Niños con empleados de la fábrica de azúcar
- mayo 15, 2025
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El autobús que transporte a un grupo de niños y adultos trabajadores de una fábrica de azúcar, ubicada en el sur del Valle del Cauca, se vio involucrado
El autobús que transporte a un grupo de niños y adultos trabajadores de una fábrica de azúcar, ubicada en el sur del Valle del Cauca, se vio involucrado
El autobús que transporte a un grupo de niños y adultos trabajadores de una fábrica de azúcar, ubicada en el sur del Valle del Cauca, se vio involucrado en un grave incidente el pasado 14 de mayo. Este evento escalofriante tuvo lugar cuando hombres armados bloquearon el paso del autobús en la zona de Villa Paz, en las alturas de la comuna de Jamundí. En un acto aterrador, los hombres armados obligaron a todos los ocupantes, tanto adultos como menores, a salir del vehículo a la fuerza.
Disinaciones de FARC Foto:Policía
Los agresores, que llegaron en motocicleta, incendiaron varios establecimientos cercanos, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posibilidad de que tuvieran la intención de incendiar el autobús completo. Afortunadamente, un incidente inesperado pudo evitar que el vehículo fuera consumido por las llamas, brindando suerte a los ocupantes.
Disinaciones de FARC Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
Las horas siguientes al evento fueron cruciales. Inmediatamente después, las fuerzas de seguridad del ingenio, junto con soldados del ejército, acudieron al lugar y lograron recuperar el autobús. La Policía Metropolitana y la Brigada del Tercer Ejército confirmaron los detalles del suceso y han iniciado una investigación exhaustiva. Aunque la zona cuenta con una notable presencia de los disidentes del grupo guerrillero «Jaime Martínez», el ejército está analizando si los perpetradores pertenecen a una organización criminal diferente.
La brigada también reiteró que, afortunadamente, tanto niños como adultos que fueron forzados a abandonar el autobús no sufrieron heridas. Este aspecto es un alivio en un contexto de creciente violencia en la región.
Por otro lado, es importante señalar que la tierra de 152,000 metros cuadrados en Potrerito, Jamundí, ha sido objeto de controversia. Esta área, que ha estado amenazada por el tráfico de drogas durante muchos años y estuvo bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha visto cómo estafadores han intentado manipular a los ciudadanos para vender terrenos falsos con la intención de facilitar la creación de nuevos asentamientos ilegales.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
Los terrenos han sido ofrecidos por cifras que rondan los 4, 6 o incluso 8 millones de pesos, impulsando de esta manera la invasión de terrenos en busca de un beneficio económico. La situación es alarmante, ya que Jamundí no solo enfrenta problemas relacionados con el tráfico de drogas, sino que también hay mafias organizadas que se dedican a facilitar la venta irregular de terrenos, lo que ha llevado a una creciente preocupación en la comunidad.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha expresado su frustración al respecto, denunciando que los delincuentes engañan a las personas al ofrecerles terrenos que supuestamente cuentan con autorizaciones de la administración de la SAE, las cuales son completamente fraudulentas. Castillo enfatiza que esta propiedad, conocida como San Isidro, está siendo objeto de manipulación.
El director territorial de la Sociedad de Activos Especiales, Felipe Tascón, también se ha involucrado en esta problemática al visitar los terrenos en Jamundí. Durante su visita, concluyó que las ventas realizadas no tienen fundamentos legales y que la tierra está bajo el control de la entidad que se encargó de la extinción del dominio.
Frente a las quejas sobre esta situación, Tascón mencionó que han iniciando los procedimientos necesarios a raíz de las denuncias comunitarias. Anunció que se proporcionará transporte a los ciudadanos el próximo miércoles para facilitar la presentación de quejas ante la fiscalía.
Se han documentado casos en los que se han timado a familias que pagaron hasta ocho millones de pesos por porciones de terrenos fraudulentas, con una superficie que no excede los 300 metros cuadrados. Las ventas, aparentemente realizadas por una fundación, se llevaron a cabo utilizando documentos falsos, lo que ha complicado aún más la situación.
Carolina Boorquez
Corresponsal de
Todo
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