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Tierra de 152,000 metros cuadrados en las zonas rurales del distrito de Potrerito, en Jamundí, ha sido objeto de controversia durante bastante tiempo. Este terreno, anteriormente relacionado con
Tierra de 152,000 metros cuadrados en las zonas rurales del distrito de Potrerito, en Jamundí, ha sido objeto de controversia durante bastante tiempo. Este terreno, anteriormente relacionado con la extinción del dominio debido al tráfico de drogas y adminisrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha sido transformado en un terreno atractivo para aquellos que buscan estafar a ciudadanos desprevenidos en Jamundí, ofreciendo estas tierras como espacios para establecer sus hogares.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
Se ofrecen a la venta por un precio que oscila entre 4, 6 y hasta 8 millones de pesos, como una estrategia para fomentar la invasión de estas tierras y la formación de asentamientos ilegales.
Es crucial entender que Jamundí no se reduce, sin embargo, al narcotráfico llevado a cabo por grupos armados, incluidos aquellos disidentes encabezados por «Jaime Martínez», que están vinculados a carteles mexicanos. También existe una mafia que promueve la venta fraudulenta de terrenos, generando así conflictos en el mercado inmobiliario!
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha elevado una queja recientemente, declarando que los delincuentes están engañando a las personas al afirmar que la administración de la SAE y la municipal, han otorgado autorizaciones que, evidentemente, son completamente falsificadas. Ella subrayó que la propiedad en cuestión se llama San Isidro.
La gravedad de la situación es alarmante; según la alcaldesa, esta comercialización irregular de terrenos se remonta a varios años atrás, y insiste que las tierras presentan cortes irregulares que complican su legalidad.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
El director territorial de la Sociedad de Activos Especiales, Felipe Tascón, visitó la propiedad «San Isidro». Durante su inspección, encontró que se ha vendido parte de esta tierra a familias de Jamundí y de otros municipios del Valle del Cauca y Del Cauca en los últimos años.
Según sus afirmaciones, estas ventas no poseen ningún fundamento legal, ya que el terreno sigue bajo la administración de la entidad correspondiente tras la extinción del dominio.
Respondido a las numerosas quejas respecto a este tipo de actividad ilícita, Tascón expresó que se están iniciando procedimientos tras la presentación de quejas por parte de la comunidad. Además, acordaron organizar transporte para el próximo miércoles, facilitando a los afectados el acceso a las oficinas de fiscales donde pueden formalizar sus denuncias.
Al rededor de ocho millones de pesos es lo que muchas familias han desembolsado por lotes de no menos de 300 metros cuadrados. Las ventas fraudulentas aparentemente fueron gestionadas por una fundación que, utilizando documentos falsos, promovió la propiedad para la venta durante varios meses.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
En una declaración de uno de los afectados, se mencionó: «Nos han engañado aquí, nos ofrecieron terrenos desde 4 hasta 8 millones de pesos. Es inaceptable ya que hemos invertido en cultivos y proyectos sobre esta tierra».
Además, se ha indicado que hay otras tres propiedades que se están vendiendo ilegalmente a través de fundaciones fantasmas y empresas ficticias. Tanto la alcaldesa de Jamundí como la Sociedad de Activos Especiales han instado a la comunidad a mantenerse alerta y a buscar información oficial sobre el estatus legal de cualquier terreno que deseen adquirir.
Una delegación de verificación, que incluye representantes del gobierno y secretarios de seguridad de Jamundí, ha dicho que han logrado identificar invasiones en otros bienes raíces adyacentes, como «Loma Largo». Los propietarios han negado cualquier intención de vender estos terrenos, mientras advierten sobre el daño ambiental que la llegada masiva de personas puede causar.
En un proceso que se llevó a cabo el mes pasado, en abril, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregaron 8.3 hectáreas a favor de 358 familias, estableciendo el Consejo Comunitario de Jamundí de San Isidro.
Según la ANT, esta entrega se dio tras un proceso de consulta previa sobre la construcción de una prisión en Jamundí que generó conflictos en torno a la violación de la ley 70 de 1993. Esto a su vez ha creado tensiones entre comunidades que claman por sus derechos territoriales.
El Consejo Social ha alertado que la construcción de un nuevo complejo penitenciario en alto Jamundí (Cojam) podría generar múltiples efectos adversos, incluyendo la destrucción de propiedades y el desplazamiento de familias, como ocurrió en áreas como Bocas del Palo y Guabal.
Después de una década de espera, este suministro de tierras «confirma el esfuerzo y el compromiso del Gobierno del Presidente Petro hacia las comunidades étnicas, promoviendo y garantizando sus derechos a la tierra». Esto fue expresado por Astolfo Aamburo, director del comercio del medio ambiente de las hormigas.
Carolina Boorquez
Corresponsal de
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Juicio del ex presidente Álvaro Uribe – Día 39 Foto:
