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De los casi 300 ciudadanos de Colombia que estaban cumpliendo la sentencia en Ecuador y que desde el viernes 25 de julio fueron deportados a Colombia, solo diez
De los casi 300 ciudadanos de Colombia que estaban cumpliendo la sentencia en Ecuador y que desde el viernes 25 de julio fueron deportados a Colombia, solo diez fueron considerados por las obligaciones de los requisitos judiciales en Colombia.
La deportación masiva de prisioneros se llevó a cabo en el Puente Internacional de Rumichac, Ipiales, durante una fuerte crítica al canciller en Colombia, a la que ya han respondido y rechazado por las autoridades del país vecino, Ecuador.
La Kancelaria de Colombia criticó el proceso desarrollado por el país vecino Ecuador. Foto:Captura de pantalla
«Es por eso que Ecuador rechaza una declaración de supuesta deportación colectiva», dijo el sábado 26 de julio, a través de una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la movilidad de la República Humana de Ecuador, también advierten que los procesos de deportación de los ciudadanos de Columbia se llevan a cabo estrechamente el cumplimiento de los frames regulatorios actuales en los asuntos migratorios.
El mismo ministerio anunció que se entregó oficialmente al Consulado Colombiano en Quito, desde el 8 de julio, sobre los procesos de deportación de prisioneros colombianos, utilizando el canal diplomático.
Hombres y mujeres de la ciudadanía colombiana llegaron a la frontera de Binin guardada por el Ejército y el Ecuador de Policía.
De la migración de Columbia, revisan la situación de cada prisionero colombiano. Foto:Captura de pantalla
Entre los prisioneros deportados a Colombia se encuentran personas condenadas por justicia ecuatoriana por cometer crímenes graves, como terrorismo, tráfico de drogas, movimiento en armas y municiones, asesinato, abuso sexual, secuestro y robo.
Algunos prisioneros también llegaron al país, que aún no han cumplido el cincuenta por ciento de sus sanciones impuestas por la justicia ecuatoriana.
El gobierno ecuatoriano fue una firme indicación de que los deporderos colombianos no podrían regresar a Ecuador; Además, se considerarán los objetivos militares en el país vecino.
Un portavoz de la policía ecuatoriana en el puente Rumicac indicó que los prisioneros colombianos estaban sirviendo en la Ecuadora de la Provincia de Chimborazo y Napo.
«Nosotros, como la Policía Nacional, nos estamos centrando en garantizar la seguridad y proporcionar a los prisioneros organizados por medio del gobierno, de modo que este proceso se llevará a cabo, de modo que en coordinación con sus compañeros en Colombia llevan a cabo esta deportación», dijo.
Puente de Rumicha, en la frontera Ipiales y Ecuador. Foto:Tiempo de archivo
El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, llegó al territorio de los prisioneros colombianos de Ecuador, enfatizó que aquellos que no tienen crímenes en Colombia podrán recuperar la libertad en el país.
«En el caso de un crimen en el lado colombiano, las autoridades comenzarán a capturar a las personas que tienen la situación», dijo el funcionario.
Por su parte, el gobernador Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que la deportación de más de 300 colombianos de Ecuador a Colombia, para el cruce fronterizo en Carchi, se sorprendió por el gobierno nacional, que no recibió ninguna notificación previa del procedimiento.
«Esta falta de comunicación impidió la activación oportuna del plan de emergencia para adoptar los deportados», dijo el presidente, quien dijo que la entrada de 300 personas fue confirmada hasta ahora, de las cuales solo 10 fueron considerados por los requisitos judiciales vigentes en Colombia.
En la mañana del sábado 26 de julio, el primer grupo de deportados ya se trasladó de la ciudad de Ipiales a Cali y Bogotá, como parte de un programa de logística coordinado.
Los prisioneros fueron entregados a las autoridades colombianas. Foto:Captura de pantalla
El Secretario del Gobierno de Nariño, Freda Gámez, anunció que después de llegar a Colombia, los prisioneros recibieron ayuda y apoyo adecuados.
«Dimos ayuda humanitaria a los deporderos, incluida la atención médica, los alimentos y la brindación de sus derechos como ciudadanos de Colombia».
Dijo que el programa de Colombia nos une del Ministerio de Asuntos Exteriores, facilitó la transferencia de algunas de sus ciudades deportadas a sus ciudades.
Al mismo tiempo, la lista se desarrolla para identificar a Nariñens en el grupo y aplicar el diverso protocolo de recepción en el departamento de Nariño.
El Old de 17 años apareció ante la oficina del fiscal. Foto:
