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Dentro 2da Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria (CIRARD+20)En las últimas horas ha cobrado fuerza la figura de las delegaciones internacionales invitadas a los salones del Centro de Congresos
Dentro 2da Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria (CIRARD+20)En las últimas horas ha cobrado fuerza la figura de las delegaciones internacionales invitadas a los salones del Centro de Congresos Julio César Turbay de Cartagena de Indias: El conflicto armado en Colombia desde la década de 1980 ha dejado 10.200.000 víctimas.
Esta es una estadística que dice Aura Bolívar, Subdirectora de la Unidad de Retorno Terrestre (URT)que es cinco veces la población de Medellín.
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Director de URT Meta y representantes de tres familias beneficiadas con proyectos productivos. Foto:Nelson Ardila
En este universo de dolor, más de 9 millones de personas comparten la misma tragedia: el desplazamiento forzado y el despojo de su territorio.
«Si bien la Ley N° 1448 de 2011 nació con la ambición de devolver de 6 a 10 millones de hectáreas apropiadas, la realidad sobre el terreno es una carrera de obstáculos; tenemos que reconstruir, pieza a pieza, el enigma que la guerra intentó borrar», dijo Bolívar en entrevista con EL TIEMPO.
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Se han dictado 59 sentencias, beneficiando a 63 territorios, 92.521 personas y 25.825 familias, y desacreditando 707.324 hectáreas
AURA BOLÍVARSUBDIRECTOR DE LA URT
Unidad de restitución de tierras Foto:Unidad de restitución de tierras
El funcionario recordó que la restitución no es sólo un acto administrativo; Es un proceso interdisciplinario que combina la topografía de la Colombia profunda, la actividad judicial y la memoria histórica.
Bolívar explica que el proceso con las comunidades se divide en tres momentos claves:
Etapa administrativa: la URT acepta la solicitud (ya son más de 171.000), documenta el caso, mide bienes e identifica violaciones de derechos humanos. – Si se cumplen las condiciones, la propiedad será inscrita en el registro de terrenos expropiados – enfatiza.
Etapa judicial: El caso pasa a jueces de restitución de tierras. “En este caso, la Unidad puede representar a la víctima ante el sistema de justicia especializado de forma gratuita”.
Sentencia y post sentencia: El juez determina la restitución y el Departamento ayuda a la familia a implementar órdenes de atención integral.
“El proceso de restitución de tierras y derechos territoriales colombianos incluye no sólo la restitución de propiedades y territorios, sino también otras medidas para asegurar la sostenibilidad del proceso, como la implementación de proyectos productivos e iniciativas para la seguridad y soberanía alimentaria, la asignación de subsidios de vivienda, el acceso a otros derechos económicos, sociales y culturales, así como la restitución de derechos territoriales”, mencionó el funcionario.
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En la conferencia “Avances y desafíos en restauración de tierras al 2031”, realizada en Cali, Foto:Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO
El balance de hectáreas recuperadas revela dos realidades diferentes pero igualmente urgentes.
Por un lado, en las rutas campesinas individuales y colectivas se registraron más de un millón de hectáreas.
De ellas, 900.000 están hoy en manos de jueces en espera de sentencia, y más de 290.000 hectáreas ya han sido restituidas con éxito mediante 11.000 decisiones judiciales.
Por otro lado, la ruta étnica (pueblos indígenas y comunidades negras) sustenta dimensiones territoriales más amplias. “De esta modalidad, se han inscrito en el padrón 13 millones de hectáreas, de las cuales 650.000 ya cuentan con resolución firme”. Sostiene el funcionario.
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Comunidades estuvieron presentes en el Congreso Nacional de Restitución de Tierras en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO
¿Cómo devolver una tierra que todavía es campo de batalla?
Esta es una pregunta que despierta a los cartógrafos y geógrafos de la Entidad, y así lo expresó un funcionario: «regiones como el Catatumbo se caracterizan desde hace tiempo por una complejidad en la que una disputa por actores armados impide el ingreso de funcionarios. Para romper este bloqueo, el gobierno diseñó el Decreto N° 1623 de 2023, una ruta especial para permitir la ‘triangulación’ de información».
Esto significa que, como no es posible enviar un agrimensor al campo sin poner en peligro su vida, la unidad se basa en datos del IGAC, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) e imágenes de satélite para documentar la expropiación sin tener que estar físicamente presente en las zonas rojas.
«No podemos esperar a que termine el conflicto para ayudar a las víctimas; la población desplazada moriría esperando justicia», afirma Bolívar, reconociendo que la revictimización -hasta cinco veces para los desplazados- es un riesgo oculto del proceso.
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En su diálogo, la subdirectora Bolívar dejó al mundo un plan de acción, resumido en lo que las autoridades llaman las 4 R:
Restitución: Devolver lo que se tomó.
Redistribución: Dar tierra a quienes nunca la tuvieron.
Regulación: Organizar el mercado y las fronteras.
Reconocimiento: Validación de los derechos del campesinado y de las etnias.
Según la URT, no habrá paz estable ni soberanía alimentaria frente a la crisis climática si el Estado no asume la responsabilidad de limpiar el catastro que la guerra ha profundizado.
Más que simplemente devolver una gran cantidad de dinero, la restitución consiste en restaurar el lugar de la víctima en la democracia.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
JUAN MONTANO
corresponsal de EL TIEMPO
cartagena
