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La reciente captura de Ana Dolores Meza Caballero, quien se desempeñaba como la segunda notaria pública del Círculo de Barranquilla, ha conmocionado el ámbito legal de la ciudad.
La reciente captura de Ana Dolores Meza Caballero, quien se desempeñaba como la segunda notaria pública del Círculo de Barranquilla, ha conmocionado el ámbito legal de la ciudad. Detenida por las autoridades de la policía de Sijina, su arresto forma parte de una investigación compleja que involucra un supuesto esquema de despojo de tierras masivas, que incluye una red compuesta por funcionarios públicos, abogados, juristas y organizaciones criminales.
Ana Dolores Meza Caballero, la segunda notaria pública, fue capturada por la policía. Foto:Redes sociales
No se trata de un evento aislado; el trasfondo de esta captura revela que la Fiscalía lleva más de un año investigando la mencionada red delictiva, que utilizaba documentos legales –como escrituras, permisos y certificados de tradición y libertad– para perpetrar un ataque silencioso que perjudicaba a cientos de ciudadanos en relación a la tenencia de la tierra.
La detención de Meza Caballero, quien tiene 66 años, ocurre en un punto culminante del proceso judicial. La Oficina del Octavo Fiscal contra la Corrupción, basado en Bogotá, está llevando a cabo juicios y ha logrado involucrar a al menos 33 individuos, incluyendo altos funcionarios, ex policías, abogados y notarios, tanto en activo como en retiro. Estas personas estarían supuestamente asociadas a una estructura criminal que operaba como una “marca”, utilizando fallos institucionales y su poder para legitimar el despojo de tierras.
A lo largo de más de dos décadas, Meza Caballero había cimentado una reputación caracterizada por su diligencia y vasto conocimiento técnico en su campo. Futuramente, estuvo al frente del primer notariado público durante doce años y, posteriormente, sobre el segundo, situado en pleno corazón de Barranquilla durante dieciséis años. Sin embargo, una recopilación de quejas, irregularidades documentales y antecedentes penales surgidos en su carrera profesional llevaron a los investigadores a debatir si su papel se limitaba a la omisión o si realmente participó de manera activa.
Los organismos de control afirman que la notaria incurriría en delitos como la apropiación indebida y la asociación con actividades ilegales urbanísticas. Todas las evidencias apuntan a un potencial conocimiento, tolerancia o colaboración de su parte en el uso de su oficina para legitimar actitudes criminales. Se estima que muchos de estos crímenes se desarrollaron desde 2018 alcanzando un pico crítico entre 2021 y 2023.
El segundo notario del Círculo de Barranquilla. Foto:Tomado de las redes sociales
Según fuentes del periódico, el primer gran escándalo asociado al segundo notario público se desató en abril de 2024, cuando fue arrestado Augusto Osorio Berdugo, quien había sido gerente y se había retirado del servicio. Se identificó a Osorio como un personaje clave involucrado en un entramado donde empleó documentos falsos y derechos simulados para transferir ilegalmente propiedades a nombres de terceros, muchos de los cuales tenían antecedentes legales o vínculos con organizaciones criminales.
Las autoridades de la Fiscalía señalan que Osorio operaba en coordinación con el abogado Edinson Castro Miranda y Diana Patricia Molina Barraza, quienes actuaron como intermediarios y procesadores. Su objetivo: propiciar los intereses de miembros del clan del Golfo Pérsico y el grupo de Los Costaños en la usurpación de propiedades urbanas y rurales de alto valor comercial.
Investigadores han encontrado conexiones entre esta red delictiva y al menos dos notoriamente peligrosos criminales en la región caribeña de Colombia: Omar Alexander Ladino Vargas, apodado «el Gobernante de la Cartera», señalado como el cerebro financiero en este ámbito, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como Castor, actualmente recluido en una institución penal.
Ambos han sido mencionados en archivos que evidencian la emisión de documentos notarios provenientes de la oficina del segundo notario público. De acuerdo a los datos obtenidos, uno de los hallazgos más reveladores es que se han transferido activos a los testaferros de estas organizaciones, frecuentemente utilizando identidades falsas o derechos judiciales caducos.
Entre los involucrados están funcionarios públicos. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
Un dato aún más perturbador que surgió acerca de la notaría pública se hizo evidente después de la captura de Osorio. En 2020, desde la misma oficina fue emitido un certificado de defunción falso a nombre de Jorge Eliécer Torres, alias Plastic, otro líder del «Clan del Golfo Pérsico», en el que se certificaba su supuesta muerte en un accidente automovilístico en Córdoba. Este documento pretendió servir como un recurso para escapar del seguimiento de las autoridades, facilitando una nueva identidad.
A pesar de la aparente muerte, otros análisis han dejado claro que dicho certificado fue utilizado para limpiar su historial y facilitar su fuga. Esta revelación no solo pone de manifiesto el grado de infiltración criminal en las instituciones legales, sino también la notable cantidad de complejidad y habilidad operativa que estas redes lograron desenvolver en conexión con las entidades públicas.
La audiencia continuará el miércoles. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
Las repercusiones de este caso trascienden las fronteras de Barranquilla. En las operaciones que llevaron a la captura de Meza Caballero, también fueron detenidos Juan Manuel Ucrós Ucrós, ex director del registro de instrumentos públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, asesor legal de la alcaldía de Soledad; y Francisco Mejía, notario público de Santo Tomás. Además, fueron nombrados inspectores de policía, presuntos “propietarios” de tierra y otros abogados y procesadores.
Durante los interrogatorios, el juez Ángel Monroy legalizó 16 de los 17 arrestos efectuados y anticipó que al día siguiente se formularían nuevas acusaciones. El presidente Gustavo Petro, al referirse a este caso, dejó claro que había la intención de “desmantelar por completo esta red delictiva” y que el gobierno brindaría apoyo a las acciones judiciales para devolver las tierras a sus verdaderos propietarios y campesinos legítimos.
Se estima que los bienes inmuebles comprometidos suman aproximadamente 277,000 metros cuadrados, con un valor comercial que supera los 22 mil millones de pesos. Muchos de estos activos se encuentran ubicados en áreas de expansión urbana o en zonas estratégicas para el desarrollo inmobiliario.
Augusto Osorio Berdugo (DER), un notario público responsable del segundo notariado, fue capturado en 2024. Foto:Cortesía
El caso del segundo notario público de Barranquilla ha generado alarmas a nivel nacional. Para expertos en derecho notarial y desarrollo urbano consultados, este escándalo no es solo un incidente aislado de corrupción, sino que representa un síntoma de una enfermedad más profunda: la erosión institucional y la vulnerabilidad del sistema legal ante las redes de poder que funcionan como una mafia organizado infiltrada en las estructuras estatales.
La investigación apenas ha comenzado y está claro que el caso de Ana Dolores Meza Caballero trasciende la mera caída de un funcionario público. Este es un nuevo indicio, y uno de los más elocuentes, de cómo el poder legal puede convertirse en una herramienta corruptible, manipulada y comerciável en beneficio de intereses ilegítimos. Además, se revela la forma en que, con cada sello y cada documento, los intereses mafiosos continúan acechando las fronteras de la propiedad, la legalidad y la justicia, dejando en la penumbra la protección de los derechos ciudadanos.
Las audiencias se continuarán realizando esta semana, cuando se espera que la Fiscalia dé un paso más en la formulación de sus argumentos, y sea determinado por el juez el futuro de quienes están involucrados en este escabroso caso.
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