El parlamento israelí aprobó una controvertida reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento a personas condenadas por asesinatos considerados actos de terrorismo, una medida que en la práctica afectaría principalmente a los palestinos en Cisjordania.

La ley, promovida por partes del gobierno y apoyada por una mayoría parlamentaria, convierte la pena de muerte en el castigo estándar para quienes cometen ataques mortales clasificados como terrorismo. Según el texto aprobado, los tribunales militares podrán dictar sentencia sin necesidad de unanimidad entre los jueces ni solicitud previa del Ministerio Público. Además, las ejecuciones deben llevarse a cabo en un plazo aproximado de 90 días desde la condena.

Las normas enfrentan importantes diferencias en su aplicación: mientras que los palestinos en los territorios ocupados son juzgados por tribunales militares –obligados a imponer la pena de muerte con excepciones–, los ciudadanos israelíes son procesados ​​en tribunales civiles, donde la cadena perpetua sigue siendo una opción.

Otro de los aspectos más controvertidos es el método de ejecución, que será la horca, una práctica que no se aplica en Israel desde hace décadas. El país ha utilizado la pena de muerte en raras ocasiones a lo largo de su historia y mantiene una moratoria de facto desde 1962.

La aprobación de esta reforma ha generado una fuerte reacción internacional. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos europeos y expertos de la ONU han denunciado la ley como potencialmente discriminatoria y contraria al derecho internacional, al aplicarla de manera desigual según la nacionalidad o el sistema legal que condena a los acusados.

También han surgido críticas y recursos legales dentro de Israel contra la medida, que aún está sujeta a revisión por parte del Tribunal Supremo. Sus detractores advierten de que la norma reduce las garantías jurídicas, endurece el sistema penal y podría exacerbar las tensiones en el conflicto entre israelíes y palestinos.