sus dos mandatos en la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca, además de saber cuáles son las acciones ante millonarias deudas de la Nueva EPS que tienen en grave crisis a hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad y de todo el departamento, tras su designación como el nuevo agente interventor. EL TIEMPO está atento a una respuesta.
