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Un edificio valorado en más de mil 324 millones de pesos que sirvió como hotel en la comuna de Soacha perteneció a hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto
Un edificio valorado en más de mil 324 millones de pesos que sirvió como hotel en la comuna de Soacha perteneció a hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes encabezaban el llamado «Cártel de Cali». El patrimonio estuvo inicialmente en manos de una figura decorativa y empresaria de la Lista Clinton, nacida en 1948.
Gilberto Rodríguez Orejuela falleció en junio de 2022. Foto:Archivo ET/AFP-Policía Nacional
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Luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se hiciera cargo del inmueble y firmara un contrato de arrendamiento con el empresario del hotel, el inmueble fue embargado este año tras comprobarse un subarrendamiento ilegal por parte del mismo establecimiento. Las instalaciones ahora albergarán la oficina de representación de Soacha.
Miguel Rodríguez Orejuela. Foto:Archivo meteorológico
Gilberto Rodríguez Orejuela dirigió varios negocios legales, como cadenas de farmacias, estaciones de radio, inversiones en equipos de fútbol e incluso la industria automotriz, todos los cuales tuvieron graves consecuencias legales por su vinculación con la exportación de drogas.
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Rodríguez Orejuelas, junto a José Santacruz, y luego con la asociación de Hélmer Herrera, fundaron el «cártel de Cali», con el que crearon una estructura para la producción y envío de droga a Centroamérica y Estados Unidos.
Gilberto Rodríguez Orejuela falleció en Estados Unidos el 31 de mayo de 2022. Foto:Archivo EL TIEMPO
A finales de los años 1980, las buenas relaciones que el «cártel de Cali» tenía con el «cártel de Medellín», liderado por Pablo Escobar, se desmoronaron y terminaron en una sangrienta guerra entre ambas organizaciones criminales, que derivó en atentados con coches bomba.
La propiedad pertenecía a la mafia y luego fue arrendada y reclamada por SAE este año. Foto:SAE
En nombre de SAE El hecho de que bienes confiscados a la mafia se conviertan en la sede de una entidad pública protectora de víctimas es un acto de reparación simbólica para la comunidad de Soacha.
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Además, Soacha Personería fue la primera unidad en documentar sistemáticamente la desaparición de jóvenes de la ciudad que luego surgieron como «bajas de combate» en Ocaña, Norte de Santander.
“A pesar de las amenazas de muerte y la persecución, Personería brindó a las familias el amparo legal necesario para organizarse, dando origen al movimiento de Madres Falsos Positivos”, se lee en un documento del SAE conocido por EL TIEMPO.
Este año se recuperaron bienes que antiguamente pertenecían a la mafia del «Cártel de Cali». Foto:SAE
El inmueble estaba asociado a una empresaria vinculada a la industria farmacéutica, identificado por autoridades internacionales y nacionales como parte de la red de lavado y blanqueo de capitales “Cártel de Cali”.
La empresaria fue incluida en la llamada Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel en la ocultación de dinero del narcotráfico a través de empresas legales.
Este año se recuperaron bienes que antiguamente pertenecían a la mafia del «Cártel de Cali». Foto:SAE
Considerando la vinculación del inmueble con el narcotráfico, el 16 de noviembre de 2004 la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Nacional de Terminación de Dominio, impuso embargo y embargo del inmueble, bajo el asiento no. 11 en el sitio web de registro).
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Esta medida surgió como parte del caso ED número 2363, que busca suspender la enajenación de activos relacionados con el lavado de dinero del «cártel de Cali».
Ya el 3 de junio de 2021 se extinguió el derecho al dominio privado, así lo emitió el Juzgado Penal N° 1 del Distrito Especializado en Caducidad de Dominios en Bogotá.
La sentencia fue formalizada en el acta de registro el 10 de diciembre de 2024 (nota no. 13), transfiriendo la propiedad del inmueble al Estado, y específicamente al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Combate al Crimen Organizado (Frisco).
Este año se recuperaron bienes que antiguamente pertenecían a la mafia del «Cártel de Cali». Foto:SAE
Posteriormente, SAE firmó un contrato de arrendamiento con el hotel según el cual el subarrendamiento de tres propiedades se registraría con una ganancia irregular. Ante esta situación, SAE rescindió el contrato de arrendamiento e inició el proceso de desalojo hasta recuperar el inmueble en febrero de 2026.
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Ahora este inmueble millonario será la sede del Ministerio Público y velará por la defensa de los derechos humanos en Soacha, Cundinamarca.
«El inmueble fue reclamado hace dos meses por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego de un proceso de desalojo que reveló un uso indebido por parte de un inquilino que subarrendaba el inmueble sin permiso, generando beneficios económicos irregulares», dijo la entidad.
«Es un honor para mí estar hoy aquí. Este inmueble fue tomado por la Fiscalía en 2004 y, luego de un proceso de decomiso, lo entregamos al pueblo de Soacha, un lugar de profunda significación desde donde se propagaron agravios marcados por la historia del país, incluido el de las madres Mafapo», dijo la presidenta del SAE, Amelia Pérez.
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Con esta entrega, Soacha Personería contará por primera vez con sede propia, lo que le permitirá fortalecer sus operaciones, optimizar recursos y ampliar el alcance de atención en el municipio.
Esta sede ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito, protección a mujeres víctimas de violencia, atención a víctimas de conflictos y asesoramiento en materia de salud, educación y servicios públicos.
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“Hoy es un día especial para Soacha. Este sueño que iniciamos en 2024 se hace realidad. Tener una sede propia, gracias al apoyo del gobierno nacional y el SAE, nos permitirá dejar de pagar alquileres y dedicar estos recursos a fortalecer los servicios. Este espacio permitirá una atención más digna, cercana y eficiente, e incluso vincular servicios como la comisaría de familia y la inspección policial”, dijo Luis Chíquiza, representante del municipio de Soacha. Arévalo.
KAROLINA BOHÓRQUEZ
corresponsal de EL TIEMPO
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