La Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado la importante decisión de suspender la deportación de un grupo de venezolanos que fueron arrestados en Texas. Esta intervención se llevó a cabo tras la presentación de una apelación urgente por parte de la ACLU, que argumentó en favor de los derechos de estos migrantes. Cabe mencionar que estos migrantes estaban enfrentando la posible deportación bajo una ley de 1798 que permite la expulsión de ciudadanos de países considerados enemigos sin la debida judicialización de sus casos. Esto se ha vuelto particularmente relevante en el contexto del gobierno de Trump, quien utilizó esta ley como argumento en contra de presuntos miembros del tren Aragua.

A pesar de que la Corte no ratificó la ley en cuestión, la suspensión del proceso da un respiro temporal a los migrantes, quienes, hasta el momento, se encuentran en el Centro de Bobonnet, cercano a la ciudad de Abilene. Un tribunal federal ha emitido un bloqueo temporal sobre la ley que originalmente permitía a Texas expulsar a los inmigrantes, lo que ha generado una fuerte ola de críticas en cuanto a la invasión de poderes federales. Este veredicto representa una pausa significativa para miles de personas que ya estaban sometidas a la posibilidad de deportaciones inminentes.

ACLU condena el abuso

La ACLU ha denunciado que muchos de los migrantes estaban recibiendo notificaciones en inglés, sin traducción alguna, lo que les impidió conocer que tenían derecho a apelar sus casos. Mientras tanto, algunos de estos individuos ya habían sido trasladados en autobús hacia el aeropuerto, lo que incrementa la preocupación sobre su eventual deportación. Además, el grupo de derechos humanos alertó que aquellos que regresen a sus países, como El Salvador, pueden enfrentar condiciones de vida extremadamente peligrosas, incluso el riesgo de cadena perpetua. Trump había autorizado previamente la transferencia de un individuo llamado Bukle a Cecot, una prisión de máxima seguridad.

A lo largo de este proceso, los jueces federales han reiterado que los migrantes tienen derecho a recibir tiempo y un recurso de habeas corpus antes de ser expulsados, situación que pone de relieve las vulnerabilidades actuales en la política de inmigración. La ACLU también enfatiza que estos nuevos enfoques migratorios aumentan los riesgos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, separación de familias y escaso acceso a asistencia legal. Por lo tanto, el grupo está instando a que se detengan estas prácticas antes de que se vuelvan la norma establecida.

Puede estar interesado: el fuego en Ucrania: Trump y Rubio evalúan la retirada del proceso de paz

Reacción a la política de inmigración de Trump; Los migrantes venezolanos reciben una ruptura judicial contra la inminente expulsión en los Estados Unidos.

En otro movimiento relevante, otro tribunal ha frenado la eliminación del TPS que afecta a 350,000 venezolanos. Esta medida es crucial, ya que protege a quienes ya residen en Estados Unidos de ser deportados. La administración de Trump ha convertido el tema de la migración en una de sus principales banderas de campaña, responsabilizando a Venezuela por un aumento en la migración. Cabe destacar que ya se han producido expulsiones a Cecot, aunque algunos de estos migrantes no tienen conexión con el tren Aragua, según lo indicado por sus abogados.

La ley que utilizó Trump en este contexto ha sido aplicada únicamente en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos: durante la guerra de 1812, así como en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Por lo tanto, el destino de estos migrantes reside actualmente en manos de los tribunales. Mientras Trump se dedica a ajustar su discurso político, organizaciones como la ACLU continúan resaltando que la protección de los derechos humanos es crucial. La dinámica de la campaña presidencial, alineada con un temor creciente asociado al crimen, incluso está comenzando a influir en la administración de justicia de una manera más política y menos objetiva.