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En los cuatro municipios de Nariño ni siquiera es posible celebrar pacíficamente la Semana Santa: grupos armados han desplazado a 81 familias indígenas y campesinas (219 personas) y
En los cuatro municipios de Nariño ni siquiera es posible celebrar pacíficamente la Semana Santa: grupos armados han desplazado a 81 familias indígenas y campesinas (219 personas) y dos vecinos han sido asesinados, uno de ellos en la frontera con Ecuador.
Todo este complejo escenario de violencia comenzó el 25 de marzo del año pasado.
La alerta fue emitida por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y OCHA Colombia, que informaron que en las dos primeras semanas de marzo de 2026, nuevas dinámicas del conflicto armado derivaron en cuatro declaraciones de desplazamiento masivo en los municipios de El Charco, Cumbitara, Barbacoas y Ricaurte (Nariño).
Los enfrentamientos en zonas como Cumbitara han provocado desplazamientos forzados. Foto:Reincorporación conjunta
Estas organizaciones resaltaron que en estas jurisdicciones se han reportado graves hechos de violencia, los cuales aún no han sido reportados ni por las autoridades civiles ni por los organismos de seguridad de Nariño.
“Estos hechos incluyen al menos dos asesinatos, amenazas y aumento del control social en la reserva Tortugaña Telembí, así como enfrentamientos en zonas rurales de Cumbitara por la presunta presencia de minas antipersonal (MAP)”, revelaron las organizaciones.
También se refirieron a las alertas tempranas 008-23 y 019-23 de la Procuraduría de Derechos Humanos, que advierten sobre la intensificación de las amenazas a la población civil, especialmente en el área binacional, a partir de 2023.
Cuatro declaraciones de desplazamiento masivo afectan a aproximadamente 219 personas pertenecientes a 81 familias.
La población desplazada se distribuye así: El Charco (48 personas), Cumbitara (62), Barbacoas (43) y Ricaurte (66).
Se dio a conocer que el 51,9% de la población afectada era población indígena Awá, el 26,8% era población campesina cumbitara y el 19% era población binacional de nacionalidad ecuatoriana.
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“Además, al menos 90 niños, niñas y adolescentes se han visto afectados por el desplazamiento y necesitan garantías de su inclusión en los procesos educativos en los centros de acogida”, subrayaron las mencionadas organizaciones.
Se señaló que las familias afectadas por estas dinámicas permanecen cubiertas por redes de apoyo tanto en las zonas urbanas de los municipios de Cumbitara y El Charco, como en las veredas de las zonas rurales de Barbacoas y Ricaurte.
Organismos internacionales han identificado municipios donde se están produciendo desplazamientos masivos. Foto:OCAH Colombia
En cuanto a los dos casos de asesinato, se indicó que se registraron los días 16 y 17 de marzo, el primero en la reserva Tortugaña Telembí (Barbacoas) y el segundo en San Lorenzo (Ecuador), en la frontera con Colombia.
Se señaló que estos hechos desencadenaron amenazas y control social contra familias y comunidades por parte de grupos armados no estatales (Gane) durante las siguientes dos semanas, incluyendo acciones similares en territorio ecuatoriano.
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En cuanto a los hechos ocurridos en la reserva Tortugaña Telembí, se dio a conocer que involucraron el desplazamiento de la comunidad indígena Awá hacia Ricaurte (23 familias) y Barbacoas (14 familias), mientras que el hecho relacionado con la matanza en San Lorenzo (Ecuador) resultó en el ingreso a Colombia de personas de nacionalidad ecuatoriana y binacional necesitadas de protección en los municipios de El Charco (16 familias) e Ipiales (12 personas).
“En ambos casos, la población requiere atención, incluida la reubicación a los departamentos del Valle del Cauca en el caso de personas de El Charco e Ipiales”, dijeron OCHA Colombia y el Consejo Noruego para Refugiados.
Dijo que el pasado 24 de marzo se produjeron enfrentamientos violentos en zonas rurales del municipio de Cumbitara entre dos grupos armados ilegales, aumentando el riesgo de afectación de civiles y motivando el desplazamiento de 28 familias hacia el casco urbano del municipio, ubicado en la Cordillera Occidental de Nariño.
Datos de municipios afectados por la violencia. Foto:OCAH Colombia
Allí también hay informes de sospechas de minas y continuos enfrentamientos, con la población experimentando restricciones de movilidad y sin poder acceder a sus áreas de cultivo y suministro de productos.
Respecto a las lamentables condiciones que la violencia ha provocado en las comunidades nariñenses, advirtió: «En todos los municipios afectados, las comunidades han perdido sus medios de vida, no tienen acceso a empleos, tienen dificultades para acceder a servicios de salud y educación, y reportan restricciones en el acceso a alimentos y productos de higiene debido a la presencia de actores armados en el territorio y la tensión entre ellos».
Detalles de la tragedia en Zipaquirá. Foto:
