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El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un anuncio impactante al declarar un premio de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un anuncio impactante al declarar un premio de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Anísbal Garavito, conocido como «Miller». Este individuo es un miembro destacado de la estructura de «John Linares» dentro del bloque «Jorge Briceño Suárez». Se le acusa de liderar un ataque en Calarcá, en el que murieron trágicamente siete soldados.
El apodo «Miller» tiene un pasado que se remonta al antiguo FARC, donde fue parte activa, pero tras la firma del Acuerdo de Paz, decidió retomar las armas. A pesar de que se encontraba bajo órdenes de la justicia, el ministro ha informado que «Miller» está vinculado directamente con un ataque a una patrulla militar, cuyo objetivo era proteger un espacio territorial destinado para la recuperación y formación en Charras, San José del Guaviare.
Este anuncio del premio fue realizado tras una reunión del Consejo de Seguridad, que incluyó a los altos mandos de las fuerzas militares, así como a autoridades locales, como el gobernador y el alcalde de la región. Durante este encuentro, el ministro también expresó su condena ante el reclutamiento de menores pertenecientes al grupo étnico Nukak, indicando que la situación de inseguridad en el departamento estaba en aumento, así como la ocupación de territorios rurales por parte de grupos armados ilegales.
Sánchez explicó que la situación de incertidumbre ha cambiado drásticamente en el último año, lo que se debe a la fragmentación de dos carteles de tráfico de drogas, conocidos como «Iván Bite» y «Calarcá». Recordó además que, aunque existía una directriz para cesar las operaciones militares ofensivas, aún se estaba lidiando con situaciones críticas y la seguridad de los ciudadanos debía ser una prioridad.
La fractura de este grupo, que se encuentra inmerso en actividades ilícitas, ha contribuido al aumento de los índices de homicidio, extorsión y la explotación de menores indígenas, afectando gravemente la movilidad en la región. El ministro enfatizó la necesidad del Estado de recuperar el control territorial y asegurar la protección de su población.
El Guaviare también fue tema de discusión en un comité de evaluación del Gobierno Nacional, donde se concertaron reuniones con representantes del grupo disidente «Calarcá» y otros delegados, y según la información, el presidente Gustavo Petro tiene la última palabra en este proceso.
A pesar de la compleja situación, Sánchez reiteró que las fuerzas militares y la Policía Nacional deben continuar cumpliendo con su deber constitucional. «Aunque es cierto que hay una orden de detener operaciones militares ofensivas y suspender ciertas operaciones especiales, la instrucción es clara: se debe atacar a todos los fenómenos criminales para proteger a los civiles. En caso de un enfrentamiento, independientemente del grupo involucrado, se debe utilizar toda la fuerza conforme a la ley humanitaria internacional.»
Villavicencio
