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Fuerte preocupación expresada por La Oficina del Fiscal General, tras haber cumplido con el Curador de Servicios de Dominio Público (Superservicios) para monitorear la intervención de la Compañía
Fuerte preocupación expresada por La Oficina del Fiscal General, tras haber cumplido con el Curador de Servicios de Dominio Público (Superservicios) para monitorear la intervención de la Compañía de Energía Air-E, perteneciente a la Compañía del Estado, la cual opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Durante la reunión, el fiscal general manifestó que, a pesar de haber transcurrido varios meses desde que el gobierno nacional notificó la intervención, no hay un plan definido ni estructurado para la reorganización o liquidación final de la empresa. No se han garantizado alternativas concretas para asegurar la continuidad y el desarrollo sostenible del servicio de energía pública en estas tres regiones del Caribe Colombiano.
El panorama es inquietante. No hay una hoja de ruta clara ni respuestas precisas sobre la situación financiera actual de la empresa, o cómo se planea enfrentar la crisis en la provisión del servicio.
La fachada de la sede de Air-E en Barranquilla. Foto:Vanexa Romero/The Time
En su declaración oficial, la Oficina del Fiscal General afirmó que la reunión con Superservicios dejó más dudas que certezas. La entidad mencionó que los representantes de la agencia de supervisión no lograron aclarar su postura en las exposiciones ni respaldaron adecuadamente los informes financieros solicitados. Además, también se condenó que no se han proporcionado datos actualizados y verificables sobre la deuda aérea con generadores eléctricos, ni detalles sobre el monitoreo técnico y operativo desde la intervención.
«Las respuestas que se ofrecieron no fueron claras y carecían de apoyo documental o financiero. Se esperaba que se presentaran datos consolidados sobre las obligaciones, las relaciones actuales con los acreedores y los activos que tiene la compañía, pero esto no ocurrió», insistió el ministerio público.
La falta de claridad en las respuestas ha generado una creciente ansiedad, dado que, como repetidamente enfatizan tanto la Oficina del Fiscal General como el Contralor General de la República, proporcionar un servicio en esta parte del país no puede improvisarse. Ambas entidades señalaron que, además del proceso de intervención, lo que está en riesgo es el acceso a un servicio básico para más de 1.8 millones de usuarios en los tres departamentos atendidos por Air-E.
Air-E continúa el trabajo de mantenimiento en redes eléctricas. Foto:Hermético
Es importante recordar que la empresa fue intervenida por el gobierno nacional el 20 de febrero de 2024, mediante la resolución de Superservicios 20241000008145. Este paso fue tomado tras múltiples notificaciones sobre la crítica situación financiera de la compañía, que incluían problemas con los flujos de efectivo, la remuneración a generadores y transportadores de energía, así como el aumento de quejas de la ciudadanía sobre cortes prolongados y tarifas elevadas.
Desde entonces, la preocupación entre las autoridades y los usuarios ha aumentado, ya que no se ha evidenciado cambios estructurales o medidas efectivas para mejorar el servicio o abordar esta crisis profunda. De hecho, Superservicios aún no ha definido si el destino de la compañía será una reorganización empresarial, una liquidación final o la posible asignación a un nuevo operador.
Para la Oficina del Fiscal General, la ausencia de un plan de rescate serio y técnicamente respaldado no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que también disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
«Exigimos una intervención y resultados transparentes y que lo posible no se deje al azar en una región históricamente azotada por la mala calidad en la prestación del servicio de electricidad. Es urgente que el gobierno, a través de la supervisión, pague facturas claras y presente un plan técnico, financiero y legal que garantice el desarrollo sostenible de la operación», concluyó la entidad.
Ante este panorama, la Oficina del Fiscal General ha anunciado que solicitará de manera oficial la entrega inmediata de un informe detallado que abarque los siguientes aspectos:
Además, el Ministerio Público ha advertido sobre la posible apertura de procesos disciplinarios si se comprueba alguna negligencia, omisión o falta de planificación en la gestión de este caso por parte de los funcionarios responsables.
Mientras tanto, en la región del Caribe, se enfrenta una creciente incertidumbre por parte de los usuarios, quienes exigen decisiones inmediatas y efectivas que frenen el deterioro del sistema eléctrico y aseguren un servicio decente, seguro y constante.
