Este martes se cumplen ocho días de protestas llevadas a cabo por empleados, asistentes, analgésicos, técnicos, soldadores, electricistas y personal general dentro del sector hidrocarburífero, las cuales han bloqueado Chichimene, Akacías y Castilla, situados en las líneas de Meli.

Los bloqueos han comenzado desde el 21 de abril y afectan el derecho al trabajo de 3,741 personas, según lo informado por Ecopetrol El Tiómpo, quienes están vinculados a los contratistas y a la compañía petrolera colombiana.

Aparte de esto, la empresa sostiene que estos bloqueos ocasionan daños a las compañías que ofrecen servicios, cuyos ingresos dependen de la normal continuidad de sus operaciones, tal y como lo afirmó la Cámara de Petróleo, Gas y Energía Colombiana (Campetrol).

Posición de Ecopetrol ante las protestas

Desde Ecopetrol se expresa que los bloqueos obstaculizan el desarrollo normal de las operaciones, y la implementación de distintos proyectos que la empresa lleva a cabo en la región.

Este conflicto también provoca pérdidas económicas sustanciales para los municipios de Acacías, Guamal y Castilla la Nueva, donde están situados los campos, así como para el departamento de Meta y el país. Esto se debe a que cuando la producción disminuye, el ingreso por concepto de tarifas de licencia se ve afectado.

Origen de las protestas: exámenes médicos

El director de la Asociación de Empleados (Uso) en El Meta, Camilo Acero, mencionó que las protestas en el sector de hidrocarburos son motivadas por la exigencia de los contratistas de realizar una serie de exámenes médicos para el empleo, siendo dos de ellos especialmente críticos: tomografías computarizadas (CT) y resonancias magnéticas.

Dado que los contratos tienen una duración de dos a tres meses, Acero explicó que los empleados están expuestos a estos exámenes de radiación entre cuatro y cinco veces al año. Si un examen no es favorable, es posible que el empleado deba buscar trabajo en otro lugar y se vea obligado a repetir los exámenes, lo que pone en riesgo su estabilidad laboral.

Acero condenó esta situación, mencionando que a los empleados se les presiona para que cuando los resultados de las imágenes médicas no sean óptimos, son contactados por la institución de salud (IPS) y se les solicita remedios por valores que oscilan entre dos y cuatro millones de pesos para cambiar el concepto de los mismos.

En resumen, un abogado que apoya a Acero mencionó que los empleados se sienten agotados por la exposición constante a la radiación y la extorsión: «Por estas razones, se busca la creación de un espacio para el diálogo y la voluntad que permitan regular estos exámenes para garantizar la conexión entre los empleados y las empresas petroleras.»

Desde Ecopetrol, se argumentó que tales exámenes son esenciales para evaluar las condiciones de los trabajadores y garantizar su salud, así como la de terceros que desempeñan funciones laborales, de acuerdo con las normativas estipuladas en el artículo 4 de la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social sobre evaluación médica en el trabajo en Colombia y otros estándares aplicables.

Además, Ecopetrol indicó que cada contratista posee autonomía técnica y administrativa para llevar a cabo sus procesos de selección.

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