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Con nPruebas de control de UEVA, que incluyen más relaciones telefónicas, películas de seguridad, inspección de documentos y monitoreo en este campo, la Octava Oficina del Fiscal delegada
Con nPruebas de control de UEVA, que incluyen más relaciones telefónicas, películas de seguridad, inspección de documentos y monitoreo en este campo, la Octava Oficina del Fiscal delegada ante una gerencia especializada contra la corrupción ha continuado el viernes 9 de mayo con una presentación dedicada a un presunto esquema de penalización vinculado con el Gran robo de tierra en la comuna de Soldad, el Atlántico. Este caso ha captado la atención del público y de las autoridades, debido a su complejidad y la aparente implicación de varios actores en un engaño de gran escala.
En esta ocasión, la etapa fue nuevamente una interrogación virtual ante el juez de control de garantía, un proceso que busca evaluar la legalidad de las acciones emprendidas contra 17 individuos acusados de estar involucrados en estos actos ilícitos.
El desarrollo de este día fue crucial, ya que representó la segunda fase en una serie de diligencias que han surgido a raíz de la investigación. Las autoridades han presentado un panorama en el que se configura una red extensiva que incluye a funcionarios públicos, abogados, notarios, agentes, supuestos propietarios de tierras ilegales, e incluso personal judicial.
Capturado involucrado en el robo de tierra Foto:Cortesía
Uno de los elementos más impactantes que se han presentado fue el monitoreo sobre el terreno, respaldado por imágenes capturadas por cámaras de seguridad en el centro comercial Alegra Park, ubicado en Barranquilla. En estas grabaciones del 21 de febrero de 2025, se pudo observar al abogado Alex Ahumada ingresando a un vehículo en el área de estacionamiento. Según la oficina del fiscal, el automóvil fue conducido por Andrés Rafael Dazgranados, quien es consejero legal de la Secretaría del Gobierno de Soldada.
La versión de la fiscalía indica que en este encuentro, «Ahumada proporcionaría el dinero que Dazgranados necesitaba para asegurar un concepto legal favorable que solucionara irregularmente la propiedad perteneciente a la empresa de construcción Marval, siendo el beneficiario el presunto propietario ilegal Wilmar Machuca.»
En adición a lo anterior, se destacó el papel de Neissy Cantillo del Toro, un ex oficial de policía en Soldada, quien supuestamente transferiría propiedades a terceros con el fin de facilitar la aceptación de terrenos, a pesar de la situación irregular. Según la fiscalía, Cantillo no solo emitió documentos sospechosos, sino que también se benefició personalmente del tráfico ilegal de tierras.
Uno de los interrogatorios más delicados reveló posibles conexiones entre esta red delictiva y funcionarios de la sala judicial. La oficina del fiscal afirmó que algunos jueces, fiscales e investigadores habrían facilitado el acceso a información confidencial sobre los procesos, adviertiendo a los implicados o interfiriendo en los procedimientos.
Según el fiscal, el caso ha generado copia de documentos que comprometieron a varios servidores del Atlántico, quienes, utilizando sus certificados, accedían a archivos internos con fines presuntamente ilegales.
«Hay una investigación activa», comentó el fiscal en alusión a una conversación interceptada entre dos personas relacionadas con el caso, en la que se discutía el avance interno de las pesquisas.
«El objetivo de esta audiencia es asegurar que actos de corrupción como estos no se repitan en la soledad. Existen intereses privados que intentan mantener propiedades que no les pertenecen, y es imperativo detener esta práctica estructural.» El fiscal agregó esto durante su exposición.
Entre ellos hay funcionarios públicos. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
La lista de implicados en este proceso incluye a varios funcionarios clave. Entre ellos se encuentran:
También se han encontrado conexiones con archivos penales:
Es importante recordar que este proceso contempla la detención del segundo notario público, Ana Dolores Meza Caballero, quien fue arrestado y acusado recientemente y actualmente está cumpliendo arresto domiciliario, tras la decisión del 17º Tribunal Penal Municipal encargada de controlar garantías en Barranquilla.
La atención del caso culminó con el anuncio de un juez de que la audiencia para la solicitud de un medio de garantía se reanudará el lunes 12 de mayo a las 8:00, para escuchar a los representantes de las víctimas. Se anticipa que este día podría marcar un punto decisivo, con decisiones clave que pueden escalar este caso a uno de los más significativos escándalos de corrupción territorial en el Caribe de Colombia.
