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Los hechos son de película, pero a la vez escalofriantes: dos hombres que conversaban en una finca de El Carmelo, camino a La Buitrera, fueron baleados (uno murió
Los hechos son de película, pero a la vez escalofriantes: dos hombres que conversaban en una finca de El Carmelo, camino a La Buitrera, fueron baleados (uno murió camino al hospital, el otro se encuentra bajo cuidados médicos) por dos sicarios que viajaban en una motocicleta.
Al escapar, los tiradores, queriendo evitar el control policial, se separaron y abandonaron la motocicleta. Sin embargo, uno de ellos interceptó el autobús escolar y, con los menores a bordo, amenazó al conductor para llevarlo a Siloé, de donde luego siguió huyendo.
Uno de los asesinos presuntamente disparó a dos personas, matando a una e hiriendo a la otra. Foto:archivo privado
Este hecho delictivo, ocurrido el viernes 10 de abril, conmocionó a la sociedad californiana, especialmente a la comunidad educativa, por el fuerte impacto emocional que tuvo en los menores que viajaban en el automóvil.
Personería de Cali advirtió que este tipo de situaciones podrían tener un gran impacto en la psiquis de los menores que viajan en automóvil, por lo que exigieron una intervención institucional integral.
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“El Ministerio Público advierte que este tipo de hechos no sólo han puesto en riesgo la seguridad de los menores, sino que también tendrán consecuencias para su salud mental y la de sus familias”, dijo Gerardo Mendoza, representante de Cali.
Agregó: “Las experiencias de los niños pueden traducirse en miedo, ansiedad y afectos que requieren atención inmediata y especializada, por lo que hacemos un llamado urgente a las entidades pertinentes, en el marco de la corresponsabilidad que establece la Ley N° 1098 de 2006 – Código de la Niñez y la Adolescencia – para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las Secretarías de Salud y Educación inicien de manera conjunta una intervención integral”.
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Para el diputado Mendoza, la atención debe incluir apoyo psicosocial a los niños afectados, así como asesoramiento a los padres y apoyo a los adultos responsables del transporte escolar.
«Es necesario dotar a las familias de herramientas para afrontar las posibles consecuencias emocionales que puedan surgir en los próximos días, especialmente por las noches, cuando los recuerdos y el miedo en los menores pueden intensificarse», añadió el titular del Ministerio del Interior y Administración.
Además del temor que genera esta situación de inseguridad, la Alcaldía de Cali, a través de su Secretaría de Educación, ha puesto en marcha la Ruta Territorial de Atención, que tiene como objetivo brindar apoyo técnico, psicosocial y operativo para garantizar que la comunidad educativa afectada reciba el apoyo necesario.
Esta iniciativa implica una coordinación permanente entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional para fortalecer las estrategias de vigilancia y control en las rutas escolares que transitan por las zonas rurales y urbanas de la ciudad.
“A través del Ministerio de Educación estamos brindando tranquilidad a toda la comunidad, primero porque los niños afectados no han sufrido lesiones físicas, y segundo, dadas las afectaciones psicológicas que pueden sentir los menores al sufrirlas, brindaremos todo el apoyo de acuerdo con los requerimientos de la institución educativa”, dijo César Augusto López, subsecretario distrital de administración y finanzas.
La unidad distrital envió un informe tranquilizador sobre la condición de los menores que viajan en esta ruta: «La condición de los estudiantes que Afortunadamente no sufrieron lesiones físicas, aunque continúan siendo monitoreados para atender el impacto emocional derivado del miedo vivido.«.
Las autoridades están investigando para esclarecer el crimen. Foto:Policía Metropolitana de California
El Ministerio de Educación aclara que si bien los colegios privados son responsables de los protocolos que utilizan para contratar el transporte escolar de sus estudiantes, bajo el subproceso de Inspección y Supervisión realizan las inspecciones pertinentes y el seguimiento de posibles irregularidades, según lo demuestren las denuncias o notificaciones presentadas a este organismo.
“El Ministerio de Educación de Cali ha contratado transporte escolar para 21.767 estudiantes de 51 de las 92 Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de Cali en 704 rutas escolares. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes de escuelas públicas, también hemos contratado 398 monitores capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias que acompañan a los estudiantes en los viajes”, explicó el subsecretario de Educación, Giovanni Camayo Velasco.
El diputado Gerardo Mendoza pidió apoyo psicosocial para menores de edad. Foto:Archivo privado.
Este hecho, que amenaza la seguridad de un grupo de menores, no pasó desapercibido para el Concejo de Cali.
La presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, fue la primera en condenar este acto y anunció que el próximo lunes a las 10.00 horas habrá un pleno donde se podrán obtener respuestas.
«Esperamos una declaración clara de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad. Existe una necesidad urgente de implementar estrategias viables en los entornos escolares para proteger a nuestros niños», dijo.
Por su parte, el concejal Roberto Ortiz Urueña calificó el hecho como un secuestro y detalló la gravedad de la situación.
Según explicó el alcalde, el autobús tuvo que ser desviado hacia La Buitrera debido a los bloqueos en la avenida Pasoancho, tras lo cual fue interceptado por un presunto sicario que obligó al conductor a detenerse y luego le ordenó llevarlo al sector de Siloé.
Este tema de seguridad será tratado el lunes 13 de abril en la reunión del Consejo en Cali. Foto:Consejo de California.
Ante la gravedad de los hechos, Ortiz Urueña solicitó a las autoridades distritales ofrecer una recompensa que propicie información y localización del responsable.
El concejal enfatizó que este tipo de acciones no sólo atentan contra la integridad de los trabajadores del transporte, sino que también generan preocupación en toda la comunidad, por lo que hizo un llamado a las autoridades a responder con decisión y garantizar la seguridad en las rutas afectadas.
El concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur vinculó este hecho con un problema mayor que afecta a la niñez en Cali. Zamora también denunció la precaria situación de quienes cuidan a menores en la ciudad, al señalar retrasos de dos meses en el pago de salarios en los programas Cuidarte y las Unidades de Transformación Social (UTS). «Sin estabilidad laboral para los cuidadores, estos programas esenciales están en riesgo», afirmó.
Finalmente, la vicepresidenta segunda del Concejo, María del Carmen Londoño Sanna, criticó las actuales estrategias de la Alcaldía, alegando que no son efectivas para abordar las causas de la violencia.
Londoño propuso revivir modelos de intervención integral que han demostrado ser efectivos en el pasado, como la asesoría Desepaz y el programa Parces, que han brindado oportunidades duraderas a jóvenes en territorios especialmente vulnerables.
«El secuestro de niños por parte de un delincuente es inaceptable. Se necesita urgentemente un programa que ofrezca ayuda real y presencia en el territorio», afirmó el lobbista.
Se espera que altos funcionarios de seguridad comparezcan ante el consejo el próximo lunes 13 de abril para explicar las deficiencias en la protección de las rutas escolares.
JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO
TIEMPO
Colombia
Nuevos hallazgos en la cárcel de Itagüí. Foto:
