Desde los primeros días de 2025, los funcionarios sindicales han emprendido una serie de esfuerzos concertados para mitigar el impacto del impuesto a la propiedad en el municipio. Esta acción se ha enmarcado en un contexto de creciente preocupación por la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes locales. Como parte de esta estrategia, se han llevado a cabo reuniones con el Gobierno de Antioquia și la Oficina del Municipio, con la meta de encontrar una solución que realmente beneficie a los ciudadanos y contribuya a aliviar la presión económica que enfrentan.

El martes 15 de abril, el Banco del Partido Liberal comunicó que tras varias reuniones sostenidas con ambas partes involucradas, se llegó a un acuerdo para presentar nuevamente la ley fiscal del proyecto al Consejo. Esta decisión no es un simple trámite administrativo, sino que representa un esfuerzo significativo para adaptar el crecimiento económico local y facilitar una reducción efectiva del impuesto a la propiedad, lo que podría marcar una diferencia sustancial en el bienestar de los habitantes del municipio.

Sin embargo, a finales de 2024 se había intentado previamente enmendar la ley fiscal y actualizar el Cadastro, pero dicha propuesta fue presentada a través de otra implementación desde el consejo. Este episodio subraya las complejidades que rodean el proceso legislativo, ya que, a pesar de las dificultades, la actualización en Catatral fue finalmente implementada gracias a una resolución emitida por los consejos y la administración locales, lo que refleja un cierto grado de progreso en el ámbito fiscal.

Ante esta serie de acontecimientos, los concejales se dedicaron a reexaminar las opciones que podrían modificar la acusación. En los últimos días, el Ayuntamiento ha confirmado que se presentarán nuevas leyes fiscales que incluirán medidas como Millas aduaneras y otros cambios diseñados para reducir el impacto económico sobre la población. Estas propuestas buscan no solo adecuarse a la realidad económica del municipio, sino también asegurar que los ciudadanos no se vean perjudicados por decisiones administrativas.

La expectativa es que la propuesta se establezca ante el consejo en mayo, y es evidente que la clase liberal ha reiterado su compromiso de seguir fortaleciendo las medidas que contribuyen a aliviar la carga impositiva, buscando siempre no afectar negativamente a los ciudadanos. Esta proactividad es esencial en un contexto e donde los desafíos económicos son significativos, y el bienestar de la comunidad depende en gran medida de decisiones bien fundamentadas y justas en el ámbito fiscal.