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Los ataques con explosivos perpetrados por pandillas criminales en la Región de Catatumbo, norte de Santander, continúan de manera alarmante y parecen no tener fin. El ataque más
Los ataques con explosivos perpetrados por pandillas criminales en la Región de Catatumbo, norte de Santander, continúan de manera alarmante y parecen no tener fin. El ataque más reciente se registró en la comuna de Tarra.
De acuerdo con la información preliminar, el evento tuvo lugar alrededor de las 19:00 del domingo pasado, 11 de mayo, cuando los residentes locales reportaron haber escuchado la explosión de una granada lanzada contra la estación de policía.
La detonación causó que otros uniformados resultaran gravemente heridos, siendo también impactados por las chispas. Además, los medios locales han mencionado que una fuerte onda explosiva afectó la carpintería adyacente a la estación de policía, causándole daños serios a su estructura. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales en este incidente.
Asimismo, se ha confirmado que los uniformados heridos fueron trasladados a un centro de salud local para recibir atención médica.
Vista de Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés Carvajal
Por el momento, las autoridades de la región están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar qué grupo criminal o armado es responsable de este ataque.
Más de 50 mujeres permanecen en situación de detención en territorios controlados por actores armados. Foto:César Melgarejo/ @CsearmelgaroJoa
La ONU para los derechos humanos en Colombia ha emitido un informe alarmante, indicando que más de 66,000 personas han sido desplazadas, 126 asesinatos se han documentado y se han reportado 36 casos de reclutamiento de jóvenes, de los cuales un 23% son migrantes venezolanos.
Luego de su visita a Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, Scott Campbell, representante en Colombia del Comisionado de los Derechos Humanos de las Altas Naciones Unidas, expresó su profunda preocupación por las condiciones de riesgo que siguen existiendo en estas comunidades. En este contexto, más de 900 personas continúan viviendo en refugios, mientras que otras han regresado sin las mínimas garantías de seguridad, y cerca de 11,000 se encuentran aún limitadas en su capacidad de respuesta ante los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas públicas.
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Según el último informe del United Command Post, entre las más de cien víctimas fatales se incluyen al menos 23 niños y jóvenes que fueron absorbidos por los grupos armados. Este reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes menores de 18 años es considerado un crimen cometido por grupos armados no estatales. Campbell destacó que las plataformas de redes sociales están facilitando este tipo de captación en Colombia.
El representante de la ONU también se unió a la alerta emitida por el Defensor del Pueblo, respecto al creciente nivel de violencia basada en el género. En medio del deterioro del orden público, se han documentado 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponde a víctimas migrantes.
Felipe Santanilla Ayala
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