El caso relacionado con José Feliciano Góngora Solís, conocido como «El Chano» o «El Viejo», pone de relieve su implicación en el tráfico de drogas entre la costa del Pacífico colombiano y América Central, extendiéndose incluso hasta los Estados Unidos. Este perfil describe a un hombre que, aunque buscó permanecer en las sombras, dejó una huella visible en su tierra natal, que hoy lo recuerda con un matiz de ambigüedad.

Estaba creciendo entre los cultivos de coca

Desde sus inicios, «Chano» se movió en un entorno marcado por la pobreza y el cultivo de coca en el departamento de Nariño. Creció en una comunidad donde las oportunidades eran limitadas, y su familia, al igual que muchas otras, se adentró en el mundo del narcotráfico. En este contexto, «Chano» no fue la excepción; su hermano, Carlos Góngora, también estaba involucrado en el tráfico de drogas y fue extraditado a Estados Unidos en 2014.

La infancia de «Chano» se desarrolló en un entorno donde la vulnerabilidad era la norma. La pobreza que caracterizaba a su comunidad en la costa del Pacífico colombiano alimentó la aparición de grupos ilegales que atraían a los jóvenes. Así, «Chano» siguió a sus familiares en esta peligrosa senda, como un producto del ambiente que lo rodeaba.

De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales, Nariño se ha configurado como un centro neurálgico en la producción de coca en Colombia, destacándose que, de los 14 puntos de cultivo identificados, seis se encuentran en este departamento.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y los Delitos (UNODC), en la región del Pacífico, que incluye los departamentos de Nariño, Valle, Cauca y Chocó, se contabilizan más de 90,000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, siendo 60,000 de ellas en Nariño. Tumaco, en particular, ha sido un epicentro del tráfico de drogas, destacándose como una de las zonas más violentas en los últimos años.

En este contexto, “Chano” comenzó a establecer contactos que lo llevaron a involucrarse en la producción de coca en Tumaco, aunque siempre se esforzó por mantenerse discreto y alejado del ojo público.

Quizás este deseo de mantener un perfil bajo llevó a que se acumularan sus propiedades, que, con el tiempo, incluyeron 24 inmuebles, así como 11 instalaciones comerciales, todas vinculadas a su red criminal conocida como «Compañía».

Sus lujosas residencias, ribeteadas de autos de alta gama, fueron confiscadas por las autoridades en el año 2025, reflejando el estilo de vida ostentoso que logró construir gracias a su actividad ilícita.

Considerado por la DEA como uno de los narcotraficantes más astutos del país, José Feliciano Góngora Solís logró operar durante años sin atraer la atención de las autoridades debido a su estilo de vida discreto, careciendo de excesos o escándalos.

Sin embargo, esta forma de operar no le permitió eludir la justicia por completo, ya que organizaba envíos de drogas a través del Pacífico con un volumen que superaba los 4,000 kilogramos en cada operación.

En Tumaco, «Chano» formó una red de narcotráfico junto a Gerson Camilo Torres Ramos, otro local, en un contexto donde alrededor de 16,690 hectáreas de cultivos ilegales proliferaban en zonas rurales. Gradualmente, «Chano» amplió su influencia, conectándose con grupos como la columna «Daniel Aldana» y el «29», vinculados a la extinta guerrilla de las FARC, participando en entrenamientos para eludir las autoridades en alta mar y facilitar el envío de cocaína a países de América Central.

Desarrolló especialidades en el empaque de cocaína en bolsas impermeables, lo que le permitió evitar ser detectado durante las operaciones en alta mar y otras intervenciones por parte de fuerzas colombianas y extranjeras.

Sus lazos también le permitieron crear alianzas con importantes organizaciones criminales, como el clan «Úsuga», actualmente conocido como el «Clan de la Bahía», así como con el «Cártel de Sinaloa» y otros grupos relevantes.

No obstante, en 2022, la situación de «Chano» se volvió más complicada cuando Torres Ramos y otros cuatro individuos fueron capturados al intentar exportar 800 kilogramos de cocaína. Esta detención fue parte de un operativo de las fuerzas de seguridad, que resultó en la confiscación de 14,900 kilogramos de cocaína a lo largo de varias intervenciones.

Sin embargo, el imperio de «Chano» sufrió un golpe significativo tras el asesinato de Yeison Segury Mina, conocido como Don I, un exmiembro de la disidencia de las FARC que, antes de su muerte, recibió importantes sumas de dinero por operaciones ilegales.

La red de «Chano» no solo se nutría de alianzas con grupos armados ilegales, sino que también logró establecer contactos con funcionarios del gobierno que le brindaron protección. En 2017, se conocieron las identidades de 15 funcionarios que estaban involucrados.

Sin embargo, la atención del gobierno estadounidense sobre sus actividades lo llevó a tomar decisiones drásticas. El 15 de diciembre de 2016, «Chano» se entregó a las primeras autoridades de Nueva York, aunque había contemplado previamente entregarse en Panamá.

Una vez en los Estados Unidos, «Chano» cedió el control de su amplia organización a su cuñado, Diego Fernando Pizarro, conocido como «el alcalde», quien había buscado un puesto político en Tumaco durante las elecciones de 2015.

Bienes como resultado de la extinción del dominio

Recientemente, la Oficina del Fiscal General anunció la extinción de la propiedad de 56 bienes ubicados en Tumaco (Nariño), que tendrían un valor superior a $13,400 millones.

Las evidencias recabadas por la Oficina del Fiscal General confirmaron el origen ilícito de estos bienes, que estaban a nombre de personas que no contaban con un ingreso regular o capacidad económica para adquirirlos y mantenerlos.

«Estos bienes fueron adquiridos por integrantes de la estructura criminal de la ‘compañía de Los Ángeles’, incluyendo a su líder, José Feliciano Góngora Solís, alias Chano, financiados a través del tráfico de cocaína del Pacífico colombiano a Estados Unidos y América Central», comentó la fiscalía.

Los procesos legales relacionados con la extinción de dominio fueron llevados a cabo de manera coordinada con la Policía Nacional en Tumaco.

Entre las propiedades confiscadas se incluyen viviendas en vecindarios de clase media, que, a pesar de su apariencia modesta, cuentan con lujos como piscinas y jacuzzis.

Situación legal

La Oficina del Fiscal General subrayó que todas las acciones se realizan bajo el principio de presunción de inocencia, en conformidad con el artículo 29 de la constitución política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.

Carolina Boorquez

Corresponsal de

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