El Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del análisis y seguimiento de la gestión y ejecución de los recursos públicos inmovilizados en fideicomisos a partir de diciembre de 2024, estableciendo que no pasan a fideicomisos.

Según el organismo de control fiscal, en un universo de $13,48 billones en 787 operaciones confidenciales a diciembre de 2024, quedarían pendientes $4,84 billones (156 negocios), equivalente al 35,61%
en total. Esta situación representa no sólo ineficiencia fiscal, sino también la pérdida de la posibilidad de invertir oportunamente en proyectos estratégicos.

Respecto a las entidades públicas, en una muestra de obras fiduciarias por valor de $390.265 millones, la Contraloría encontró que el Departamento de Vivienda con $165.255 millones (42,34%) inmovilizados es la entidad líder, seguido por el Departamento de Comercio con $109.320 millones con el 2% y el Departamento de Salud con $27,70 millones (17,37%).

Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ​​​​($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones), lo que muestra una alta concentración en varias entidades.

El Contralor de la República invitó al Gobierno de la República de Serbia porque, según explicó, los problemas generan retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la administración pública.
aunque siempre hubo recursos disponibles para ese proceso fiduciario.

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