La Asociación Nacional de Departamentos (FND), que representa a los 32 gerentes bancarios del país, expresó su rechazo a la implementación del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, donde el gobierno nacional introdujo cambios en el impuesto al consumo de alcohol, vino, snacks y productos similares, así como el impuesto al consumo sobre el costo de los cigarrillos y la producción del costo general de los cigarrillos y la producción. el marco del estado de emergencia.

En un comunicado dirigido al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, los jefes departamentales advirtieron que las medidas contenidas en el decreto afectan la autonomía fiscal, política y administrativa de los departamentos, consagrada en la Constitución, y que también modifican la estructura de ingresos territoriales. Según el FND, estos poderes no son ilimitados y deben respetar principios como proporcionalidad, necesidad y vinculación, así como el modelo de Estado descentralizado, aunque la Constitución autoriza al Gobierno nacional a emitir decretos legislativos en caso de estado de emergencia.

En el documento, los gobernadores señalaron que el impuesto al consumo es una de las principales fuentes de financiación de los departamentos, que representa aproximadamente el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos, y que los fondos provenientes del alcohol y los cigarrillos se gastan principalmente en salud, educación y deportes. En ese sentido, cuestionaron que cambios a estos impuestos se incluyan en un fallo dirigido a financiar el presupuesto nacional, tratándose de ingresos transferidos que no forman parte del presupuesto nacional.

La declaración también advierte sobre el impacto económico y social que podrían tener las nuevas disposiciones, particularmente en relación con el aumento del contrabando y la ilegalidad. Según datos citados por la FND, el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36% en 2024, el nivel más alto registrado en más de una década, mientras que alrededor del 22% del alcohol consumido en el país era de origen ilegal, lo que tiene un grave impacto en las finanzas y la salud pública del territorio.

Los jefes departamentales expresaron su preocupación por el endurecimiento del sistema tributario y la imposición de tasas mínimas uniformes, acciones que consideran reducen la discrecionalidad de los gobiernos departamentales para gestionar el monopolio de las bebidas alcohólicas y diseñar políticas acordes a las realidades de cada región del país.

Finalmente, la Unión Nacional de Departamentos enfatizó en rechazar las medidas previstas en la Directiva 1474 a partir de 2025 y pidió al gobierno nacional revisar su implementación, dado que profundizan la centralización de las finanzas gubernamentales y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos. Los gobernadores de los bancos centrales sugirieron la creación de un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda para buscar otras opciones que permitan satisfacer las necesidades fiscales del país sin violar los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.