Ángel Antonio González, un joven venezolano, lleva consigo el peso de una tragedia devastadora tras perder a su padre, quien fue víctima del terrorismo perpetrado por disidentes de las FARC en la localidad de Jamundí. La fatalidad se desató con una explosión ocurrida el 12 de junio de 2024, cuando una bomba instalada en una motocicleta le ocasionó heridas graves a su padre, Rafael González. Este sufrió fracturas y quemaduras extensivas, y a medida que la situación se complicaba, una infección severa afectó sus extremidades, obligando a los médicos a amputarle el brazo derecho. Pese a las intervenciones médicas durante 13 días, la gravedad de la infección y las lesiones resultaron en el desenlace más trágico.

El viaje de Ángel y su familia desde Venezuela comenzó hace poco más de un año. Cruzaron diversas regiones de Colombia, desplazándose de este a oeste, en busca de un lugar donde pudieran establecerse y trabajar. Sin embargo, esa búsqueda se tornó en un camino lleno de dificultades; muchas veces tuvieron que caminar largas distancias y al final se establecieron en Jamundí, donde la situación no mejoró. A pesar de sus esfuerzos, la escasez de oportunidades laborales se hizo evidente, y se vio forzado a enfrentarse a la angustia de la precariedad económica.

Se estima que más de 300,000 migrantes venezolanos están presentes en Valle del Cauca, de los cuales aproximadamente 160,000 se encuentran en situaciones vulnerables. De acuerdo con datos del Ministerio de Bienestar Social, el año pasado se emitieron más de 131,000 permisos de protección temporal, mostrando la magnitud de la migración venezolana y la lucha por asimilarse a un nuevo entorno.

Ángel relata que, como muchos otros migrantes, la necesidad lo llevó a sobrevivir casi con lo mínimo. Él y su padre, Rafael, se convirtieron en vendedores callejeros, buscando obtener algún ingreso. Rafael, quien dejó atrás a otros dos niños en Venezuela, se vio obligado a vender dulces por las calles mientras su situación se volvía cada vez más precaria. La situación económica lo forzó a pagar ‘derechos’ para estar en un lugar informal, dejando poco para subsistir.

«Es hora de pedirle a la gente que lo entienda, que todos somos venezolanos», comenta Ángel Antonio con un tono de desesperación.

Un día típico para Don Rafael, conocido en la comunidad por su esfuerzo diario, consistía en cuidar los vehículos estacionados en las cercanías de dos bancos. Cuando no vendía dulces, ayudaba con trabajos ocasionales o recogía materiales reciclables. Sin embargo, su vida se truncó de manera abrupta una mañana, alrededor de las siete, cuando ocurrió la explosión. Testigos presenciaron cómo cayó al suelo, víctima de un acto de violencia que nunca debió haber ocurrido.

«No tenía que morir de esa forma. Era un hombre que solo quería trabajar dignamente», enfatiza Ángel, quien ahora enfrenta un futuro incierto. Desde la muerte de su padre, su vida ha cambiado radicalmente; se ha visto obligado a continuar luchando por la supervivencia, aceptando cualquier tipo de trabajo, sin importar cuántas horas deba dedicar ni lo poco que pudiera ganar. «Solo tengo una opción: tengo que sobrevivir», concluye con determinación.