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Una demanda ilegal por impuesto al trabajo vuelve a ser noticia en Medellín durante el mandato 2020-2023 del alcalde Daniel Quintero. En este caso Los imputados son los
Una demanda ilegal por impuesto al trabajo vuelve a ser noticia en Medellín durante el mandato 2020-2023 del alcalde Daniel Quintero.
En este caso Los imputados son los exfuncionarios Ruta N, Héctor Iván Rendón Vélez y Luisa Fernanda Rendón Gallo, ambos hermanos.
Rendón Vélez ha sido imputado por un delito de violación del régimen de invalidez e incumplimiento, mientras que Rendón Gallo deberá responder por un delito de falsificación de documento privado. Ambas personas se declararon inocentes de los cargos que les imputaba la Fiscalía.
Ruta N Foto:archivo privado
Según los resultados de la investigación, Luisa Fernanda Rendón Gallo estuvo empleada en Ruta N de 2021 a 2023, cuando su hermano pasó a formar parte del equipo de administración de cartera. esta unidad descentralizada del conglomerado público de Medellín.
La Fiscalía aseguró que fue el hermano de la mujer quien presentó ante la comisión de contratación la justificación de la necesidad de contratar a Luisa Fernanda, sin informarles de su relación.
De igual forma, se puso a disposición un documento firmado por la mujer en el que manifestó que no tenía ninguna imposibilidad o incapacidad para celebrar un contrato con Ruta N.
Ruta N Foto:Alcaldía de Medellín
En un comunicado, la corporación aclaró que no participa en la investigación como presunto responsable, sino como entidad víctima afectada por las actuaciones impugnadas del imputado.
“Por ello, Ruta N solicitó ser reconocida como víctima en el proceso penal, debido a que las acciones en cuestión impactaron directamente principios como la transparencia, la moral y afectaron directamente los intereses, la reputación y los recursos públicos que administra la Corporación”, se lee en la carta.
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Finalmente, la actual dirección de Ruta N ha señalado que existe una política de tolerancia cero ante actos de corrupción contrarios a la Ley y a la ética pública.
También confirmaron que seguirán cooperando con las autoridades judiciales en todo lo necesario para esclarecer los hechos, defender los recursos públicos y preservar el buen nombre de la corporación.
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