Durante un periodo de siete años, la situación de Santurbán Páramo, un vital recurso hídrico para los habitantes de Santander y un valioso ecosistema, ha enfrentado enorme riesgo debido a la eliminación de este emblemático complejo natural. Las acciones y omisiones por parte de diversas entidades gubernamentales están afectando gravemente tanto al medio ambiente como a la comunidad local.

Recientemente, la Oficina del Fiscal General y Defensor del Pueblo dio a conocer su duodécimo segundo informe ante el Tribunal Administrativo de Santander en relación a la violación de directrices establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente, específicamente en el contexto del juicio T-361 de 2017. Este informe es crucial, ya que pone de manifiesto la falta de acción durante un periodo crítico, que abarca de enero a abril de 2025.

En los hallazgos de este informe, salta a la vista una grave omisión en el juicio relacionado con la Demarcación de Páramo. Este documento, proporcionado por las entidades de control, refleja una situación alarmante, documentando violaciones sistemáticas por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

Un aspecto particularmente preocupante es la reiterada ausencia de cuatro informes de evaluación, lo que ha ocurrido por tercera vez consecutiva. Esto subraya la falta de compromiso y seriedad de las autoridades en enfrentar esta problemática. Tanto la entidad de control como el defensor del pueblo manifestaron su inquietud, señalando que el Tribunal Constitucional aún no ha emitido una decisión respecto a la Ley Administrativa de Demarcación de Moor.

La prolongada inacción durante estos siete años ha creado un caldo de cultivo para el aumento de la minería ilegal y la informalidad, así como una notable falta de control en la provincia de Soto Norte, donde se encuentra Santurbán. A pesar de varios intentos para remediar la situación, de las siete mesas de trabajo establecidas, solo una ha logrado tener un impacto significativo. Esto es una señal clara de la deficiencia en el manejo de esta crisis ambiental.

«En el contexto de la entidad de control y el Defensor del Pueblo, la Resolución 221 de 2025 MADS fue tramitada en un breve periodo de 97 días, sin garantizar la participación efectiva de los ciudadanos. Se ignoraron más de 8,000 firmas de oposición, lo que implica una violación de derechos fundamentales. Además, es esencial señalar que dicha medida no sustituye el proceso de resolución sobre el Páramo», expresa el informe.

Frente a esta serie de hechos alarmantes, las entidades han solicitado al Tribunal que evalúe las sanciones por posible desacato, denegación de nuevas extensiones, así como la suspensión de la Resolución 221 de 2025. Igualmente, exigen que el MADS organice un proceso que garantice la efectiva participación de los ciudadanos, considerando su derecho a ser escuchados y a influir en decisiones que afectan su entorno.

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Melissa Múner es Zambano

Corresponsal de tiempo – Bucaramanga