La expansión del aeropuerto internacional de Rafael Núñez, un proyecto considerado un emblema de progreso para el Caribe colombiano, ha evolucionado de ser un símbolo de avance a transformarse en un foco de conflictos urbanos y sociales. Este cambio ha generado tensiones entre el gobierno del alcalde de Cartagena y la comunidad del tradicional distrito de Crespo.

Las quejas de los residentes, quienes alertan sobre posibles repercusiones sociales, civiles y ambientales derivadas de la obra en marcha, han encendido alarmas en la administración del alcalde Dumek Turbay. Tras escuchar a los ciudadanos en una reunión el pasado sábado, el alcalde anunció un cambio en la postura del distrito respecto al proyecto, prometiendo reforzar la estrategia de defensa legal para garantizar que se respeten tanto la planificación territorial como los derechos de la comunidad.

En este contexto, el alcalde hizo un llamado a tomar las medidas necesarias para revisar la legalidad de la expropiación y el uso de la tierra en la zona adyacente al aeropuerto.

Lado de disputa y medida de suspensión

El origen de esta controversia fue la construcción de viviendas en terrenos colindantes a la terminal aérea, llevada a cabo por OINAC, la empresa privada encargada de desarrollar el proyecto del aeropuerto. Esta obra, que forma parte de la infraestructura de la aeronáutica civil y se encuentra en una zona de alta sensibilidad urbana, fue cercada sin los permisos requeridos por las autoridades regionales, lo que llevó a una inmediata reacción del alcalde.

El lunes, los funcionarios de la dirección urbana solicitaron la suspensión de los trabajos. La administración aclaró que el operador no contaba con los permisos necesarios, según los criterios de planificación urbana exigidos para avanzar en esta área.

La situación se volvió aún más delicada al sobrevivir a la preocupación de la comunidad de que otras propiedades privadas del sector también podrían sufrir expropiaciones tal como se anunció en una declaración de servicios públicos emitida por el Ministerio de Transporte.

Experiencia bajo la lupa: una solicitud de archivos y medidas legales

Frente a esta posibilidad, el alcalde Turbay hizo una solicitud formal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIA), a Aeronáutica Civil y a OINAC, requiriendo un archivo administrativo que contuviera la Resolución No. 20232000003805, emitida el 31 de marzo de 2023. Esta resolución declara el proyecto del «aeropuerto de Cartagena» de utilidad pública, lo que legalmente permitiría la adquisición forzada de bienes raíces.

«El objetivo es revisar el archivo de manera estricta y técnica y decidir las medidas de control que se tomarán para defender nuestra autonomía territorial y ordenar el territorio. Este proyecto parece ignorar el uso del suelo definido en el POT y genera estrés colectivo en toda la comunidad tradicional de Crespo«, explicó el alcalde.

En la comunicación enviada a Óscar Torres Yarzagaray, presidente de ANIA; a Carlos Cuartas, gerente de OINAC; y a José Pinto, director de Aeronáutica Civil, Turbay enfatizó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena establece las condiciones para el uso del suelo y que cualquier intervención que no respete este marco legal afecta directamente la planificación del distrito.

El gobierno nacional defiende el proyecto como clave para el Caribe

Frente a las alegaciones de la administración local, la Agencia Nacional de Infraestructura reafirmó su apoyo al proyecto y advirtió que el trabajo cuenta con todo el respaldo legal. En respuesta a la solicitud de la región, ANIA instó a OINAC a entregar la documentación necesaria que confirme el uso adecuado del terreno en cuestión.

Entre la documentación proporcionada por la concesión se incluye la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte y el Decreto 019 de 2012, que establece que las ampliaciones o modificaciones de aeropuertos nacionales e internacionales no requieren una licencia municipal. Esta exención ha sido seriamente cuestionada por las autoridades locales, que argumentan que no puede prevalecer sobre las normativas legales municipales.

Estación: altura vs. armonía territorial

La expansión del aeropuerto Rafael Núñez incluye la edificación de un nuevo terminal para vuelos internacionales que duplicará su capacidad. Además, contempla la construcción de cinco puentes aéreos, nuevas salas de espera, modernización de la carretera de acceso, creación de espacios de estacionamiento y otros avances técnicos.

Según las proyecciones de ANIA y OINAC, las obras generarán más de 400 empleos directos e indirectos en la fase inicial y permitirán que Cartagena absorba un mayor tráfico de pasajeros y turistas.

No obstante, para la comunidad de Crespo, el alcance del proyecto sumado a la ausencia de consultas ciudadanas en su planificación ha creado un dilema entre la promesa de un desarrollo económico y el derecho a vivir en un entorno planificado y seguro. Los vecinos insisten en que no se oponen al desarrollo, pero subrayan que no puede edificarse sin tener en cuenta a los habitantes del territorio.

Nueva mesa de diálogo y próximos pasos

En un intento por abordar este conflicto, el 9 de mayo se llevará a cabo una nueva mesa de diálogo entre la oficina del alcalde, OINAC, ANIA, Aeronáutica Civil y la Oficina del Defensor del Pueblo.

«El objetivo es presentar la documentación solicitada, escuchar las inquietudes de todas las partes involucradas y definir un marco de acción«, afirmó el presidente de ANIA.

Entretanto, la oficina del alcalde continúa revisando la legalidad de la declaración pública y evaluando posibles acciones judiciales que podrían ser necesarias para salvaguardar la autonomía en la planificación territorial de Cartagena.

«Esta no es una lucha contra el desarrollo. Es una defensa razonable de nuestra ciudad, nuestro territorio y los derechos de los cartageneros», sintetizó el alcalde Dumek Turbay en una conversación con este medio.