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A sólo cinco días de la apertura de las urnas el 8 de marzo, La justicia colombiana ha emitido un fallo que pone en duda la legitimidad democrática
A sólo cinco días de la apertura de las urnas el 8 de marzo, La justicia colombiana ha emitido un fallo que pone en duda la legitimidad democrática en el sur del país.
Tribunal Administrativo del Meta mediante sentencia cautelar N° 049, brindó a las víctimas protección de sus derechos fundamentales a la participación política y reparación en el Distrito Especial de Transición de Paz (CITREP) 7tras descubrir lo que llaman una «operación de pastoreo a gran escala» destinada a hacerse con estos escaños en las urnas el próximo domingo.
El fallo del tribunal responde a una demanda interpuesta por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (ASOYERURAL), que Registraron un aumento en el número de padrones de votantes rurales de hasta un 1.540%, una anomalía demográfica que desafía toda lógica poblacional.
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Transhumanismo electoral. Foto:archivo privado
El quid de la denuncia radica en la desproporción técnica de los censos de población en el departamento de Guaviare.
Aunque el crecimiento general del censo de votantes fue moderado, Los colegios electorales en zonas rurales estratégicas para las víctimas experimentaron una «explosión» de nuevos registros.
Se ha reportado el caso más alarmante en Agua Bonita (San José), donde el censo aumentó de 170 empadronados en 2022 a 2.789 en 2026. Un fenómeno similar ocurre en Tierra Alta (El Retorno), que aumentó de 268 a 743 electores en el mismo periodo.
Según la Corte, estos aumentos violan toda proporcionalidad demográfica y constituyen: «indicación objetiva de registro falso».
Los puntos críticos identificados por el sistema de justicia como posibles escenarios de fraude incluyen: las sedes de IE Agua Bonita en Santo Domingo y Rafael Pombo, IE Puerto Arturo y sectores como San Isidro Uno y Cerritos.
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En Guaviare hay demanda pública de traslado masivo de funcionarios del gobierno Foto:Jaime Moreno
Care indica no sólo números, sino también nombres y entidades.
Los expedientes también fueron remitidos a la jueza Maritza Martínez Aristizábal del Consejo Nacional Electoral (CNE). En él ratificantras la demanda pública sobre el presunto traslado masivo de funcionarios del gobierno del Guaviare, de la empresa energética Energuaviare y de las alcaldías de San José, El Retorno y Calamar a cargos rurales.
“Lo hicieron largas colas fuera de los colegios electorales rurales cercanos de manera descarada para registrar tarjetas de identificación (…) y así favorecer al candidato», se lee en uno de los fragmentos de la denuncia ciudadana, que hoy sirve de base a la sentencia del tribunal.
Se examina si hubo orientación directa de contratistas y funcionarios respecto del traslado del censo urbano a una zona rural, ddistorsionando el carácter de los Curules de Paz, creado exclusivamente para dar voz a las víctimas de los conflictos armados, no a las máquinas políticas tradicionales.
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Teniendo en cuenta las próximas elecciones, el Tribunal Administrativo del Meta ordenó medidas de cumplimiento inmediato para proteger el objeto constitucional del CITREP 7:
Solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE) «ejercer funciones de control y seguimiento en relación con los registros irregulares identificados».
El Registro Nacional está obligado a realizar Verificación técnica y administrativa para la limpieza del padrón electoral. en zonas rurales bajo el microscopio.
La Corte también destacó que, al tratarse de medidas de reparación política, El Estado tiene la obligación de garantizar que sólo voten aquellos que realmente cumplan las condiciones para el sacrificio rural.
La trashumancia electoral, más conocida como «cambio de votos», En Colombia, este es un delito que socava la representatividad. En el caso de CITREP, el daño es doble: No sólo el sistema electoral está amañado, sino que aquellos que han esperado décadas por su propio escaño en el Congreso están volviendo a ser víctimas.
Comunidades de esta región del país apelan al Registro Civil y al CNE para limpiar en menos de 120 horas censo que hoy estaría relacionado con el presunto fraude en la selva del Guaviare.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
TIEMPO
