9621 Agnes Crossing, Lake Suzanneview, New Mexico Island 84604-9295.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, lanzó una contundente advertencia durante el reciente Congreso Nacional de Municipios, celebrado esta semana en Cartagena. Desde el 30 de junio,
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, lanzó una contundente advertencia durante el reciente Congreso Nacional de Municipios, celebrado esta semana en Cartagena. Desde el 30 de junio, los líderes territoriales se verán obligados a asumir una carga financiera considerable, que, según el funcionario, resulta insostenible y desbalanceada.
Esta situación se deriva de una decisión judicial, que cuenta actualmente con un nivel de ley, en la que se dictaminó que los gobernadores y alcaldes son responsables de financiar la alimentación de las personas privadas de libertad en las reacciones inmediatas (URI) y en estaciones de policía.
“Nos veo obligados a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la comida escolar para nuestros hijos”, exclamó Arana, con una voz firme y decidida. “Si bien comprendemos el componente humanitario que implica esta cuestión, no considero que deba ser una responsabilidad de las entidades territoriales”, agregó, manifestando su evidente malestar.
La regla en cuestión se originó a partir de una decisión del Tribunal Constitucional en 2022, y fue reformulada por el Congreso, trasladando a las entidades territoriales la responsabilidad de asegurar condiciones dignas para los detenidos en los centros de separación de tránsito, como respuesta a problemas de sobrepoblación y a numerosas quejas sobre violaciones de derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
No obstante, para muchos líderes locales, la transferencia de estas responsabilidades sin la correspondiente asignación de recursos representa un severo impacto en sus finanzas públicas. En Bolívar, aproximadamente 3.000 personas permanecen detenidas en las estaciones de policía y URI, lo que implicaría una carga financiera millonaria para un presupuesto departamental que ya enfrenta restricciones graves para atender áreas críticas como la salud, la educación, y las necesidades básicas de saneamiento.
“Este nuevo compromiso infringe nuestra autonomía fiscal. Es completamente injusto que el Tribunal, que valoramos profundamente, autorice medidas que ignoren la realidad presupuestaria de los departamentos”, afirmó Arana Paduí. “Nos responsabilizan de algo que es imposible asumir. Nuestros ingresos son limitados y recurrentemente se ven reducidos, y ahora corremos el riesgo de sacrificar programas sociales fundamentales”, agregó con un tono de preocupación.
Además, el gobernador cuestionó silentes acerca del gobierno nacional respecto a la falta de recursos para afrontar esta nueva carga. “Lo mínimo es que se realice una evaluación del impacto fiscal. La carga no puede ser impuesta desde el centro del país sin considerar la capacidad real de financiamiento de las entidades territoriales”, insistió.
Se puede observar que el gobernador de Bolívar no está solo en esta lucha. Varios líderes regionales han hecho eco de estas preocupaciones en las últimas semanas, señalando que esta decisión pone en riesgo el desarrollo sostenible de los planes locales. Algunos incluso han exigido que se detenga la implementación de esta medida hasta que se aseguren los recursos necesarios.
Detenido en Cartagena. Foto:Vanessa Romero, Tiempo
La controversia planteada da pie a una discusión más profunda acerca de quién debería ser responsable de financiar el sistema penitenciario y de detención, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad. Para los gobernadores, la respuesta es clara: dicha responsabilidad ha correspondido históricamente al gobierno nacional, y así debe seguir siendo.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el debate continúa abierto, y las entidades territoriales requieren urgentemente un diálogo con el ejecutivo y el Congreso para revisar los alcances de esta medida. De lo contrario, advierten: “serán los niños, jóvenes y los sectores más vulnerables quienes terminarán pagando el precio por una decisión tomada sin el respaldo financiero necesario”.
Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
Carácter
